El Gobierno trasladará parte de los costes de la factura de la luz a carburantes y gas

El Ministerio para la Transición Ecológica inicia la tramitación de un anteproyecto de ley para que 7.000 millones de ayudas a las renovables lo paguen también los combustibles fósiles.

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos pretende trasladar a los operadores de combustibles y gas parte del coste de la factura de la luz, el correspondiente a las ayudas a las energías renovables. El ejecutivo pretende con ello reducir un 13% la factura de la luz en los próximos cinco años, trasladando ese menor coste (7.000 millones de ayudas a las renovables del recibo eléctrico) a los comercializadores de carburantes y gas natural y a los ciudadanos vía impuestos.

Para el ello, el Ministerio para la Transición Ecológica ha iniciado la tramitación de un anteproyecto de ley para crear un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que pretende debatir con todas las fuerzas parlamentarias y otros actores de la sociedad civil. La idea del Ejecutivo es sacar de los costes fijos que se pagan en la factura de la luz los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (RECORE). El trámite ya ha sido aprobado por vía de urgencia por el Consejo de Ministros en primera vuelta y ahora se inicia su tramitación. Su idea es que la aprobación de la ley llegue en la primera mitad de 2021.

Este gasto, alrededor del 16% de la factura, pasará a ser sufragado por el fondo de nueva creación, que se nutrirá de las aportaciones de todos los operadores energéticos (pagos proporcionales a sus ventas), la recaudación de tributos regulados en el Ley 15/2012, de los ingresos de las subastas del CO2 y de los Presupuestos Generales del Estado.

Es decir, que un coste que hasta ahora pagaban íntegramente los consumidores de electricidad pasará a ser asumido por los ciudadanos, las comercializadoras de luz, las de gas, los vendedores de productos petrolíferos y los de bombonas de gas, que previsiblemente trasladarán este nuevo coste al cliente final. Dicho de otro modo, los casi 7.000 millones que cada año se pagan en la factura eléctrica se pagarán ahora además de en el recibo de luz, en el de gas, en la gasolinera, en el butano y vía impuestos. Unos 5.700 millones se liberarán de la factura eléctrica. Fuentes del ministerio aseguran que Francia y Alemania está incluyendo tributos similares a combustibles fósiles. Las aportaciones al fondo serán trimestrales y será gestionado por el IDAE, que posteriormente liquidará los fondos con al CNMC, quien gestiona el sistema eléctrico.

Los más afectados por el nuevo reparto del pago de las ayudas a las renovables serán Repsol, Cepsa y Naturgy, que tendrán que asumir una importante cuota del nuevo fondo, en línea con lo que ya ocurre con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética (206 millones al año que pagan todos los vendedores de energía). La medida se presenta solo unas semanas después de que se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado, donde finalmente el Ejecutivo renunció a una subida del diésel después de que el PNV le pidiera que lo retirara para dar su apoyo.

Acabar con el agujero del sistema

Con esta iniciativa gubernamental, el departamente liderado por Teresa Ribera lograría además enjugar el déficit del sistema. Los datos de la CNMC ya han dado como resultado un agujero de 523 millones de euros en 2019, primer año en números rojos desde la reforma de 2013, que se ha cubierto con el superávit de los años precedentes. Pero el problema más gordo venía en 2020. La fuerte caída de precios dada la entrada masiva de renovables y la bajada de la demanda por la crisis sanitaria, unido a medidas de apoyo, han hundido los ingresos. Por ello, Transición Ecológica advierte que, dado que la ley no permite al sistema estar en déficit, la situción actual abocaba a elevar los costes fijos del recibo eléctrico entre un 10% y un 15%, lo que supondría un aumento medio de la factura del 6,5% al año.

Fuentes del ministerio aseguran que esta medida busca intensificar el proceso de descarbonización, que pasa por la electrificación. Al liberar costes del recibo eléctrico y trasladarlos a otros más contaminantes, se pretende dar señales a los operadores que están realizando importantes inversiones en la transición energética contemplada en el PNIEC. Desde el ministerio aseguran que la electricidad en España es de las más caras de Europa como demuestra Eurostat.

 Para afrontar esta reforma, el Gobierno da un plazo de adaptación de cinco años, periodo tras el cual se implementaría al 100% el nuevo esquema de costes. Además, realiza una serie de exenciones a aquellos sectores que podrían verse más afectados y tienen menor capacidad de adaptación:

  • Exenciones: consumo eléctrico para almacenamiento, gasóleo agrícola, gas natural para cogeneración y generación eléctrica, queroseno para aviación (desde el ministerio señalan la difícil situación del sector turístico), gasóleo para navegación y pesca (excepto embarcaciones de recreo), así como el porcentaje de mezclas de bios en combustibles y de gases renovables en el gas natural.
  • Bonificaciones por los posibles costes indirectos que pudieran derivarse sobre los consumidores por el FNSSE: gasóleo de usos profesionales y para la industria electrointensiva y consumidora de gas natural pertenecientes a sectores en riesgo de “fuga de carbono”. No obstante, el ministerio asegura que aún es difícil saber en qué medida se van a trasladar los costes a los consumidores finales.

Los más afectados por el nuevo reparto del pago de ayudas a renovables serán Repsol, Cepsa y Naturgy

Además, el Gobierno asegura que «el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pondrá a disposición de los agentes instrumentos públicos de apoyo en los próximos tres años para acompañarlos en esta transición. Asimismo, la implantación gradual (durante cinco años) permitirá a los consumidores adecuar sus pautas de consumo a la nueva situación», subraya el Ejecutivo. El ministerio explica que el primer año (2021) afectará al 20%, en 2022 al 40%, en 2023 al 60%, en 2024 al 80% y en 2025 al 100%.

Por último, Transición Ecológica destaca que «la reducción de los costes fijos en el recibo eléctrico se verá complementada con otras medidas para combatir la pobreza energética, como el bono energético multicombustible que ultima el Gobierno en aplicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que busca dar cobertura a los distintos consumos energéticos a los que se enfrentan las familias vulnerables».

 

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