Las estaciones de servicio deben y seguirán siendo parte esencial de la distribución de la energía
Entrevista a Luis Nieves, presidente de la Asociación de Operadores Independientes del Sector Energético (UPI)
Las estaciones de servicio son un sector clave para la economía y la movilidad en nuestro país, pero también se enfrentan a numerosas dificultades. En la actualidad este negocio atraviesa una situación compleja y desafiante, marcada por el fraude, los precios, la competencia desleal, la transición ecológica y la adaptación a las nuevas demandas de los consumidores.
Para tratar de descubrir más sobre la coyuntura actual, Luis Nieves, quien recientemente asumió el cargo como presidente de la Asociación de Operadores Independientes del Sector Energético (UPI), nos habla en esta entrevista de los retos y oportunidades que afronta el sector en España. El presidente de UPI defiende el papel de las gasolineras como distribuidores esenciales de la energía y reclama una mayor equidad fiscal y regulatoria para los operadores independientes. Además, nos explica cómo están adaptando sus puntos de venta a las nuevas demandas de los consumidores y a la transición energética.
¿Cuáles son sus objetivos al frente de UPI?
Los principales objetivos que me he propuesto durante mi presidencia de UPI son los siguientes:
- La lucha contra el fraude en nuestro sector, que perjudica enormemente a los operadores independientes y a todo el sector en general, así como al contribuyente.
- Que se elimine el impuesto energético o se estructure de una manera justa y coherente para que sea asumible por las diferentes compañías afectadas y no genere una competencia desleal en el sector.
- Negociar con las diferentes administraciones que regulan nuestro mercado para que cualquier nueva normativa se nos comunique con suficiente antelación antes de ser implementada de forma que nuestras compañías puedan minimizar tanto el impacto económico como el organizativo interno; procurar que, dentro del marco legal de la Unión Europea las nuevas obligaciones sean proporcionadas y equitativas para los diferentes competidores en aras a la competitividad y la competencia efectiva.
- Contribuir a preparar nuestro sector para la transición ecológica.
¿Cuál es la situación actual de la red de estaciones de servicio de los operadores integrados en UPI? ¿Cuál es la aportación cuantitativa de los socios de UPI al mercado nacional de gasolineras? En los últimos años, ¿cuál es la evolución de los puntos de venta de los socios de UPI?
Al término del año 2022, las compañías asociadas sumaban un total de 1.190 estaciones de servicio, que respecto del total nacional de puntos de venta representa un porcentaje de aproximadamente el 10%, menor al de su cuota de mercado conjunta.
En los tres últimos años (2020-2023), el total de estaciones de servicio de las compañías asociadas se ha incrementado en 20 estaciones, un 1,7% que es un porcentaje inferior al nacional correspondiente al mismo período.
Las compañías han iniciado ya la incorporación de energías alternativas (recarga eléctrica, GLP, GNL, GNC y mezclas con alto contenido de biocarburantes a exclusión, de momento, del hidrógeno).
Recientemente se han publicado datos sobre la evolución del mercado de gasolineras en España. Por primera vez, los puntos de venta han superado la cifra de 12.000. ¿Cuál es su opinión sobre esta creciente evolución? La proliferación de gasolineras de bajo coste, ¿está propiciando la desaparición de las denominadas gasolineras tradicionales? ¿En qué zonas se está produciendo en mayor medida este proceso de cierre?
