- Una oleada de ofertas a derribo de distribuidores fantasma pone patas arriba a todo el sector
- Las petroleras y estaciones de servicio low cost piden la intervención de la Agencia Tributaria
- El Gobierno ha dado tres meses de margen para vetar la venta entre distribuidores
El fraude en la venta de diésel en España se ha disparado tras la aprobación el pasado 28 de diciembre de un paquete de medidas por parte del Gobierno que persigue el efecto contrario. Los tres meses de moratoria que ha dado el Ejecutivo para evitar la venta entre distribuidores y poner coto a este agujero ha provocado que los operadores pirata hayan lanzado una ofensiva que está poniendo patas arriba a la distribución de hidrocarburos.
Según fuentes consultadas por este diario, un total de 921 estaciones de servicio ofrecen precios inferiores al umbral mínimo de rentabilidad del sector.
Alrededor del 8% de las gasolineras -que pueden suponer el 10% de las ventas– tenían el pasado 24 de enero un precio en su monolito que se situaba por debajo de esta referencia, calculada con la suma del coste de la cotización internacional del producto, las tarifas logísticas, el Impuesto Especial de Hidrocarburos, la tasa de eficiencia energética y las exigencias regulatorias (biocarburantes, etc).
Esta situación, coinciden tanto la patronal de las grandes petroleras AOP como la de las gasolineras ‘low cost’ Aesae, está generando una fuerte competencia desleal por el incremento del número de operaciones anómalas que se está registrando y que se suman a los problemas ya existentes de fraude en el sector.
El propio Ejecutivo reconocía en la exposición de motivos de esta norma que se habían detectado «crecientes prácticas fraudulentas en el sector de los hidrocarburos líquidos por incumplimiento de sus obligaciones sectoriales respecto de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), el Sistema de Información para la Certificación de los Biocarburante (SICBIOS) o el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), así como fiscales (IVA, IIEE)».
Precios «truchos»
La práctica habitual de los defraudadores consiste en la creación de una distribuidora pirata que vende por debajo del precio de mercado hasta que llega el momento de pagar el correspondiente IVA o IIEE y dicha sociedad desaparece.
La norma permite que distribuidores al por menor puedan suministrar a otros distribuidores, lo que ha generado este descontrol. Cuando en 2015 se introdujo esta medida, se consideraba que podría tener un impacto favorable tanto en la competencia como en los precios del consumidor final, ya que suponía una apertura del mercado tanto a operadores como a distribuidores. Sin embargo, en la práctica se ha comprobado que desde 2015 el efecto ha sido el contrario.
Por el camino, los operadores fraudulentos que ofrecen estos precios de gasóleo «truchos» -como se les califica en el sector- han ofrecido a las diversas redes de estaciones de servicio cotizaciones mucho más bajas que los grandes operadores para incrementar rápidamente la venta de litros y desaparecer con el botín generado.
Anteriormente, los operadores al por mayor eran los únicos sujetos que hacían uso de las infraestructuras logísticas y suministraban al resto de empresas desde los depósitos fiscales.
Ahora, la estructura del mercado es muy diferente y las compañías han ampliado su cartera de clientes, dando acceso no sólo a los mayoristas sino también a estos agentes que utilizan la norma de forma fraudulenta.
Las estaciones de sevicio, no obstante, no incurren en principio en ninguna irregularidad, ya que reciben las ofertas correspondientes y no pueden detectar a priori el fraude fiscal puesto que se les factura con impuestos, aunque evidentemente son conscientes de los precios fuera de mercado que reciben.
Según un análisis llevado a cabo por expertos del sector con datos del Geoportal, compañías como Plenoil, Ballenoil, Petroprix, Gasexpress o Beroil estarían vendiendo a precios más económicos que el resto de estaciones de servicio, ya que en algunos de sus puntos de venta se registraron niveles situados por debajo de dichos umbrales de referencia.
Según explica el presidente de la patronal low cost, Manuel Jiménez, esta situación no supone que hayan realizado compras a operadores fraudulentos, sino que en muchas ocasiones tienen que responder a los precios existentes en el mercado para poder sobrevivir.
Este diario se puso ayer en contacto con Ballenoil que certificó que en todo momento sus operaciones de compra se han limitado a los grandes operadores petrolíferos. La compañía justifica estas rebajas en que «hemos detectado una fuerte presión competitiva inusual en determinadas zonas, lo que se traslada al precio del monolito, y eso nos ha obligado en determinados puntos a mantener una determinada oferta comercial para nuestros clientes con objeto de no perderlos». La empresa incluso va más allá y asegura que Ballenoil facilitará en todo momento y colaborará con cualquier administración del Estado, que así lo requiera, con objeto de erradicar la existencia de cualquier fraude en el sector.
Por su parte, Petroprix indicó que compra el producto en el mercado mayorista únicamente a los principales operadores, aunque añadió también que «esta situación provocada por el contexto de mercado nos está forzando, a los que cumplimos con la legalidad y con todos los requisitos tanto técnicos como de calidad y normativa, a ir muy ajustados de margen en muchos sitios» y mostraron su esperanza de la que situación se corrija en marzo, cuando acabe el plazo transitorio del Gobierno.
