En rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros, al ser cuestionada sobre la fiscalidad verde, Ribera reiteró que, salvo cuestiones sociales justificadas, será el fin a las subvenciones para vehículos propulsados con combustibles de origen fósil y añadió que “se procederá a hacer un análisis y revisión de los que existen”.
En este sentido, la titular de la cartera de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló que la fiscalidad verde “cobra especial interés” en la hoja de ruta del actual Ejecutivo. En este sentido, concretó que llevan meses trabajando y revisando la fiscalidad en lo que se refiere a la figura del cambio climático y protección del medio ambiente con el objetivo de tomar decisiones en dos direcciones.
Montero aludió a ciertas medidas coercitivas para acciones perjudiciales al medio ambiente así como otros incentivos encaminados a conseguir una economía neutral en emisiones de CO2: “Acometer aquellas figuras que no tienen afán recaudatorio pero que son disuasorias de comportamientos perjudiciales medioambientalmente y los incentivos fiscales que el sistema pueda coger para producir, animar e impulsar la transformación del sector productivo y caminar en la dirección a 2050 una economía neutral en carbono”.
Montero destacó que éstos son “los elementos fundamentales” en lo que se refiere a la fiscalidad verde y que se irán “poniendo en valor y en marcha en la medida que los expertos concluyan con la definición de cada una de las figuras”.
Ribera se remite a Bruselas respecto al horizonte 2050
Por otro lado, la responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, resaltó que en el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el que trabaja el Gobierno se “mantiene a rajatabla” lo establecido por la Unión Europea, que contempla que desde 2050 no podrán circular vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2).
Ribera explicó que esta decisión se basa en un principio de neutralidad tecnológica y recordó que varios Estados miembro de la UE han remitido una carta a la Comisión Europea (CE) para adelantar este horizonte temporal.
“No queremos desvincularnos de lo que se adopte y lo que se proponga a nivel comunitario”, aseguró la ministra, que señaló que todavía quedan pendientes aspectos vinculados a regulaciones relacionadas con la movilidad sostenible y la fiscalidad con el fin de abordar la emergencia climática.
Además, indicó que el texto en el que trabaja el Ejecutivo recoge una modificación que ahora contempla la obligatoriedad de que todos los municipios de más de 50.000 habitantes creen zonas de bajas emisiones.
Para lograr estos objetivos, Ribera señaló la necesidad de que se acompañe a un sector fundamental para la economía y a las diferentes asociaciones empresariales en esta transformación que están sufriendo, algo que se hará de forma coordinada con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.