Tras el Consejo de Ministros de este martes, 21 de enero, el Ejecutivo de Sánchez retoma su guerra particular contra los vehículos de combustión, y muy especialmente contra los diésel.
En este contexto, insiste en dos medidas fundamentales. Una de ellas consiste en obligar a todas las localidades con más de 50.000 habitantes a implantar la prohibición de estos vehículos a circular por sus calles y carreras, no contemplando zonas habilitadas para sus desplazamientos, salvo casos extraordinarios.
La otra medida se centra en equiparar los impuestos sobre el gasóleo con los que gravan la gasolina. Sin duda esta medida tiene un evidente afán recaudatorio, aunque lo nieguen desde el Gobierno, ya que supondrá un incremento sustancial de ingresos, dado que precisamente entre los vehículos a gasóleo se encuentran los camiones, furgonetas, vehículos comerciales, flotas de vehículos de empresa y muchos taxis de poblaciones donde el GLP no está disponible en las proximidades; es decir, el grueso de la movilidad por carretera en que el vehículo es de uso obligado por tratarse de una herramienta imprescindible de trabajo.
No en vano, el consumo de gasóleo de automoción multiplica por más de cuatro al consumo de gasolina. Aunque los datos definitivos del conjunto de 2019 no se encuentran aún disponibles, el consumo de gasóleo se situará en el entorno de los 23,5 millones de toneladas, mientras que la gasolina apenas si llegará a los 5,5 millones de toneladas en el sector de automoción a lo largo del ejercicio.
El incremento de los impuestos al gasóleo conllevará, sin duda, un encarecimiento de todos los productos transportados por carretera y de los servicios prestados que requieren desplazamientos en vehículos, lo cual redundará en un ascenso de la inflación en un momento en que España apunta a una recesión. Mala fórmula para la economía española y el consumo interno, las empresas y el empleo, que además se verán afectados por la subida del salario medio interprofesional que encarece los costes en recursos humanos, si bien se ha rebajado el objetivo de los 1.200 a los 950 euros aprobados.
En definitiva, estas medidas ya empiezan a evidenciar que el incremento de la recaudación por la Administración Pública, recaerá sobre los de siempre, que no son precisamente los ricos del país, ya que no tienen precisamente vehículos eléctricos de gamas media y alta ni tampoco un Maserati o Ferrari en su garaje. Como siempre, los sectores más desfavorecidos que emplean a nivel particular el diésel, por su menor consumo y precio del combustible, al igual que empresas y profesionales, pagarán la factura. No los ricos.
Por otra parte, Teresa Ribera justifica su cruzada contra el diésel por sus emisiones de carbono, aunque éstas son directamente proporcionales al consumo del vehículo. Esto quiere decir que en modelos iguales un motor de gasolina emite más gramos de CO2 por kilómetro que un diésel al requerir un mayor consumo. Algo tan evidente y científico la titular de Transición Ecológica lo ignora por completo intencionadamente. La cuestión fundamental se centra que una subida de impuestos al gasóleo resulta mucho más rentable para el Estado (y también para el tramo autonómico) por su mayor volumen de consumo.
Ribera también quiere ignorar el incremento que estos anuncios producen en la incertidumbre para el consumidor y en el perjuicio para un mercado nacional de automoción que ve caer sus ventas de turismos mes tras mes, especialmente en el canal de particulares. Nunca un consumidor ha estado tan desorientado a la hora de hacer la segunda inversión más importante de su vida: su coche.
Por otra parte el carbono también es necesario para mantener el equilibrio y no pretende lograr cero emisiones de CO2 sino una señal neutra, es decir, entre lo que elimina la vegetación y lo que se recoge a través de la captura de carbono no debe superar las emisiones.
Si realmente el Ejecutivo tuviera en consideración como dice a un sector tan importante para la economía española como es la automoción, desarrollaría un proyecto conjuntamente con los expertos del sector y lo daría a conocer una vez consensuado y aprobado. Esto acabaría definitivamente con la incertidumbre y aportaría certeza y estabilidad al mercado.
Evidentemente es una apuesta de alto riesgo, tanto en el plano económico como en el sentido práctico. ¿Han pensado en una solución para casos como los acontecidos en estos días, en que hay poblaciones que se han quedado sin suministro eléctrico? ¿Cómo podrán desplazarse los afectados si la disponibilidad de sus vehículos depende del suministro eléctrico? Evidentemente se verán condenados a quedar inmovilizados hasta que se restablezca el suministro, que puede tardar uno o tres días, tiempo en que no podrán acudir a una urgencia o hacer la compra necesaria. Por cierto, ¿los vehículos de emergencias (policía, ambulancias, bomberos, grúas de carretera o quitanieves) quedarán exentos de esta electrificación del parque?
Todo apunta a que la reducción de distintas opciones energéticas a una sola no parece ser la medida más inteligente, menos aún cuando la electricidad mantiene una constante tendencia al incremento de precios. Hemos invertido cientos de años en la diversificación de la energía y ahora retornamos hacia un monopolio de las fuentes energéticas en un evidente retroceso “progresista”. Será interesante observar el vuelo de los aviones eléctricos.
No es ninguna casualidad que las mayores potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia y China, se hayan quedado fuera de esta apuesta tan peligrosa en distintos aspectos.