Según explica Jiménez, «cuando se produce una venta de operadores truchos en una zona, la situación afecta a todas las estaciones de servicio que en muchos casos responden con bajadas de precios aunque les suponga perder dinero para no ceder clientes».
En el lado positivo de la balanza, el Gobierno observa el continuo aumento de empresas que ejercen la actividad de operador al por mayor, lo que garantiza que el suministro de productos petrolíferos para su posterior distribución al por menor en condiciones de libre competencia, ya que actualmente hay más de ciento diez empresas dadas de alta. Esta situación, indican, es muy diferente a 2015, con un número mucho más limitado de operadores al por mayor en el mercado.
Este tipo de prácticas fraudulentas genera además un importante agujero fiscal que ya se está convirtiendo en una pesadilla para el Gobierno y que el sector cifra en 1,3 millones metros cúbicos en 2023 (5% de las ventas del sector), que podrían incrementarse considerablemente este año.
Tal y como ya adelantó elEconomista.es, la Agencia Tributaria eleva a cerca de 700 millones de euros el nivel de morosidad alcanzado en 2022. Es decir, que estos impagos equivaldrían a casi el 6% de la recaudación total del impuesto de hidrocarburos y se espera que esa cifra se incremente notablemente con los datos de año 2023.
Ante esta situación, la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas indicó a elEconomista.es que pedirá a la Agencia Tributaria que incremente su vigilancia para atajar el fraude que se pudiera estar produciendo, al tiempo que agradece su trabajo en los últimos meses para luchar contra estas prácticas anticompetitivas.
Para Aesae es necesario acortar el plazo de tres meses para poner en marcha la nueva normativa o bien aumentar el control sobre estas «comercializadoras» para que no afecte a la transparencia y competencia en el mercado.
El presidente de la asociación pedirá al organismo competente una reunión para tratar este tema y proponer una solución rápida y eficaz contra esta situación que vive el sector.
Por su parte, la Asociación Española de Operadores Petrolíferos, que agrupa a las grandes petroleras, explica que «el fraude lleva produciéndose, especialmente desde el año 2015, en materia de IVA, ocasionando no solo un problema de competencia desleal en el sector, sino también, un perjuicio a las arcas públicas y al consumidor final».
Contra el fraude en el IVA, además de la intensificación de los esfuerzos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la lucha contra las organizaciones criminales, debe ponerse especial cuidado en una temprana reacción contra los defraudadores para que el impacto económico sea mínimo.
La Asociación señala que existe también un fraude en la venta de biocarburantes. El incumplimiento por parte de algunos operadores de las obligaciones de biocarburantes, está atentando contra la competencia en el sector ya que, sólo en 2022, siete empresas no han sufragado su deuda con el mecanismo de fomento de biocarburantes, SICBIOS, por un importe total de 95 millones de euros.
La venta de este tipo de productos se verifica por un sistema de certificación, de forma que existe la posibilidad de cumplir parcialmente la obligación de venta de biocarburantes mediante un pago compensatorio.
AOP denuncia que conforme se han incrementado las obligaciones de venta de biocarburantes, se han ampliado los importes no ingresados por el déficit de certificados que a cada sujeto le corresponde obtener. Para resolver esta situación, que complica también la competencia en los puntos de venta, el sector urge la aprobación de una norma que establezca la obligación de presentar una garantía financiera para el ejercicio de la actividad.
Normativa en el cajón
El Ministerio de Transición Ecológica mantiene desde hace meses sin publicar una orden ministerial que pretende unificar los mecanismos de fomento de los biocarburantes y otros combustibles renovables con el fin de poner coto al fraude con un mecanismo de alerta temprana.
La nueva normativa -que supone que el Ministerio se quedaría con algunas funciones que tenía encomendadas la CNMC- regula el sistema de certificados, así como el establecimiento de las fórmulas de cálculo para estas obligaciones y los límites necesarios con el objetivo de cumplir los objetivos de este tipo de combustibles.
En los borradores que se han sometido a consulta se preveía que esta senda tuviera un carácter descendente desde el 31 de diciembre de 2023 hasta alcanzar un valor del 0% antes del 31 de diciembre de 2030, pero la norma sigue en el cajón. La previsión del Ministerio era que los operadores que cumplen en un porcentaje superior al 75% de la obligación no tendrían un impacto económico adicional, frente a la regulación actual en la que tienen que hacer frente a un desembolso de 1.623 euros por cada certificado.
Aquellos que cumplen su obligación entre el 60% y el 75% verán un incrementó de un 10% en el pago compensatorio y los que no llegasen a ese 60% sufrirán un incremento del 25%, con el objeto de dar un paso más en el impulso de la venta o consumo de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.
Impulso a los biocarburantes
Appa, la patronal de energías renovables, ha pedido al Gobierno que lance un plan de acción para impulsar los biocarburantes. Para ello reclama el incremento sustancial de los actuales objetivos fijados hasta 2026 y su extensión, al menos, hasta 2030. El consumo real de biocarburantes en España, de acuerdo con los últimos datos de Eurostat, se situó en 2022 en sólo 1,4 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep), lo que supone una bajada del 18% con respecto al consumo alcanzado en 2019 (1,7 Mtep). Esta importante disminución del consumo real de biocarburantes se achaca también a la situación de fraude existente en el sector.