El Gobierno estima que la obligatoriedad de instalar puntos de recarga eléctricos en los próximos años en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, que afecta a aproximadamente el 10% de la red del país, tendrá «un impacto mínimo» para el conjunto del sector, con un coste de unos 44 millones de euros.
Según consta en la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el coste promedio por punto de recarga, teniendo en cuenta todos los costes asociados, sería de unos 40.000 euros.
La obligación de instalar puntos de recarga afectaría a ese 10% de la actual red de estaciones de servicio, alcanzando así a unas 1.105 gasolineras.
La distribución geográfica de las instalaciones afectadas está directamente relacionada con las zonas de mayor demanda, concentrándose por tanto en grandes núcleos de población, zonas industriales y puntos neurálgicos de repostaje a lo largo de toda la red estatal de carreteras.
La medida incluida en la ley establece una potencia mínima para el poste de recarga de 50 kW (rápido) en corriente continua (DC). No obstante, diferentes implementaciones (varios puntos de 50 kW o de mayor potencia) podrían ser consideradas por los titulares de las estaciones de servicio.
En el caso, por ejemplo, de una recarga de 100 kW (superrápido) el coste de la inversión por poste se elevaría hasta los entre 100.000 y 200.000 euros, con un impacto que se iría hasta los 111 millones de euros si se adoptarán en la totalidad de las más de 1.100 estaciones de servicio.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico valora también que este despliegue «se traduciría en el incremento de la actividad para los sectores de actividad dedicados a la planificación y diseño de las instalaciones».