- Eleva un 25% su precio para favorecer la producción nacional pero subirá los carburantes
El Ministerio de Transición Ecológica quiere incrementar el uso de biocarburantes y para lograrlo ha incrementado desde 1.623 euros a 2.029 euros el coste de los certificados que utilizan los operadores petrolíferos para cumplir con los objetivos de mezcla obligatorios. A partir de ahora, Transición Ecológica aplica como primer gran cambio un control trimestral, en lugar de anual.
Las compañías que alcancen el 60% del objetivo de uso de biocarburantes no tendrán penalizaciones, pero aquellas que no hayan llegado a esta cifra mágica deberán comprar los certificados correspondientes haciendo frente al incremento del 25% en costes que ha aplicado el Ejecutivo y con la posibilidad de la inhabilitación, que ya se introdujo en el Real decreto 8/2023.
En caso de que el operador no alcance el 75% del objetivo, el recargo se queda en el 10%.
Asimismo se llevará a cabo una revisión anual que además contará con un multiplicar incremental por incumplimientos. Por ejemplo, cada certificado con hidrógeno o para aviación, supone una mayor cantidad con lo que permite introducir una menor cantidad de producto y compensa la apuesta económica.
Transición Ecológica aspira a acabar con el incentivo que existía previamente en el que la compra de certificados resultaba más barata que la utilización de biocarburantes para los operadores al tener un menor precio. La consecuencia directa de esta decisión será que se lograrán unos combustibles más limpios, pero también con un precio previsiblemente más alto.Crece el fraudeLa medida pretende también contribuir a evitar un problema creciente de incumplimiento de las obligaciones. Si en 2022 el agujero generado por siete empresas ascendió a 95 millones de euros, ya en 2023 esta cifra se ha elevado a 591 millones en el año 2023.
Aevecar, AOP, APPA, ATliq, Bio-e y UPI, que representan a toda la cadena de valor de la producción y distribución de carburantes y biocarburantes y a más de 220.000 trabajadores y más de 800 empresas, consideran favorable la posibilidad de inhabilitar de manera permanente a aquellos operadores al por mayor que incurran en infracciones muy graves, como sería, por ejemplo, el incumplimiento de sus obligaciones de venta o consumo de biocarburantes, si bien esta medida para ser eficaz requiere que se mejoren los mecanismos de control del cumplimiento de dichas obligaciones y se agilicen los procesos de inhabilitación de los operadores incumplidores.
Los biocarburantes consumidos en España en 2022 (1,7 millones de toneladas) evitaron la emisión a la atmósfera de 4,65 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (GEI), lo que equivale a las emisiones medias anuales por el tubo de escape de 3,3 millones de coches nuevos matriculados en España entre 2019 y 20221. Así se puede estimar a partir de los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio, que cuantifican en un 81,7% el ahorro medio de emisiones de gases de efecto invernadero.
La UE apoya el despliegue de biocarburantes a partir de desechos y residuos financiando la investigación y las plantas de demostración. En el período de programación 2014-2020, el apoyo de la UE a la investigación ascendió a unos 370 millones de euros.