Estado de alarma

Para ofrecer información a la ciudadanía sobre las medidas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ante el brote de COVD-19, se ha habilitado el teléfono 913 146 673, con horario de atención al público de 9 a 14, de lunes a viernes. También se responde a las consultas a través del correo ciudadano@idae.es.

Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, incluidos los gases manufacturados y los gases licuados del petróleo, gas natural y agua en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda. No se podrán realizar cortes incluso aunque conste dicha posibilidad en los contratos de suministro o acceso suscritos por los consumidores.

La medida ha sido recogida en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

¿Quién se puede beneficiar? 

Todos los consumidores personas físicas, es decir, solo particulares –no empresas- y para los suministros de su vivienda habitual. 

Para acreditar ante el suministrador que el suministro se produce en la vivienda habitual, el consumidor podrá emplear cualquier medio documental que acredite de manera fehaciente dicha circunstancia.

¿Qué suministros se incluyen en la protección?

Energía eléctrica, agua, gas natural y determinados productos derivados del petróleo (gases manufacturados y gases licuados del petróleo por canalización).

¿Hay alguna excepción en la protección?

Solo se podría cortar el suministro por cuestiones de seguridad del suministro, de las personas y las instalaciones (por ejemplo, en caso de avería o de necesidades de mantenimiento urgente).

En el caso de los puntos de suministro de gas natural, sólo se podrá suspender el suministro de instalaciones receptoras de gas natural si el plazo de ejecución de la inspección hubiera vencido con anterioridad al inicio del estado de alarma sin que dicha inspección hubiera sido realizada y existiera un riesgo cierto para la seguridad de las personas, a juicio de la empresa distribuidora. 

Igualmente, se podrá suspender el suministro si la inspección periódica hubiera detectado una anomalía secundaria y el plazo para su resolución hubiera vencido al inicio del estado de alarma, sin que la anomalía hubiera sido solucionada y existiera un riesgo cierto para la seguridad de las personas, a juicio de la empresa distribuidora.

¿Supone la anulación de las facturas?

Esta medida de protección no supone una anulación de las facturas de los suministros. En todo caso se tendrán que abonar.

Aquellas familias que tengan derecho al bono social pueden beneficiarse de un descuento del 25% o 40% según su grado de vulnerabilidad, para facilitar que se pueda pagar la factura.  Asimismo, los servicios sociales municipales pueden contar con líneas o mecanismos de apoyo específicos. 

¿Qué ocurre con los procedimientos de corte de suministros?

En el caso de electricidad y gas natural, la normativa prevé que deben pasar dos meses desde el requerimiento fehaciente de pago hasta poder cortar el suministro. En el caso de electricidad, el plazo se amplía a 4 meses en el caso de consumidores vulnerables que sean beneficiarios del bono social.

Además, la normativa actual impide interrumpir el suministro eléctrico en caso de impago a los hogares acogidos al bono social en los que haya al menos un menor de 16 años en la unidad familiar, o en los que el consumidor o uno de los miembros de su unidad familiar sea persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III, previo certificado expedido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes. 

Las medidas aprobadas en relación con el COVID-19 paralizan estos plazos, de modo que mientras dure el estado de alarma, no computan. Esto significa que, si el primer requerimiento fehaciente de pago ocurre durante el estado de alarma, el plazo de dos meses (o de 4 meses en caso de consumidores vulnerables) empezará a contar desde que finalice el estado de alarma.

El bono social es un descuento directo en la factura eléctrica, dirigido a usuarios en situación de vulnerabilidad.

Con carácter excepcional, y durante 6 meses a contar desde el 1 de abril, podrán solicitar el bono social:

– Los trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad en una fecha posterior al 14 de marzo, cuando entró en vigor por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

– Los trabajadores autónomos que hayan visto reducida su facturación del mes anterior al que se solicita el bono social en, al menos un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior.

Para poder acceder al bono social, es preciso que además cumplan con alguno de los siguientes criterios:

– Que la renta anual del usuario o su unidad familiar no sea superior a 18.799€, si no hay menores en el hogar.

– Que la renta anual de la unidad familiar no sea superior a 22.559€ si hay un menor.

– Que la renta anual de la unidad familiar no sea superior a 26.318€, en el caso de que haya dos menores en la unidad familiar.

Los criterios de renta para acceder al bono social se estipulan mediante el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. A los efectos del bono social, se tiene en cuenta la última renta anual disponible por la Agencia Tributaria correspondiente, a la que se accede a través de la plataforma informática desarrollada por el Ministerio para que las comercializadoras de referencia puedan comprobar el requisito de renta y que, en estos momentos, es la de 2018. 

¿Qué implica esta medida para sus potenciales beneficiarios?

Estos beneficiarios del bono social serán considerados usuarios en situación vulnerable, que supone un descuento directo de un 25% antes de impuestos en el recibo de la luz con contrato a precio voluntario para pequeño consumidor (PVPC), con un límite sobre la energía consumida (que depende del tamaño del hogar). Puede consultar todos los requisitos en esta tabla.

Se tendrá la condición de vulnerable en tanto no reanuden su actividad laboral, estando obligado el consumidor a comunicar este hecho al comercializador de referencia. En todo caso,  la ayuda se prestará por un periodo máximo de 6 meses desde la fecha de devengo del bono social.