En las estadísticas se ve claramente que estamos ante un crecimiento sostenido desde 2012, no muy grande; de hecho, solo es del trece por ciento aproximadamente en diez años, que corresponde a menos del dos por ciento anual. Teniendo en cuenta que en 2012 se “liberalizó” el suelo apto para gasolineras, no me parece excesivo. En aquel momento seguramente hubiera apostado por cifras aún mayores. Seguramente la propia inoperancia de las administraciones para conceder licencias es la que ha provocado que no fuera mayor. Si miramos la composición, efectivamente vemos que el crecimiento ha sido sobre todo en otras marcas o ‘low cost’, mientras que las de petroleras incluso se ha reducido. Creo que los motivos por los que las estaciones vinculadas a petroleras han decrecido son básicamente dos. En primer lugar, porque los abanderados han visto como una opción el desligarse del abanderamiento con la petrolera tradicional para ser independientes y así poder comprar en el mercado libre. Y, en segundo lugar, porque algunas gasolineras antiguas estaban ubicadas en carreteras comarcales entre poblaciones o en carreteras/trazados que no eran del todo óptimos, pero, como no había competencia, funcionaban. Hoy en día ya nadie va a repostar expresamente sino le viene de paso. Estas gasolineras mal ubicadas han sido sustituidas por gasolineras más cómodas y mejor ubicadas. La tendencia que vemos a futuro es de concentración para poder competir, también de cierre en algunos casos que, por ubicación o exceso de competencia, sea una estación inviable económicamente.
Por último, en cuanto a las estaciones dentro de quince años y la variedad de energías, sinceramente todo dependerá de a qué energía o variedad de energías vayamos. Y, a día de hoy, soy incapaz de asegurar qué energías van a ser. Y menos en qué plazos. Si la energía eléctrica es la dominante —a no ser que las recargas sean muy rápidas en estación, para lo cual la tecnología tendría que avanzar mucho (hoy se tardan quince-veinte minutos en llenar un coche)— veo difícil que las estaciones se adapten. Creo que las recargas se producirán más en domicilios, empresas, parkings y otros lugares donde el tiempo de parada sea superior. Mientras que si las energías son los ‘ecofuels’ o el hidrógeno, habrá que invertir para adaptar las estaciones y quizás disponer de más metros para que puedan convivir varias energías de manera operativa; pero, salvando esos dos problemas, las estaciones se podrán adaptar y no debería suponer un gran cambio en el número de estaciones.
UPI ha vuelto a denunciar el fraude que se sigue cometiendo en el mercado por parte de empresas cuyos responsables son, en algunos casos, habituales en este tipo de comportamientos ilegales. ¿Por qué no se pone freno por parte de las autoridades a este problema?
Es una pregunta que nos hacemos la mayoría del sector. Particularmente, llevo más de treinta años en el sector con una importante cuota de fraude en el mismo, aunque me gustaría remarcar que actualmente es cuando hay un mayor volumen de fraude. Con las nuevas normativas aprobadas en el sector se ha facilitado la posibilidad de cometer fraude. Estoy convencido de que ésta no era la intención de los organismos responsables al implementarlas, pero el resultado actual es el que comento, por lo que ahora toca enfrentarse a la necesidad de introducir cambios legales para subsanar las deficiencias de control y hacerlo cuanto antes si se quiere preservar la competencia efectiva en el sector. De lo contrario, la pervivencia de los operadores independientes no está asegurada.
Sobre este asunto, es habitual que se ponga el foco en los operadores, pero su comportamiento no se podría producir sin la colaboración de gasolineras. ¿Hay alguna manera de poner freno a las compras por parte de gasolineras de carburantes con precios anormalmente bajos? En ocasiones gasolineras que actúan conforme marca la ley son conscientes de que algunos competidores están comprando carburante a precios muy por debajo del que se paga en el mercado legal. ¿Por qué no denuncian estos comportamientos?
Estoy de acuerdo con su apreciación, el fraude no sería posible si no hay un necesario colaborador, si el defraudador no tiene clientes no puede cometer fraude. Pero con que solamente algunas gasolineras compren a defraudadores, ya tenemos un grave problema, ya que tienen unos precios que las gasolineras vecinas no pueden afrontar, con lo que el fraude se extiende como si fuera un vertido de aceite y al final provocan que el vecino compre a los defraudadores para poder subsistir.
Estos comportamientos se denuncian; ¿por qué no se actúa? No sé responder. Creo que se tendría que aplicar, cuando proceda, la responsabilidad subsidiaria prevista en la Ley de IVA y que estas gasolineras que compran a precios anómalos fueran fiscalmente responsables como necesarios colaboradores del fraude de IVA. Con esta medida el fraude se reduciría de una manera muy importante.
