- Las estaciones de servicio aseguran que se vende ‘carburante trucho’ hasta un 21% más barato
- Los empresarios de estaciones de servicio aprecian una colaboración necesaria en las gasolineras que los ofertan
- Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI preparan una batería de propuestas para el Ejecutivo
El fraude en los carburantes se ha disparado en España desde finales del pasado mes de diciembre, tal y como adelantó elEconomista.es, tras la aprobación de un batería de medidas destinadas a combatirlo. El decreto impulsado por el Gobierno falló al otorgar tres meses de carencia para su entrada en funcionamiento lo que ha servido para que los operadores piratas hayan lanzado una oleadas de ofertas a derribo que está poniendo en serios apuros a la distribución de hidrocarburos en nuestro país.
Ante esta situación, que está provocando que casi 1.000 estaciones de servicio estén ofreciendo carburantes por debajo de su precio de referencia, algunas de las principales organizaciones del sector han salido al paso y se han puesto a trabajar en un paquete de propuestas de emergencia.
Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI están trabajando en una batería de medidas para proponerle a la Administración que aborden desde el ámbito fiscal, fundamentalmente para garantizar el ingreso del IVA, y medioambiental, hasta el de importación y el control administrativo, pasando por el del ejercicio de la actividad.
El objetivo es poner estas medidas en conocimiento del Gobierno para trabajar conjuntamente en los avances necesarios para frenar el fraude en España, y, en consecuencia, garantizar la seguridad de suministro de combustibles y preservar la competitividad del sector, la protección de los usuarios y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.
Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI aplauden la incorporación de medidas orientadas a la lucha contra el fraude en la distribución de combustibles, recogidas en el reciente Real Decreto-Ley 8/2023, pero animan al Gobierno a tomar medidas adicionales que contribuyan a este objetivo, que constituye un problema muy grave.
Las asociaciones firmantes consideran que es necesaria mayor determinación y nuevas medidas para perseguir y erradicar el fraude. Las patronales ya han denunciado en reiteradas ocasiones la proliferación de prácticas fraudulentas por incumplimiento de obligaciones sectoriales, como la de incorporación de biocarburantes, o de obligaciones fiscales, principalmente el IVA, ocasionando problemas de competencia desleal en el sector, así como para las arcas públicas, y los consumidores finales y la apuesta por la descarbonización de la economía.
En este sentido, productores y distribuidores valoran positivamente la prohibición de suministro entre distribuidores al por menor y de distribuidores al por menor a operadores al por mayor, dado que esta práctica facilitaba la creación de entramados societarios fraudulentos, tal y como reconoce la propia exposición de motivos de la norma, que actúan con total impunidad.
Del mismo modo, también consideran favorable la posibilidad de inhabilitar de manera permanente a aquellos operadores al por mayor que incurran en infracciones muy graves, como sería, por ejemplo, el incumplimiento de sus obligaciones de venta o consumo de biocarburantes, si bien esta medida para ser eficaz requiere que se mejoren los mecanismos de control del cumplimiento de las obligaciones y se agilicen los procesos de inhabilitación de los operadores incumplidores.
Por otro lado, recuerdan la importancia de agilizar la aprobación de la Orden ministerial, sometida a consulta en 2023, que incrementa la periodicidad del control del cumplimiento de los objetivos de incorporación de biocarburantes en el transporte, pasando a verificaciones trimestrales frente a las anuales actuales, y amplía el seguimiento e incrementa las cuantías de los pagos compensatorios ordenados a aquellas empresas que no incorporen el porcentaje mínimo de biocombustibles establecido.
De hecho, la propia exposición de motivos del citado Real Decreto-Ley señala que siete empresas han dejado de pagar al Estado 95 millones de euros por este concepto sólo en 2022. En todo caso, consideran un buen punto de partida el RDL 8/2023, tanto por su exposición de motivos como por las medidas que incluye, y anima a la Administración a seguir avanzando en esa dirección.
Colaboradores necesarios
En la misma línea, la Confederación de Empresarios de Estaciones de servicio (CEEES) aseguró que las gasolineras que adquieren estos combustibles a precios anormalmente bajos -conocidos en el sector como precios truchos- son perfectamente conscientes de su papel de colaboradores necesarios en la comisión de un delito, pues adquieren el carburante a precios reducidos y luego lo venden al consumidor final a un PVP muy inferior al que se registra de media en esa zona.
Estas estaciones de servicio, que compran carburante a sabiendas de que su proveedor no ingresará después el IVA tal y como debería hacer, ejercen una competencia absolutamente desleal para con aquellas instalaciones que compran a los operadores que sí cumplen las reglas del juego, que son la mayoría.
Si un operador suministra combustible a una gasolinera y sabe que luego no va a liquidar el IVA, puede ofrecer el producto hasta un 21% más barato que el resto de oferentes. Y el comprador puede, por tanto, poner ese producto a la venta a un precio imposible de igualar por quienes respetan las normas y contribuyen al sostenimiento del estado del bienestar.
La Administración sabe qué es un precio anormalmente bajo dadas las condiciones específicas de un determinado mercado. Pero navega entre dos aguas, pues por un lado estos defraudadores contribuyen a mantener a raya la inflación, mientras que en el otro platillo de la balanza las arcas del Estado dejan de recaudar cantidades muy importantes, de hasta 700 millones de euros anuales según los cálculos de la Agencia Tributaria.