En cualquier momento, anterior o posterior a ese plazo de seis meses, los usuarios podrán acogerse a otro de los supuestos previstos en la normativa del bono social y que, en el caso de beneficiarios vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, supone una reducción de un 40% en la factura de electricidad.

¿Cómo se aplica el descuento?

El bono social se devengará a partir del primer día del ciclo de facturación en el que tenga lugar la recepción de la solicitud completa con la documentación acreditativa que, en su caso, sea necesaria. Por ejemplo, si la solicitud completa se presenta el 15 de abril y la resolución es favorable, si la facturación de ese consumidor es del día 10 del mes hasta el día 10 del mes siguiente, el consumidor percibiría el bono social desde el 10 de abril.

El descuento se aplica exclusivamente sobre la factura de suministro eléctrico de la vivienda habitual. Cuando el contrato de suministro esté a nombre de una persona jurídica y no del autónomo, éste deberá solicitar un cambio en la titularidad para que en el contrato figure el profesional que ha cesado su actividad o ha visto disminuida su facturación o en cuya unidad familiar haya algún miembro en dichas circunstancias.

Además, en todos los supuestos, es preciso tener contratado el precio voluntario para pequeño consumidor (PVPC). El cambio a PVPC se puede solicitar en el mismo momento en el que se tramita el bono social a través del propio modelo de solicitud, sin necesidad de gestiones adicionales.  

La empresa comercializadora de referencia estará obligada a indicar al consumidor, en la última factura que emita antes del vencimiento del plazo de 6 meses, la fecha de tal vencimiento, informando de que, una vez superado dicho plazo, el consumidor pasará a ser facturado a PVPC por la misma comercializadora de referencia, e indicando la posibilidad de que el consumidor pueda, alternativamente, contratar su suministro con un comercializador en mercado libre.

¿Cómo se solicita el bono social?

Si se halla en uno de los supuestos de vulnerabilidad, puede tramitar su petición para percibir el bono social. Como requisito inicial, es imprescindible que el contrato  aplicable en su recibo de electricidad de su vivienda habitual sea la de precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), aunque también se podrá tramitar el paso a dicho precio en el momento en el que se solicite el bono social a la comercializadora de referencia si el consumidor se encuentra en mercado libre.

– El PVPC es el contrato eléctrico establecido por el Gobierno en el que lo pagado por la electricidad consumida es directamente el precio de la energía que resulta del mercado, más impuestos y peajes, sin incluir otros productos o servicios adicionales. 

– Sólo puede contratarse el PVPC si se tiene una potencia contratada igual o inferior a 10kW.

– El PVPC se contrata con las comercializadoras de referencia: Endesa; Iberdrola; Naturgy, EDP, Repsol, CHC Comercializador de Referencia S.L.U., Teramelcor, S.L. (sólo en Melilla), Energía Ceuta XXI Comercializador de Referencia, S.A. (sólo en Ceuta).

Con carácter general, las comercializadoras de referencia cuentan con un teléfono y un correo electrónico para cursar las solicitudes de bono social eléctrico y deben contestar al usuario en un plazo estimado de 15 de días para comprobar que se cumplen los requisitos.

Excepcionalmente, y para los trabajadores autónomos que pidan el bono social como consecuencia del brote de COVID-19, las comercializadoras de referencia dispondrán de un plazo máximo de 5 hábiles para responderle. En caso de que su solicitud sea completa, el comercializador deberá responder en ese plazo indicando al potencial beneficiario la documentación acreditativa que debe subsanar. 

Si el trabajador autónomo ha completado su solicitud, la comercializadora tendrá un máximo de 5 días hábiles para comprobar los datos facilitados en la plataforma informática disponible a tal efecto en la Sede Electrónica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, en su caso, comunicar mediante correo electrónico al consumidor el resultado de la comprobación del cumplimiento de los requisitos.

El plazo de 5 días para la comprobación de datos en la plataforma informática no será exigible hasta que la mencionada plataforma haya sido adaptada a lo previsto en el artículo 28 del RDL 11/2020. La Secretaría de Estado de Energía comunicará a los comercializadores de referencia la efectividad de la adaptación de dicha plataforma informática, cuestión que se prevé que ocurra en los próximos días.

¿Desde cuándo se percibe el bono social?

Si el bono es concedido, se considerará al usuario beneficiario del bono social desde el día en el que lo solicitó. Desde entonces, queda acreditada la condición de vulnerabilidad y al consumidor o, en su caso, la unidad familiar se le aplica tanto el descuento directo en su factura de la luz. Más información, en este enlace

¿Qué documentación necesita?

La tramitación del bono social se realizará a través de las Comercializadoras de Referencia.

Será necesario que el consumidor remita al comercializador de referencia, a través de la dirección de correo electrónico que aparezca en su página web, este modelo de solicitud.

Además, debería incluir esta documentación acreditativa: 

–   Copia del NIF o NIE del titular del punto de suministro y, en caso de que forme parte de una unidad familiar.

– Copia del NIF o NIE de cada uno de los miembros para los que dicho documento sea obligatorio. 

– Certificado de empadronamiento en vigor, individual o conjunto, del titular de punto de suministro o de todos los miembros de la unidad familiar.

– Libro de familia, en el caso de que exista unidad familiar. 

– Acreditación de cumplir con la condición de cese de actividad y reducción del 75% en la facturación. 