La Fuel Quality Directive (FQD) obliga a los estados miembros de la UE a reducir un 6% la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante el ciclo de vida de los combustibles. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esta medida? ¿Cómo afecta a los integrantes de UPI?
Es una gran pregunta en función de a quién se le consulte. Le responderé primero la segunda pregunta.
A los integrantes de la UPI les afecta muy negativamente, en primer lugar debido a la gran cantidad de fraude existente en el mercado y, en segundo , por las ventajas competitivas que tienen los operadores con capacidad de refino con el HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, en inglés) coprocesado. A los primeros, los defraudadores, la FQD y cuantas más obligaciones les beneficia, ya que les posiciona mejor en el mercado, puesto que su modelo de negocio es defraudar en todas las áreas posibles. En cuanto a los segundos actores, los operadores con capacidad de refino, su capacidad industrial les permite obtener un producto con unos costes mucho más bajos y la aplicación de la FQD les ha venido extremadamente bien, permitiendo darle salida a este HVO que tradicionalmente no les aportaba casi nada a nivel de valor añadido, estando en una situación que les permite vender el HVO coprocesado a precio de HVO puro, engordando sus beneficios y, además, permitiéndoles competir con ventaja contra los operadores sin capacidad de refino.
En cuanto a los efectos a nivel de estación de servicio, estamos viendo que esta normativa está abocando a las estaciones pertenecientes a las compañías integradas verticalmente con capacidad de refino a disponer de unas condiciones para competir muy ventajosas. Respecto a las integradas verticalmente sin capacidad de refino, nos está poniendo en una situación muy complicada ya que, por estructura de negocio y actuando como ‘funcionarios de la AEAT’, estamos bloqueando las compras a cualquier operador dudoso, suponiendo un doble perjuicio. En definitiva, nos resulta muy difícil competir tanto con los operadores integrados cómo con los operadores que tienen un modelo de negocio cuestionable. En cuanto a las estaciones no integradas e independientes, se ven abocadas a comprar al mejor postor para poder competir, siendo los vendedores muchas veces distribuidores u operadores mayoristas que no cumplen casi ninguna normativa.
Dicho esto, me gustaría aclarar que personalmente, y creo que es una opinión compartida con el resto de los miembros de UPI, es necesaria la FQD, ya que estamos en una situación de emergencia climática y la actual FQD es un primer paso para encontrar una solución. Consideramos que está bien elaborada a nivel europeo, pero mal traspuesta a nivel estatal, con retrasos y muchas lagunas en la regulación (un ejemplo son los mecanismos de flexibilidad que, a día de hoy, siguen sin estar aprobados). Tampoco se ha aprobado todavía algún mecanismo que atienda el diferente impacto regulatorio de esta obligación en los operadores con y sin capacidad de refino.
¿Cuál es su opinión sobre la transición energética a la que aspiran las autoridades europeas? ¿Cree que se alcanzarán los objetivos de electrificación del parque rodante en España en los plazos establecidos? ¿Está desarrollando UPI medidas para ayudar a sus socios en este proceso o son ellos, a título individual, quienes están implantando medidas en este terreno?
Desde UPI, estamos comprometidos con la descarbonización y entendemos que la mejor manera de conseguirlo para la sociedad y la economía de nuestro país es desde la neutralidad tecnológica, en la que debe ganar la tecnología que sea más efectiva y eficiente. Sin embargo, se ha apostado principalmente por la electrificación del transporte y de la economía en general sin tener en cuenta los costes aparejados desde el punto de vista medioambiental, ni toda la cadena de emisiones de CO2, se produzcan donde se produzcan.
La apuesta es una tecnología que no es rentable económicamente para el consumidor y que implica unas elevadas inversiones en capacidad de generación y de red. Todo ello sin considerar el gran impacto ambiental que está suponiendo la explotación de ciertas materias primas raras, así como la producción y el reciclaje de las baterías.
