El impuesto a los beneficios ‘caídos del cielo’ desata una guerra judicial entre Gobierno y energéticas

El Gobierno confirma que habrá multas para las compañías que trasladen el coste a los clientes. Los expertos consideran «prácticamente imposible» evitar un sobrecoste para el usuario.

El impuesto a los beneficios ‘caídos del cielo’ termina por derribar la frágil tregua que mantenían Gobierno y energéticas. Las principales compañías aprovecharon la presentación de resultados semestrales para cargar contra la medida que el Ejecutivo pretende activar con el inicio de 2023. Desde su anuncio, todas ellas han rechazado el haber obtenido ganancias extraordinarias fruto de la crisis de los precios.

El pasado miércoles, Ignacio Sánchez Galán lo hizo en una conferencia con analistas durante la presentación de los resultados del primer semestre de Iberdrola. «Hasta donde yo sé, las compañías energéticas que están aumentando sus beneficios en Europa son las gasistas y las petroleras, no las eléctricas integradas», dijo. Iberdrola disparó su beneficio un 36 % hasta junio, aunque no gracias a su presencia en España. Sufrió una bajada del 26 % en la contribución de su negocio nacional.

Repsol rindió cuentas el jueves. La petrolera duplicó su beneficio en la primera mitad del año. Ganó 2.539 millones gracias a la tormenta que sufrió el precio del Brent. El crudo de referencia en Europa se disparó un 66 % con respecto a 2021 impulsando las ganancias de la compañía presidida por Antonio Brufau.

Aun así, su consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha descartado haber ganado más por la inestabilidad del mercado del crudo y ha dejado la puerta abierta a dar la batalla judicial contra una medida que considera «arbitraria».

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Determinar si las empresas han obtenido un beneficio extraordinario no es tan sencillo como parece a la luz de las cifras. «Aquí el secreto estaría en saber cómo están evolucionando las cuentas de resultados ante un entorno aparentemente adverso para todos, lo cual es altamente difícil», afirma Antonio Aceituno, CEO de Tempos Energía. En el primer semestre de 2019, Repsol ganó 1.133 millones. Un año después la pandemia tumbó sus cifras hasta los 189 millones, y en los primeros seis meses de 2021 la petrolera recuperó el vigor hasta alcanzar los 1.235 millones. La cifra representa la mitad a lo obtenido en plena crisis energética.

Para corroborar la obtención de ganancias ‘caídas del cielo’, Aceituno destaca que es preciso ratificar cómo «están gestionando la compra y venta, en qué momento anticiparon este escenario, cómo reaccionaron, y qué medidas están tomando en previsión de una bajada de precios».

Frenar el traslado a los clientes, una misión «prácticamente imposible»

El ministerio de Hacienda detalló los dos gravámenes que comenzarán a rodar en 2023. El Gobierno pone el foco en la facturación y no en el beneficio. Todas aquellas energéticas –ya sean eléctricas, gasistas o petroleras– que ingresen más de 1.000 millones de euros en 2022 y/o 2023 deberán aportar el 1,2 % de sus ventas totales. El Ejecutivo otorga a Competencia el papel de control para evitar que el ‘impuesto’ sea trasladado a los clientes. Hacienda propone multas del 150 % del importe repercutido.

«En un mercado liberalizado, donde los contratos se firman por conveniencia mutua de dos partes, resulta prácticamente imposible tratar de frenar un coste adicional», afirma Antonio Aceituno, consultor energético. Se desconocen aún los detalles del mecanismo que desplegará la CNMC para evitar un sobrecoste final en la factura de los usuarios. «Es cierto que existen ítems dentro de un acuerdo que deben ser soportados única y exclusivamente por los sujetos pasivos de éstos, pero hay otros parámetros que pueden sobrecargarse, trasladando los costes extras a los que hemos hecho referencia», apunta el experto.

Acciona cree que el impuesto desviará la inversión fuera de España

Nadie en el sector energético avala la medida. El presidente de Acciona Energía, José Manuel Entrecanales, aseguró este jueves que el gravamen afectará a la inversión. «La tendencia creciente a demonizar la rentabilidad o la imposición de cambios regulatorios toda vez que se produce un evento socioeconómico imprevisto, una tensión geopolítica o hay escasez de presupuesto, envía señales que preocupan a los inversores, y es fundamental a la hora de que se desvíe el destino de esas inversiones», alertó.

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