Cuando el trabajador autónomo se encuentre en el supuesto de cese de actividad, la acreditación se realizará mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

Para aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

– La comercializadora de referencia remitirá al titular del punto de suministro un correo electrónico de confirmación de recepción de la solicitud. 

¿Dónde puedo encontrar más información?

Toda la información estará disponible en la página web bonosocial.gob.es 

Asimismo, existe un teléfono y un correo electrónico de información: el 913 146 673, con horario de atención al público de 9 a 14, de lunes a viernes; y  ciudadano@idae.es.

Esta medida ha sido recogida en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Una vez concedido el bono social, la prestación tiene una vigencia de dos años. Para evitar que los beneficiarios que necesiten renovarlo dejen de percibir los descuentos y beneficios previstos, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 prorroga de forma automática todos los bonos que expiren hasta el 15 de septiembre de 2020.

Los precios regulados del GLP envasado (“bombona de butano”) son revisados cada dos meses de acuerdo con determinados parámetros. Asimismo, el precio de la tarifa de último recurso (TUR) de gas natural, a la que tienen la posibilidad de acogerse los consumidores domésticos, se revisa trimestralmente.

Con el fin de que los consumidores no vean incrementadas sus tarifas durante la situación provocada por el COVID 19, se ha suspendido la actualización de precios regulados de GLP envasado y la tarifa de último recurso de gas natural durante tres bimestres y dos trimestres respectivamente, estableciendo una salvaguardia sobre su suspensión.

Ante el descenso acusado del precio del barril de Brent durante el mes de marzo, que es uno de los elementos fundamentales en la determinación de ambos precios regulados, se ha optado por proteger al máximo a los consumidores de ambas formas de energía, permitiendo que se actualicen ambos precios regulados sólo en caso de que el nuevo precio resultante sea inferior al actualmente vigente.

Por todo ello, durante el próximo semestre los precios regulados del GLP envasado y la tarifa de último recurso de gas natural no sufrirán ningún incremento, y solo serán actualizadas en aquellos casos en que el precio suponga una bajada del mismo.

Estas medidas han sido establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

¿El precio del GLP canalizado se encuentra también afectado por las medidas adoptadas?

No, en el caso del GLP canalizado no se ha suspendido la revisión, ya que la última actualización suponía un descenso del precio beneficiando de esta forma a los consumidores.

¿El precio del gas manufacturado por canalización se ve afectado por las medidas anteriores?

¿Se van a leer los contadores durante el periodo de alarma?

La lectura de contadores no se considera una actividad necesaria para garantizar la prestación del servicio esencial de suministro de gas natural. En consecuencia, en coherencia con las medidas adoptadas en el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, queda suspendida la lectura de contadores de gas que precisen de un desplazamiento al punto de suministro, durante el periodo de vigencia del estado de alarma, lo que incluye consumidores domésticos, comerciales e industriales.

¿Afecta a todos los contadores de baja presión?

Sí, no se podrán leer los contadores situados en el interior de la vivienda, ni los situados en salas centralizadas, quedan únicamente excluidos de la medida los contadores que cuenten con equipos de telemedida.

La suspensión de las lecturas se aplicará a todos los contadores del suministro de viviendas individuales, de edificios de viviendas y de cualquier punto de consumo destinado a usos terciarios o industriales suministrados a presiones iguales o inferiores a 4 bar.

¿Puedo enviar la lectura directamente a la empresa distribuidora?

Sí, la empresa distribuidora está obligada a mantener el teléfono de recogida de lecturas, así como los medios telemáticos habituales, incluida la aplicación “YoLeoGas”.

Recuerde que para los consumos inferiores a 100.000 kWh/año la lectura es bimestral, por lo tanto, los consumidores domésticos pueden conocer la fecha aproximada de lectura sumando dos meses a la fecha de lectura de la última factura.

En atención a las medidas de contención adoptadas para mitigar la crisis sanitaria, no se podrá facilitar la lectura mediante medios escritos en el portal de la vivienda.

¿Cómo afecta esta medida a las empresas o autónomos que se hayan acogido a las medidas de flexibilidad de suministro?

Las comercializadoras que suministren a empresas que se hayan acogido a alguna de las medidas de flexibilidad incluidas en el artículo 43 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, deberán comunicar este hecho a las empresas distribuidoras para que esta circunstancia se tenga en cuenta en la estimación del consumo.

¿Qué ocurre con los contadores de los suministros a presiones superiores?

En los puntos de suministro a presiones superiores a 4 bar que no cuenten con telemedida, cuando el titular del punto de suministro no haya dado la lectura por medios telefónicos o telemáticos, la empresa distribuidora podrá realizar también una estimación.

¿Qué cantidad me va a facturar la empresa comercializadora?

En los casos en que el consumidor no haya facilitado la lectura por medios telefónicos o telemáticos, la empresa distribuidora va a realizar una estimación personalizada del consumo de cada consumidor conforme a su perfil de consumo histórico, tal como se establece en el artículo 51.4 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.

En todo caso, las empresas distribuidoras podrán adaptar dichas estimaciones a la situación excepcional del estado de alarma, especialmente en lo referente a aquellos puntos de suministro que puedan identificarse con actividades que quedaron expresamente suspendidas de conformidad con el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y, por tanto, no han podido consumir gas desde ese momento. Adicionalmente, las estimaciones podrán incorporar el efecto de las temperaturas realmente registradas en el periodo de estimación respecto al perfil de consumo histórico.

