“No debe descartarse ninguna opción energética, ninguna tecnología que permita descarbonizar la economía”, afirma María Ortiz, secretaria general de la Unión de Petroleros Independientes, UPI. En opinión del colectivo empresarial, hay que mejorar la calidad del aire, pero minimizando costes y permitiendo que el consumidor elija la fuente energética que prefiera.
«La neutralidad tecnológica permite que los ciudadanos tengan un poder adquisitivo más alto«, señala Ortiz, quien añade que fijar limitaciones tecnológicas nos pone, como país, en desventaja frente a otros países cuya industria puede poner en riesgo el sector industrial europeo y español.
La UPI, que considera positivo que el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética recoja la neutralidad tecnológica, aboga porque este principio analice todo el ciclo de vida de los vehículos, también durante su fabricación y en el aprovechamiento y gestión de sus componentes al finalizar su vida útil.