El Congreso da luz verde de forma definitiva a la norma por la que el país dirá adiós a los gases de efecto invernadero.
Por primera vez, España ya tiene una ley de cambio climático. El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente este jueves la norma por la que el país dejará de emitir gases de efecto invernadero en menos de tres décadas. Para ello dirá adiós a la venta de coches diésel y gasolina en 2040, modificará el sistema eléctrico para que sea 100% renovable y prohibirá la explotación de hidrocarburos, entre otras medidas. Esta norma, poco a poco, cambiará la forma de vivir, de producir y hasta el paisaje de España.
La Ley de Cambio Climático ha sido aprobada con el apoyo de la mayoría de los grupos, la abstención del PP y de Más País-Verdes Equo y el rechazo de Vox. «Es una ley que el país necesitaba y que se había postergado demasiado tiempo», ha asegurado la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, en el Pleno del Congreso. Lo cierto es que desde asociaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción, esta ley se les queda corta en su objetivo de reducción de emisiones. También para partidos como Más País-Verdes Equo.
El objetivo fundamental es que España sea neutra en carbono en 2050. Entre medias, en 2030 deberá haber recortado al menos un 23% de sus gases de efecto invernadero respecto a 1990; y la penetración de energías renovables deberá ser de al menos el 42% en el consumo de energía; mientras que en el sistema eléctrico la generación será, por lo menos, un 74% de origen renovable. Unos objetivos que deberán ser revisados en 2023.
Son unos objetivos que cambiarán el día a día de los españoles una vez entre en vigor la ley con su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Estas son algunas de las repercusiones:
Zonas de bajas emisiones en ciudad
Se evitarán caos jurídicos como el de Madrid Central y se transformará el corazón de las ciudades. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán crear zonas de bajas emisiones en los próximos tres años. Es decir, poblaciones como Toledo o Gandía deberán imponer restricciones al tráfico, pero también impulsar la electrificación de la red de transporte público o facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta. Además, podrá haber criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de centros escolares y sanitarios y para modificar este tipo de normativa en cualquier ciudad será necesario contar con un informe de la autonomía.
Fin de coches diésel y gasolina
Fue una de las medidas más sonadas cuando la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó la norma en 2018. En 2050 se espera que los españoles circulen en vehículos comerciales ligeros «sin emisiones directas de CO2». Para ello, se prevé que en 2040 dejen de venderse coches diésel, gasolina o híbridos. Según ha quedado redactado, los vehículos deberán emitir «cero gramos» de dióxido de carbono, lo que a día de hoy limitaría las opciones a los eléctricos y a los de pila de hidrógeno.
Más puntos de recarga
Es un problema acuciante para quienes viajan en coche eléctrico en España: la falta de puntos de carga. Ante la carestía actual, las gasolineras se verán obligadas a instalar puntos de carga eléctrica y se crea un plan progresivo que comienza con las mayores gasolineras, para instalar el servicio. Así, las primeras –las más grandes–, deberán tener al menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 150 kW en un plazo de 21 meses a partir de la entrada en vigor.
También será obligatorio en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en edificios privados no residenciales con aparcamientos de más de 20 plazas.
Educación ambiental
El cambio climático entrará de lleno en los colegios y universidades. La nueva ley de cambio climático obligará a hacer modificaciones y revisar el sistema educativo. Se busca reforzar el conocimiento sobre el cambio climático y sus implicaciones y «la adquisición de la necesaria responsabilidad personal y social», dice la ley. Para ello, el Gobierno revisará el tratamiento del cambio climático y la sostenibiIidad en el currículo básico de las enseñanzas de manera transversal.
Fin de ayudas
De manera inmediata, además, no habrá nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil, salvo que haya motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas. Además, se hará una propuesta de calendario para la revisión de las ayudas y medidas que favorezcan el uso de los productos energéticos de origen fósil.
Más ferrocarril
Los españoles viajarán más en ferrocarril, o esa es la intención de la nueva ley. Se desarrollará en los objetivos en la futura ley de movilidad sostenible, que también contemplará objetivos de penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías en distancias superiores a los 300 kilómetros.
Empresas con objetivos
Las grandes empresas deberán calcular y publicar su huella de carbono. A partir de ahí, estas empresas deberán elaborar y publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y plantear su ejecución en un horizonte temporal de cinco años, junto con las medidas para su consecución. Además, a partir de 2023, también las entidades financieras deberán publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París.
Consultas a los ciudadanos
Cualquier ciudadano podrá ser llamado para opinar sobre planes, estrategias o programas climáticos. España creará una asamblea ciudadana a nivel nacional y se recomendará que se establezcan asambleas autonómicas y asambleas municipales. Su composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres e incluirá la participación de jóvenes.
Más leyes
La norma prevé ser completada con otras leyes aún pendientes. Por ejemplo, seis meses después de su aprobación, el Gobierno elaborará un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación. También se espera una ley sobre residuos y otra sobre movilidad sostenible, así como una comisión para analizar una reforma fiscal verde, entre otros.
Críticas ecologistas por los objetivos
Curiosamente, han sido asociaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción y partidos como Más País-Verdes Equo quienes más críticos se han mostrado con la nueva norma. Es una ley necesaria y positiva, reconocen, pero que se ha quedado demasiado corta en su objetivo de reducción de emisiones.
La meta aprobada conduce a que España sea neutra en carbono en 2050. Entre medias, para 2030, deberá haber recortado al menos un 23% sus gases de efecto invernadero respecto a 1990. Pero las organizaciones ecologistas reclamaban que ese objetivo intermedio fuera superior al 55%. PSOE y Podemos han intentado aplacar las críticas con una enmienda que obliga a revisar los objetivos al alza en 2023. Pero no ha sido suficiente.
«Esta ley nace sobrepasada, cansada y va demasiado despacio», ha valorado la diputada de Más País-Verdes Equo, Inés Sabanés, quien recordó que Alemania acaba de aprobar un recorte del 65% de sus emisiones para 2030. «Corremos el serio riesgo de quedarnos, otra vez, en el vagón de cola de Europa», advirtió.
Es prácticamente el mismo argumento que plantean desde organizaciones ecologistas como Greenpeace. «Esta ley es un punto de partida mucho menos ambicioso del que necesitamos, por eso hay que seguir trabajando», dice Alicia Cantero, responsable de la Unidad Política de Greenpeace. El texto es un punto de partida, sí, pero solo aumentando los objetivos frenará la ‘emergencia climática’. No se trata exclusivamente de las emisiones. Para la organización, la prohibición de los coches contaminantes debería fijarse en 2028, por ejemplo, y es necesaria una profunda reforma fiscal que apenas se apuntala en el texto legislativo.
Más tajantes aún se mostraron desde Ecologistas en Acción, organización que asegura que la ley climática «falla de nuevo» en atender las indicaciones científicas. «Se queda muy lejos incluso de lo que el mismo Gobierno ha aprobado en las instituciones europeas», critican en un comunicado. «Este es un aspecto clave que, por sí solo, hace que la ley nazca obsoleta», aseguraron. Aunque creen que hay puntos positivos (como la prohibición de la minería de uranio, de las prospecciones de combustibles fósiles o el cálculo de la huella de carbono en el sector financiero, así como el objetivo 100% renovable en el sistema eléctrico en 2050), también opinan que la ley se ha debilitado durante su tramitación política. Interpretan que se ha dejado la puerta abierta al uso del gas en todo el transporte y que no se aborda el incremento de los viajes en avión, entre otras cuestiones.