La empresa comercializadora emitirá la factura correspondiente a dicha estimación de consumo.

¿Qué ocurre si la estimación es superior o inferior al valor real?

La estimación que va a realizar la empresa distribuidora nunca va a coincidir con el consumo real. En estos casos, la empresa comercializadora debe aplicar lo dispuesto en el artículo 51.5 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre:

Si como consecuencia de una regularización en base a la lectura real se hubiesen facturado cantidades inferiores a las debidas la diferencia a efectos de pago será prorrateada en tantas facturas como meses transcurrieron desde la última lectura real.

Si como consecuencia de errores administrativos por parte de la empresa distribuidora se hubiesen facturado cantidades inferiores a las debidas, la diferencia a efectos de pago será prorrateada en tantas facturas como meses transcurrieron en el error, sin que pueda exceder el aplazamiento ni el periodo a rectificar de seis meses, excepto en el caso en que la lectura suministrada por el consumidor haya sido inferior a la real.

Si se hubieran facturado cantidades superiores a las debidas, la devolución se producirá en la primera factura desde la lectura real, sin que pueda producirse fraccionamiento en los importes a devolver En este caso, se aplicarán a las cantidades adelantadas el interés legal del dinero vigente en el momento de la refacturación. En el caso en que la lectura suministrada por el consumidor haya sido superior a la real no se aplicaran los intereses.

¿Se van a realizar inspecciones periódicas durante el estado de alarma?

Las inspecciones periódicas se realizan cada cinco años conforme con el Real Decreto 919/2006, de 18 de julio.  Al no ser considerada esta una actividad necesaria para la correcta prestación del servicio esencial de suministro de combustibles gaseosos y GLP, las inspecciones periódicas quedan suspendidas durante la duración del estado de alarma.

En consecuencia, las empresas distribuidoras no comunicarán a los usuarios la necesidad de realizar las inspecciones periódicas de las instalaciones receptoras comunes y/o de las instalaciones individuales de los puntos de suministro conectados a sus redes. Estas comunicaciones deberán ser enviadas a los consumidores una vez finalizado el estado de alarma.

¿Qué ocurre con las inspecciones que han sido ya comunicadas?

Se suspenden los plazos para la ejecución de inspecciones que hubieran sido comunicadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como los plazos de subsanación de anomalías secundarias detectadas. 

Los plazos anteriores se reanudarán cuando finalice el estado de alarma. 

¿Durante el periodo de alarma puedo solicitar la conexión de la instalación, una vez solucionada una anomalía principal?

Sí, una vez que la empresa instaladora acredite la resolución de las anomalías principales que ocasionaron el precintado de la instalación, la empresa distribuidora estará obligada a desprecintar y dejar la instalación en condiciones de funcionamiento, salvo que existan riesgos para la seguridad de las instalaciones y las personas.

Para reducir los costes energéticos de autónomos y pequeñas y medianas empresas y, así, aliviar la carga financiera que están soportando de forma transitoria, estos usuarios podrán suspender el pago de la factura de electricidad, gas natural, otros gases manufacturados o GLP canalizado mientras dure el estado de alarma.

Una vez concluido, deberán regularizar la cantidad no abonada en las facturas emitidas por su comercializador correspondientes a los siguientes seis meses de consumo, en partes iguales. 

¿A qué usuarios está dirigida la medida?

A los autónomos, que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable) 

A las PYMES, tal y como se definen en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión Europea.

En el caso del suministro de gas natural la medida se aplicará con independencia de la presión de suministro, nivel de consumo y red a la que se conecte el consumidor.

¿Afecta a cualquier CUPS a nombre del autónomo, puede solicitarse para la vivienda habitual y para un local u oficina?

Sí, siempre y cuando sean el titular del mismo. En la solicitud de los consumidores deberán aparecer claramente identificados el titular del punto de suministro y el Código Universal de Punto de Suministro (CUPS).

Se permite a autónomos y empresas, sin excepción, flexibilizar las condiciones de contratación de electricidad y gas natural, para adaptarlas a sus necesidades y reducir los costes que soportan mientras dure el estado de alarma. 

¿Qué alcance tiene la suspensión de los contratos a que hace referencia las medidas de los artículos 42 y 43 del Real Decreto-ley 11/2020?

La suspensión tendrá los siguientes efectos:

1) La suspensión afectará tanto al contrato de suministro celebrado con la comercializadora, como al contrato de acceso de terceros a la red celebrado con la distribuidora (que haya sido celebrado directamente entre distribuidora-consumidor o bien por la comercializadora como mandatario). 

2) La suspensión supondrá una interrupción del suministro de energía, e igualmente implicará la suspensión de la facturación al consumidor final de todos los conceptos incluidos en el contrato de suministro, incluida la facturación de los peajes de acceso y cargos.

3) No se extingue la relación contractual entre comercializador, distribuidora y el consumidor. Finalizado el estado de alarma, el consumidor podrá reactivar su contrato de suministro (incluido el contrato de acceso a la red) en los términos previos a la suspensión. 

¿La suspensión del contrato, permite ahorrar el 100% de la facturación durante el plazo de suspensión, reanudando posteriormente el contrato?

