El incumplimiento se produce por la brecha de precio entre los biocarburantes y los combustibles tradicionales. Esto supone que un 4% del producto que va a mercado no lleve el bio obligatorio.
El uso de biocarburantes en el transporte, se ha convertido en una de las soluciones para aumentar el peso de las renovables en este sector y reducir sus emisiones en estos momentos de transición energética.
En marzo del pasado año, el Gobierno estableció que la obligación de penetración de biocarburantes sobre el total de ventas de combustibles en el trans- porte por carretera para 2021 fuera del 9,5% y del 10% para 2022, en línea con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que fija una cuota mínima de renovables en el transporte del 28% en 2030, mientras que la Directiva de Energías Renovables (REDII) fija ese objetivo en un 14% como mínimo.
En los seis últimos años, el fraude en el cumplimiento de los objetivos de biocarburantes ha alcanzado niveles preocupantes. Según José María Gordo, presidente de la Asociación Operadores Independientes del Sector Energético (UPI), “del cierre del ejercicio 2020 realizado por el Ministerio, se desprende que un 7% de los operadores al por mayor de productos petrolíferos (12% de los operadores con actividad), no incorpora total o parcialmente al carburante fósil el porcentaje obligatorio de biocarburante, ahorrándose el defraudador la diferencia de precio entre uno y otro, más los costes asociados a la mezcla. Esto supone que, aproximadamente, un 4% del producto que va a mercado no lleva el bio obligatorio (por el hecho de que unos operadores vendan más que otros)”.
Una valoración con la que la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) también se muestra de acuerdo. “Estas prácticas fraudulentas se producen por la brecha de precio entre los bio- carburantes y los combustibles tradicionales, a lo que se añade el incumplimiento masivo de pagos al Fon- do compensatorio por parte de los operadores con déficit de certificados. Esto no solo obstaculiza el avance en la reducción de emisiones, también provoca una competencia desleal dañando y desincentivando a las empresas cumplidoras”, afirma Andreu Puñet, director general de AOP.
Una deuda de 70 millones
La ley establece que los operadores petrolíferos que no pongan en el mercado las cantidades de biocarburantes requeridas por la obligación anual, debe- rán realizar un pago al fondo compensatorio que, desde el 1 de enero de este año, asciende a 1.623 euros por cada tonelada equivalente de petróleo de biocarburante -equivale a un certificado- que les fal- te, frente a los 763 euros que se pagaban hasta la fecha, una cifra que el Gobierno ha decidido actualizar al haber quedado desfasada respecto del cos- te diferencial entre los carburantes bio y los fósiles. Los ingresos generados por este concepto, se reparten entre los operadores que cuenten con exceso de certificados en relación a su obligación.
La solicitud de certificados debe formalizarse a través del Sistema de Certificación de Biocarburantes (SICBIOS), una plataforma informática que gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica y que funciona como un sistema de anotación en cuenta, en el que hay una certificación provisional (mensual) y otra definitiva (anual) que es auditada. Para la solicitud de certificados es necesario presentar la información acreditativa de la puesta a mercado de biocarburantes mezclados o no con gasolinas o diésel, que se verifica con terceras entidades -productores y almacenistas-. Los sujetos obligados tienen que acreditar el lugar de realización de la mezcla, estar al corriente en el pago de impuestos y cumplir los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes.
Según datos provisionales del Ministerio, el número de sujetos obligados al cumplimiento del objetivo de venta o consumo de biocarburantes acreditados en 2020 es de 95, frente a los 92 acreditados en 2019, de los que 50 han solicitado al MITECO la expedición de certificados definitivos (58 el año anterior), aunque 3 más también deberían haberlo hecho, ya que realizaron ventas o consumos de carburantes de automoción durante ese ejercicio. Asimismo, de los 42 sujetos restantes, 13 cesaron su actividad en 2017, 2018 y 2019, un total de 25 han sido inhabilitados, mientras que otras 4 empresas no tuvieron ventas o no se tiene constancia de las mismas.
Según la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía, un total de 6 empresas presentaron en 2020 déficit de certificados, frente a las 15 de 2019, lo que supone la obligación de realizar pagos compensatorios agregados por importe de 70,6 millones de euros, una cuantía económica un 30% superior a la del ejercicio anterior (50,9 millones) y la mayor hasta el momento.
Propuestas
Desde el sector opinan que el incremento anual de los objetivos de biocarburantes contribuye a que este tipo de fraude “resulte cada vez más rentable y tenga un mayor impacto, ya que la cantidad de biocarburantes que esas empresas dejarán de poner en el mercado aumentará cada año en términos porcentuales”, afirma Manuel Bustos, director de APPA Biocarburantes. El problema es que cuando la entidad certificadora constata los incumplimientos y reclama, se encuentra con que las empresas defraudadoras han desaparecido”, añade Bustos.
Por otra parte, desde el sector abogan por que el Gobierno defina lo antes posible los objetivos de biocarburantes a 2030, “al menos hasta 2025, tal y como solicitamos en su momento”, señala Bustos. Esto facilitaría a los operadores y productores -añade “poder hacer una planificación lo más ajustada posible en temas de aprovisionamiento de materia prima, fabricación, logística, etc.”.
El Gobierno ha anunciado que este año aprobará un Real Decreto para fijar las obligaciones de biocarburantes para años sucesivos a 2022, aunque no ha especificado hasta cuántos serán, en lugar de hacerlo en el Real Decreto de transposición de la parte de biocarburantes de la REDII que, previsiblemente, se aprobará en el primer trimestre de este año, tal y como manifestó en su día.
Una de las medidas para combatir el fraude, según el director general de AOP, es el establecimiento de “una garantía financiera proporcional a las obligaciones en materia de biocombustibles que tiene cada operador como condición necesaria para operar al por mayor”. Esta medida, indica Puñet, tendría un carácter “claramente disuasorio para el que pretenda incumplir, dificultando el fraude y, en caso de que éste se produjera, las Administraciones podrían recuperar, al menos en parte, el dinero defraudado”. Asimismo, añade, sería igualmente necesario “un sistema ágil de reporte del cumplimiento de las obligaciones y del régimen sancionador oportuno para aquellos operadores que incumplan”.
Por su parte, el presidente de UPI opina que una de las razones por las que el fraude en relación a los biocarburantes sigue creciendo en nuestro país es “el deficiente control de la obligación que la Administración ejerce a través de SICBIOS”. Entre las soluciones para erradicarlo, la asociación propone mejorar y agilizar los mecanismos de control que, según explican, “vienen funcionando con notable retraso desde hace años por problemas informáticos”. Asimismo, consideran que “una sencilla liquidación trimestral con pagos compensatorios a cuenta de la liquidación anual -recuperables al término del siguiente trimestre o del ejercicio-, en lugar de una definitiva anual, reduciría el riesgo de fraude en un 75%”.
