El Gobierno impedirá por ley cualquier “regresión” en zonas de bajas emisiones sin su permiso o el de las autonomías

Madrid Central parece inamovible. A menos que el Ayuntamiento aporte un informe convincente con su correspondiente alternativa. El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética impedirá que las zonas urbanas declaradas bajas en emisiones puedan revertirse porque “cualquier medida municipal que suponga regresión deberá contar con un informe positivo de administraciones estatales o autonómicas competentes”

El nuevo borrador de dicha ley establece que será obligatorio que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023, según el anteproyecto de la norma presentado este lunes en el Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Para favorecer la expansión del vehículo eléctrico, el Gobierno desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga.

Electricidad con renovables

El anteproyecto se fija, también para 2030, generar el 70% de la electricidad con renovables; asegurar que al menos el 35% del consumo final de energía proviene de renovables; y mejorar la eficiencia energética en al menos un 35%.

Este esfuerzo de reducción de emisiones que debe hacer España en la próxima década es necesario para situarse en la senda de alcanzar la neutralidad en carbono comprometida no más tarde de 2050. En ese año, y en línea con la estrategia de descarbonización de la Unión Europea, el sistema eléctrico deberá ser ya 100% renovable.

Por otro lado, el borrador contempla que para impulsar las renovables, desde 2021 se convoquen subastas para impulsar la construcción de al menos 3.000 megavatios anuales, con un nuevo sistema.

Subastas con renovables

El producto subastado será la energía y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía, con el objeto de que el resultado de las subastas impacte positivamente en el precio que abonan los consumidores por la electricidad.

A la hora de convocar las subastas, se podrá distinguir entre tecnologías, niveles de gestionabilidad, criterios de localización y de madurez tecnológica u otros acordes con la normativa comunitaria.

Asimismo, el nuevo texto incorpora una obligación al Operador del sistema eléctrico, al Gestor Técnico del sistema gasista y a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).

En concreto, cada dos años y en el ámbito de sus respectivas competencias, estas entidades deberán elaborar un informe en el que se haga una evaluación de los riesgos y oportunidades asociados a un sistema energético descarbonizado sobre las actividades de la entidad, su estrategia y su planificación financiera.

Al parlamento en marzo

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estima que la ley podría llegar al Parlamento el próximo mes de marzo y con ella se obligará a las gasolineras con mayor capacidad económica (un 9% del total) a instalar al menos un punto de recarga rápida de potencia igual o superior a 50 kW para favorecer la expansión del vehículo eléctrico.

“Más bien será en marzo que en febrero”, apuntó este lunes a los periodistas Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, antes de la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

Para facilitar el despliegue de los vehículos eléctricos, el Gobierno publicará una plataforma de información sobre puntos de recarga y el Código Técnico de Edificación establecerá obligaciones relativas a la instalación de puntos de recarga en edificios nuevos y en intervenciones de los existentes.

Además, las nuevas instalaciones de suministro de combustible y carburantes a vehículos -o las que hagan una reforma que requiera revisión de su título administrativo- deberán instalar al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW de corriente continua con el fin de que la recarga del vehículo sea rápida.

Este último punto cambia respecto al primer borrador del anteproyecto de ley, que establecía en los cargadores una potencia de al menos 22 kW. Lo que sigue igual es que afecta a las estaciones de servicio con un volumen de ventas superior a los cinco millones de litros de gasóleo y gasolina, y disponen, en principio, de más capacidad económica y financiera para hacer frente a la inversión requerida. Se trata de un 9% de la red de gasolineras.

Coches sin emisiones

Para alcanzar una movilidad sostenible, el anteproyecto mantiene que todas las administraciones deben adoptar medidas para alcanzar un parque de turismos y de vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2 en 2050.

Se adoptarán las medidas necesarias para que los coches y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluyendo los vehículos matriculados históricos y los no destinados a usos comerciales, reduzcan sus emisiones de modo que no más tarde de 2040 sean vehículos de emisiones de cero gramos de CO2 por kilómetro. A tal efecto, el Gobierno trabajará con el sector y se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i.

También se prevé un objetivo de cero emisiones directas de los buques cuando estén amarrados o fondeados en los puertos de competencia del Estado para 2050. Para ello, se promoverá la articulación y consolidación de cadenas logísticas sostenibles con origen o destino en puertos, de forma que se reduzcan las emisiones.
 

 

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