La suspensión del contrato permite ahorrar el importe íntegro de la factura, pero los consumidores tampoco recibirán servicio alguno. La reactivación del contrato podrá realizarse durante los tres meses siguientes a la finalización del estado de alarma. 

Las reactivaciones del contrato de suministro se realizarán en el plazo máximo de cinco días naturales y sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor, a excepción de: a) los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma, b) los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y, c) en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida.

Los pagos de estos derechos se realizarán de acuerdo con lo previsto en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

¿A qué usuarios está dirigida la medida?, ¿Cómo deben acreditar su condición?

A los autónomos, que acrediten dicha condición mediante su alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable), y a las empresas, con independencia de su tamaño.

En el caso del gas natural, la medida se aplicará con independencia de su nivel de consumo, presión de suministro o tipo de red a la que se encuentre conectado (red de transporte o distribución).

¿Qué cambios se puede realizar en los contratos?

Electricidad

En el caso de los suministros de electricidad, y en cualquier momento mientras se prolongue el estado de alarma, se podrán suspender temporalmente o modificar sus contratos de suministro, o las prórrogas de dichos contratos. 

También pondrán contratar otra oferta alternativa con el comercializador con el que tienen contrato vigente, al objeto de adaptar sus contratos a sus nuevas pautas de consumo, sin que proceda cargo alguno en concepto de penalización.

Además, las empresas distribuidoras deberán atender las solicitudes de cambio de potencia o de peaje de acceso, con independencia de que el consumidor la hubiera modificado ya en los últimos doce meses, y aunque no se haya producido ningún cambio en la estructura de peajes de acceso o cargos que le afecte. 

Todos estos cambios habrán de realizarse en el plazo máximo de cinco días naturales desde que sean solicitados y no tendrán coste para el usuario a excepción de:

 a) los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma, 

b) los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso.

c) en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

No se puede aplicar ninguna penalización que hubiera (por ejemplo, penalizaciones de “permanencia”), incluso aunque el consumidor ya hubiera hecho un cambio del contrato en los 12 meses anteriores.

Gas natural

Los autónomos y empresas titulares de puntos de suministro de gas natural podrán solicitar a su comercializador la modificación del caudal diario contratado, con la consiguiente  inclusión en un escalón de peaje correspondiente a un consumo inferior o la suspensión temporal del contrato de suministro sin coste alguno. No se puede aplicar ninguna penalización (por ejemplo, penalizaciones de “permanencia”), incluso aunque el consumidor ya hubiera hecho un cambio del contrato en los 12 meses anteriores.

Las reducciones de caudal se aplicarán sobre los productos de capacidad ya contratados, sin que se pueda considerarse que se trata de un nuevo producto de capacidad de duración inferior.

No se podrá aplicar ninguna penalización (por ejemplo, penalizaciones de “permanencia”), incluso aunque el consumidor ya hubiera hecho un cambio del contrato en los 12 meses anteriores.

Las reducciones de caudal, anulación de contratos de capacidad o suspensión de contratos de acceso indefinidos solo serán aplicables al peaje de salida al consumidor final, concretamente al término de conducción del peaje de transporte y distribución. En ningún caso se podrán aplicar al término de reserva de capacidad del mismo peaje ni a los peajes o cánones cargados al uso de plantas de regasificación (incluyendo cargaderos de cisternas), almacenamientos subterráneos o conexiones internacionales

¿Qué hacer cuando concluya el estado de alarma?

Tanto en el caso de la electricidad como del gas y en el plazo de tres meses desde el fin del estado de alarma, los usuarios podrán solicitar una nueva modificación del contrato sin coste alguno, salvo que la nueva potencia eléctrica o caudal diario que se contrate sea superior a la que el usuario tenía previamente o que, en el caso del gas, sea necesario realizar una puesta en servicio, consecuencia de un cierre previo al estado de alarma, y una puesta en seguridad de la instalación.

Electricidad

En el caso de los suministros de electricidad, una vez finalizado el estado de alarma y en el plazo de tres meses, el consumidor podrá, bien solicitar la reactivación de su contrato en caso de que éste haya sido suspendido, o bien solicitar una nueva modificación de los contratos de suministro y de acceso de terceros a la red. 

Las reactivaciones y modificaciones se realizarán en el plazo máximo de cinco días naturales y sin que proceda la repercusión de coste alguno sobre el consumidor, a excepción de: 

a) los pagos por derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma, 

b) los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso.

c) en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida.

El pago de estos derecho se realizará de acuerdo con lo previsto en el capítulo VII del Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología de retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

Gas natural

Una vez finalizado el estado de alarma, en el plazo de tres meses, el titular del punto de suministro que haya solicitado la reducción del caudal contratado de podrá solicitar el incremento de caudal sin ninguna limitación temporal o coste alguno.

La disminución de consumo consecuencia de la reducción de caudal o de la suspensión del suministro realizada durante el estado de alarma no se tendrá en cuenta a la hora de regularizar o reubicar los contratos de capacidad una vez concluidos o en el caso de los contratos de capacidad indefinidos.

En el caso de contratos indefinidos, los cambios realizados durante el estado de alarma y hasta la primera modificación realizada durante los tres meses posteriores no se tendrán en cuenta a los efectos del cómputo de los 12 meses que han de transcurrir para las siguientes modificaciones de caudal. Este plazo contará desde la última modificación realizada con anterioridad al inicio del estado de alarma.

