La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) “instan al Gobierno a arbitrar una reducción de la fiscalidad que soportan los carburantes que se consumen en nuestro país, de forma temporal y extraordinaria”.
Dada la coyuntura económica actual, ambas organizaciones empresariales “consideran imprescindible una revisión a la baja de la carga fiscal de los hidrocarburos. Esta medida extraordinaria, que podría ser adoptada durante un periodo concreto y limitado de tiempo, contribuiría a mitigar la dificilísima situación que atraviesa la economía española, en general, y de los sectores del transporte y de las estaciones de servicio en particular”.
En una nota de prensa conjunta ambos colectivos apuntan que el pasado fin de semana, en la XXVI Conferencia de Presidentes celebrada en la isla de La Palma, “el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una rebaja de impuestos para los sectores afectados por las consecuencias de la guerra de Ucrania. Sin embargo, pese a que muchos de los presidentes autonómicos sí han solicitado la revisión de la fiscalidad de los carburantes, el jefe del Ejecutivo no ha concretado en qué consistirán las medidas anunciadas”.
CEEES y Astic estiman “que una situación excepcional como la que viven Europa y España requiere la adopción de medidas igualmente excepcionales, entre las que ambas entidades destacan la reducción del IVA, la exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos y la devolución mensual del gasóleo profesional. Propuestas que ya se están llevando a cabo en otros Estados miembro de la Unión Europea, como Portugal, Irlanda, Polonia, Eslovenia o Francia, donde a partir del 1 de abril el Gobierno rebajará 15 céntimos de euro por litro el precio del combustible”.
“La reducción de la fiscalidad sobre los carburantes supondría un verdadero ‘balón de oxígeno’ para las empresas españolas, que asisten impotentes a una escalada de los precios de los carburantes que mina su competitividad y provoca un estrangulamiento financiero de nuestro tejido productivo”, añaden ambos colectivos.
“Somos conscientes de la dificultad que puede suponer para el Ejecutivo rebajar la fiscalidad de los combustibles, dado que España, como Estado miembro de los 27, debe mantenerse en la línea de actuación marcada por Bruselas, pero nos encontramos en una situación verdaderamente excepcional que requiere de medidas excepcionales mediante un periodo de tiempo acotado, si queremos que nuestras empresas se mantengan a flote”, declara el vicepresidente ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia.
“La situación de la economía española es insostenible y las empresas del sector de la distribución minorista de carburante estamos al borde del abismo”, asegura el presidente de CEEES, Jorge de Benito. En su opinión, “no solo necesitamos una reducción -al menos temporal- del IVA que se aplica a los carburantes; nuestras dificultades son tales que, sin ayudas por parte de la Administración, no pocas estaciones de servicio, en su mayoría pymes y micropymes, corren un riesgo cierto de cierre”.