A modo de ejemplo, y comparando vehículos de la misma marca y categoría, podemos encontrar un Volkswagen Golf desde 32.160 euros, mientras que su equivalente, el ID.3 ,parte de los 41.320 euros (un 28% adicional). Si comparamos un Nissan Arya 47.700 euros frente a un Nissan Qashqai de 32.450 euros, la diferencia es de un 46% adicional. Debemos plantearnos si queremos que la movilidad sea un lujo al alcance de unos pocos o vamos a permitir alternativas más económicas que no supongan un desembolso en nuevas infraestructuras y medios de movilidad.
Al ritmo que vamos de electrificación del parque automovilístico no vamos a conseguir una descarbonización masiva del transporte por carretera en unos plazos prudenciales ni cumplir los objetivos de la UE para 2030. El PNIEC actualizado prevé medidas para conseguir en 2030 un parque de 5.450.000 vehículos eléctricos (turismos, furgonetas, autobuses y motos). En los próximos años veremos si se van cumpliendo estos objetivos, pero volvemos a lo mismo: ¿por qué una elección que no atiende al interés general?
Desde UPI —ya sea directamente o a través de la Plataforma para la Promoción de los Ecocombustibles o de nuestra asociación europea UPEI— tratamos de difundir esta posición, de crear conciencia social y de convencer a las diferentes Administraciones.
¿Cómo cree que serán las estaciones dentro de quince años? ¿Cree que la necesidad de suministrar varias energías y combustibles provocará una reducción del número de puntos de venta?
Las estaciones deben y seguirán siendo parte esencial de la distribución de la energía con las renovables que se impongan, lo cual deberá suceder siempre partiendo de la neutralidad tecnológica.
Es muy probable que veamos una concentración en el sector, precisamente por el gran aumento de puntos de suministro donde será necesario unirse para poder competir. Es el mismo propósito de UPI, añadido a la complejidad que está asumiendo el sector: o eres un especialista en un área o necesitarás de grandes grupos detrás.
¿Considera que es justo el gravamen a las energéticas tal y como está redactado ahora mismo? ¿Cuál es su punto de vista o si hubiera dependido de usted que enfoque debería tener?
Sinceramente, pienso que el gravamen puede tener sentido si ha habido un beneficio extraordinario en los últimos ejercicios en nuestro sector.
Este beneficio extraordinario lo han tenido las empresas productoras con el margen de refino excepcional que ha habido por la situación geopolítica que, por desgracia, se ha producido en Ucrania.
Tal y como recomienda la Unión Europea, este gravamen tendría que aplicarse siempre sobre los beneficios extraordinarios obtenidos en dichos ejercicios. Cómo se ha aplicado en España me parece un despropósito, ya que no se debería aplicar sobre facturación y sólo a algunas empresas del sector.
A nivel de competencia, no es correcto porque aplicando un impuesto sobre facturación estás penalizando a las compañías que más trabajan, no a las que más ganan.
Por lo que me ha comentado existe un problema regulatorio en algunos conceptos, ¿a qué se debe? (regulación retroactiva, regulación mal planteada, regulación parcial, inseguridad jurídica)
En la línea de la pincelada que he dado anteriormente, vemos un mercado mal regulado de base por decisiones que se han tomado sin analizar con rigor y técnicamente los efectos que acabaran teniendo en el sector. Otro motivo es la regulación retroactiva: no tiene ningún sentido que se regulen obligaciones anuales mediante una normativa publicada en el BOE en agosto o julio, que provoca estar trabajando bajo una inseguridad jurídica. Como empresarios en este sector asumimos un riesgo mínimo, pero no podemos seguir a largo plazo con un riesgo legal que se añade a otros riesgos.
En esta línea, estamos viendo cómo empresarios del sector que no son miembros de la UPI pero que tienen gran tradición en el mercado deciden abandonar la actividad al por mayor, no por la competencia sana sino por supervivencia, ya que no pueden competir en un sector lleno de fraude, con una regulación a medias y mal planteada y, esencialmente, no pueden convivir con esta inseguridad jurídica.