En caso de suspensión temporal del contrato de suministro, la nueva activación del contrato se hará en el plazo máximo de cinco días naturales y no conllevará el abono de derechos de alta o de acometida, salvo que sea necesario realizar una puesta en servicio, consecuencia de un cierre previo y puesta en seguridad de la instalación.

La disminución de consumo consecuencia de la reducción de caudal o de la suspensión del suministro realizada durante el estado de alarma no se tendrá en cuenta a la hora de regularizar o reubicar los contratos de capacidad una vez concluidos o en el caso de los contratos de capacidad indefinidos.

Las empresas que hubieran incrementado el caudal diario contratado durante el periodo de alarma como consecuencia del incremento de actividad por el desarrollo de tareas esenciales, podrán reducir el caudal contratado durante los tres meses siguientes bajo las mismas condiciones aplicadas a los incrementos de capacidad. 

En el caso de contratos indefinidos, los cambios realizados durante el estado de alarma y hasta la primera modificación realizada durante los tres meses posteriores no se tendrán en cuenta a los efectos del cómputo de los 12 meses que han de transcurrir para las siguientes modificaciones de caudal. Este plazo contará desde la última modificación realizada con anterioridad al inicio del estado de alarma.

¿Cuántas modificaciones de los contratos sucesivas se admiten?

Mientras se encuentre en vigor el estado de alarma, todas las solicitudes del consumidor se encuentran amparadas por lo establecido en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. 

Finalizado el estado de alarma, y durante el periodo de tres meses, la primera solicitud de modificación del contrato quedará amparada por lo establecido en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo. Las modificaciones posteriores que, en su caso, se realicen, se regirán por la normativa sectorial general. 

 

Finalizados los tres meses posteriores al levantamiento del estado de alarma, ¿se permitirá realizar  cualquier modificación de potencia o caudal diario contratado hasta llegar a los valores contratados antes del inicio del estado de alarma?

 

Finalizados los tres meses posteriores al levantamiento del estado de alarma, los preceptos establecidos en los artículos 42 y 43 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, dejarán de surtir efecto, resultando de aplicación la normativa sectorial de general aplicación.

En todo caso, a los efectos del cómputo del plazo de doce meses establecido en los artículos 79.6 del Real Decreto 1955/2000, y 37.6 del Real Decreto 1434/2002, no se tendrán en cuenta las modificaciones de los contratos realizados al amparo de lo establecido en el Real Decreto-ley 11/2020, debiendo considerarse la última modificación realizada con anterioridad a la declaración del estado de alarma. 

¿Tiene que venir alguien a mi instalación/a mi contador?

Gracias al despliegue de contadores inteligentes en nuestro país, en la mayoría de casos los cambios de potencia eléctrica se pueden realizar de forma telemática. 

No obstante, es posible que en algunos casos sea necesaria una visita presencial al contador para poder ajustarse a las nuevas condiciones. En estos casos, las actuaciones de campo que fueran necesarias, estarían sujetas a los planes de contingencia adoptados y comunicados por las empresas distribuidoras, de manera que se garantice la seguridad y salud de las personas.

Esto será también de aplicación al sector gasista cuando  la reducción de caudal exija un cambio de contador.

Si tengo una instalación antigua (más de 20 años), ¿la distribuidora tiene que verificar mi instalación o me puede obligar a adaptarla?

Finalizado el estado de alarma, en el caso de que la nueva modificación de potencia no supere el umbral contratado antes del inicio del inicio del estado de alarma, las instalaciones de baja tensión de más de 20 años quedan eximidas del control previsto en la normativa. 

No obstante, finalizados los tres meses posteriores al levantamiento del estado de alarma, los preceptos establecidos en el artículo 42 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, dejarán de surtir efecto, resultando de aplicación la normativa sectorial de general aplicación, por ejemplo, a las nuevas solicitudes de incremento de potencia a partir de ese momento.

Si una empresa o autónomo al amparo del RD-ley 11/2020 solicita la modificación de potencia o caudal diario, ¿qué sucede con los derechos de acceso o enganche?

En caso del suministro eléctrico, las modificaciones de los contratos se realizarán sin coste alguno, a excepción de los derechos de extensión por incrementos de potencia contratada por encima del umbral contratado antes del inicio del estado de alarma, los pagos por supervisión de instalaciones cedidas, en su caso, y, en el caso de que resultase necesario el cambio de los equipos de medida, el pago de actuaciones sobre los equipos de control y medida previstos en la normativa.

Por tanto, con la medida del RD-l, un autónomo o empresa que volviese a contratar un nivel de potencia similar al anterior a la crisis (o inferior) no deberá abonar los derechos de acceso, ni de verificación de las instalaciones, ni por actuaciones en los equipos de medida y control. Tampoco deberá abonar derechos de enganche al ya estar conectada previamente. Es importante señalar que, si no supera la potencia que originalmente tenía contratada, tampoco procederá el abono de los derechos de extensión ya que con la normativa actual (RD 1048/2013) estos se conservan hasta el nivel de potencia previo durante tres años en baja tensión y durante cinco años en alta tensión.

En caso del suministro de gas natural tampoco será aplicable ningún cargo por la reducción del caudal diario, la anulación de productos de capacidad o la suspensión temporal del contrato de suministro.  Tampoco se aplicará cargo alguno a las operaciones destinadas a incrementar el caudal diario o a reactivar el contrato de suministro.

¿Debe tenerse en cuenta, a los meros efectos de los plazos previstos, lo establecido en la disposición final duodécima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo?

La disposición final duodécima del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, establece en su apartado primero que, con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo.

Dado que las medidas recogidas en los artículos 28, 29, 42 y 44 del citado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, cuentan todas ellas con un plazo determinado de duración, no resultará de aplicación el plazo definido con carácter general en la citada disposición.

En el caso de los contratos de gas natural, ¿sería factible, en base al texto aprobado, realizar varios ajustes de caudal diario contratado durante el estado de alarma?

El artículo 43 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se refiere a la modificación de caudal en singular. Sin embargo, en ningún momento se ha incluido una limitación expresa al número de modificaciones de caudal que se pueda realizar durante el período de alarma, por lo que las medidas propuesta se pueden aplicar, de manera racional, las veces que sean necesarias sin coste alguno. 

 

¿Durante la suspensión temporal del contrato se puede facturar el término fijo a los usuarios?

No, durante el tiempo que dure la suspensión temporal del contrato no se facturará el término fijo.

¿Pueden solicitar la suspensión temporal del contrato los consumidores de GLP por canalización?

No, la medida únicamente aplica a los titulares de puntos de suministro de gas natural. Los titulares de los puntos de suministro de GLP por canalización no contratan capacidad y únicamente abonan un término fijo de 1,57 €/mes conforme a la Resolución de 11 de marzo de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización. En todo caso, siempre pueden solicitar la rescisión del contrato conforme a la normativa vigente y/o los términos establecidos en el mismo.

Estas medidas han sido establecidas en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Compatibilidad de las diferentes medidas dirigidas a autónomos, pymes y empresas

¿Se puede solicitar, por ejemplo, una baja de potencia o caudal diario, y además la suspensión del pago de facturas?

Sí. En el caso de autónomos y PYMES, se puede pedir una suspensión del pago de facturas y una modificación del contrato para ajustarlo a menores o mayores consumos, en función de las necesidades. Si se solicita una suspensión temporal del contrato de suministro, solo será posible pedir suspensión de pagos de las facturas que correspondan a consumos durante el estado de alarma y antes de la suspensión del suministro.

¿Puede un autónomo solicitar bajada de potencia o caudal diario de gas natural en vivienda habitual y/o local, bono social por autónomo en su vivienda habitual, y suspensión del pago de facturas en vivienda habitual y/o local?

En el caso de que el autónomo sea una persona física, en su vivienda habitual podrán combinarse el bono social, la bajada de la potencia y la suspensión del pago de la factura. En los locales que no sean su vivienda habitual, no podrá aplicarse el bono social y sólo podrá acogerse a las medidas de modificación de potencia y suspensión de pagos.

En el caso de que el autónomo sea una persona jurídica, para poder aplicar todas las medidas en su vivienda habitual, debe quedar acreditada la relación entre la persona física titular del contrato de suministro para poder percibir el bono social, y la persona jurídica que aparecerá en la acreditación de la condición de autónomo que sea exigible ante la comercializadora (inscripción en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o asimilable).

En relación con las medidas que afectan a los autónomos, ¿si se solicita en abril, la facturación de marzo debe ser inferior al 75% con respecto a la media mensual de los 6 meses anteriores, es decir, febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre y septiembre? 

Sí. Si la medida se solicita en abril, el autónomo debe presentar su facturación de marzo y demostrar que ha facturado un 75% menos que el promedio de lo que ha facturado en los últimos seis meses anteriores (es este ejemplo, el periodo comprendido entre septiembre y febrero). 

Gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID -19

Con motivo de la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19, el Ministerio de Sanidad ha aprobado la Orden  SND/271/2020, de 19 de marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta Orden Ministerial puede consultarse en este enlace.

El contenido de la Orden está en línea con las recomendaciones sobre la gestión de residuos domésticos procedentes de hogares con personas aisladas/en cuarentena por COVID -19 que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha comunicado a las Comunidades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que a su vez ha dado traslado de las misma a las entidades locales. Las recomendaciones afectan tanto al manejo domiciliario de los residuos, siguiendo lo aconsejado por el Ministerio de Sanidad, como a la gestión de la bolsa con la fracción resto por parte de los servicios de recogidas y las plantas de tratamiento de estos residuos. 

La orden incluye también recomendaciones relativas a la gestión de residuos sanitarios, para los cuales además no se exigirá la notificación previa requerida en el procedimiento de traslado de residuos regulado en el Real Decreto 180/2015.

La Orden ha sido desarrollada a través de directrices con las que se pretende ordenar la gestión de los residuos sanitarios y la incineración tanto de los residuos sanitarios como de los procedentes de la fracción resto.

Medidas de apoyo a empresas comercializadoras

Comercializadoras

Con el fin de evitar que los comercializadores de energía eléctrica y gas natural asuman mayores cargas de tesorería y facilitar su papel en la aplicación de las medidas de protección a los hogares, empresas y autónomos, se han establecido las siguientes medidas dirigidas a estas comercializadoras:

a) exención del pago de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución asociados a los autónomos y PYMES que suspendan sus pagos durante el estado de alarma, hasta que éstos abonen la factura completa. 

b) exención de liquidar el IVA, el Impuesto Especial de la Electricidad y el Impuesto Especial de Hidrocarburos de las facturas cuyo pago haya sido suspendido, hasta que éstos abonen la factura completa o transcurran 6 meses.

c) Una vez acabado el estado de alarma, las PYMES o los autónomos que se hayan acogido a la suspensión de pagos no podrán cambiarse de comercializadora hasta abonar las deudas pendientes

d) Acceso a avales por la cantidad en la que hayan disminuido los ingresos de cada agente como consecuencia de esta medida. 

Para ello se podrán acoger a la línea de avales establecida en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se establecieron medidas urgentes para hacer frente al impacto del COVID-19; y a cualquier otra línea de avales que se habilite con este fin específico. 

Las leyes de Presupuestos Generales del Estado que se aprueben tras el estado de alarma dotarán un crédito por el importe equivalente a la reducción de ingresos para los sistemas eléctrico y gasista atribuible a las modificaciones y suspensiones temporales de los contratos que se produzcan en aplicación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Otros operadores

Por otro lado, y dado que la rotación de los tanques de almacenamiento de gasolina es más lenta como consecuencia del descenso del consumo de gasolina desde la declaración del estado de alarma, se permite excepcionalmente, hasta el 30 de junio, la venta de gasolinas destinadas inicialmente al periodo invernal, con un máximo de 80kPa. De esta manera, se asegura que el cambio de combustible se produce con las necesarias garantías. 

En aplicación de la normativa europea, el Real Decreto 61/2006, indica que entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de cada año, la gasolina que se comercialice en las estaciones de servicio debe tener una presión de vapor situada entre los 45 y los 60 kilopascales (kPa), entre otras especificaciones. El resto del año, la presión de vapor de las gasolinas debe situarse entre los 50 y los 80 kPa.

Acceso y conexión

Asimismo, el Consejo de Ministros amplía en dos meses, desde el fin del estado de alarma, el periodo de vigencia de los permisos de acceso y conexión relativos a la disposición transitoria octava de la Ley del Sector Eléctrico. De acuerdo con esta normativa, los promotores de las nuevas plantas de generación renovable debían haber obtenido la preceptiva autorización de explotación de la instalación antes del 31 de marzo. De lo contrario, los permisos de acceso y conexión que tenían otorgados caducaban. Con el fin de que los afectados dispongan de tiempo suficiente de adaptación, se amplía este plazo dos meses más desde la finalización del estado de alarma.

 

El consumo de agua de grifo en nuestro país es totalmente seguro para la salud pública

El agua de grifo en España tiene un sistema de garantía de seguridad y de salubridad total. Todas las plantas de tratamiento de agua de boca cuentan, sin excepción, con sistemas de cloración y tratamiento. Están libres de problemas epidemiológicos, y no presentan ningún riesgo para la salud pública. En ningún caso el COVID-19 supone una amenaza para la seguridad y salubridad del agua del grifo o de boca.

Desde que se inició el actual estado de alarma, ha habido una absoluta normalidad en el suministro y gestión de servicios públicos, tan importantes para poder garantizar el confort en nuestras casas.

Tanto el suministro de agua como el saneamiento de las aguas residuales se consideran servicios esenciales, por lo que el Gobierno trabaja con el sector para garantizar que puedan llevar a efecto su labor con las máximas garantías de calidad de los servicios a los ciudadanos y de seguridad para los empleados.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está en permanente contacto con los operadores de abastecimiento y saneamiento de agua, tanto públicos como privados, para la coordinación de las acciones que deben realizar los operadores de agua en el actual estado de alerta.

Gasolineras y puntos marítimos abiertos durante el estado de alarma

Las estaciones de servicio cumplen un servicio esencial. Por ello, el Gobierno asegura que permanezca abierta, al menos, una gasolinera en todos los municipios que cuenten con este tipo de instalaciones.

4.334 estaciones de servicio –un 37%– mantendrán su horario habitual. Se han seleccionado en base a criterios como el volumen de ventas, su ubicación estratégica, especial vinculación con el sector del transporte o centros hospitalarios. También deberán mantener su horario habitual todos los postes marítimos con suministro a barcos pesqueros.

En aquellos municipios en los que no haya gasolineras que cumplan los requisitos para prestar servicio en su horario habitual, al menos el punto de suministro con mayores ventas deberá abrir, aunque puede flexibilizar sus horarios. 1.686 estaciones –un 14%– se incluyen en este segundo grupo, que cubre especialmente zonas con menor densidad de población

El resto de estaciones de servicio tendrán libertad para modificar su horario.

Toda la información sobre direcciones y horarios está disponible en Geoportal Gasolineras.

Listados de las gasolineras y puntos marítimos recogidos en la orden ministerial

•  Listado de Estaciones de Servicio que deberán continuar prestando servicio en su calendario y horario habitual durante la vigencia del Estado de Alarma
•  Listado de Estaciones de Servicio que podrán flexibilizar sus horarios durante el estado de alarma siempre que mantengan la apertura al público durante un mínimo de 30 horas semanales de lunes a sábado con un mínimo de 5 horas diaria
•  Listado de postes marítimos, que deben abrir en su calendario y horario habitual
•  Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para la distribución al por menor de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos, como consecuencia de la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Puedes ver el artículo original en este enlace.