- Los populares europeos advierten del impacto de las multas por emisiones de CO2 para el sector
- Se suman a los reclamos de 7 Estados miembros entre los que se encuentran Italia y Polonia
El Partido Popular europeo redobla los esfuerzos para evitar que la industria del automóvil se vea sometida a la presión de la regulación europea, que pretende avanzar en la descarbonización de la economía. La formación conservadora ha rechazado este lunes que Bruselas aplique multas a los fabricantes de automóviles por incumplir los estándares de emisiones de CO2 que se aplicarán desde de 2025 y suma a sus exigencias la de eliminar la prohibición de la venta de vehículos de combustión desde 2035.
El Partido Popular europeo, la formación política mayoritaria en la Eurocámara en la legislatura que arranca este mes y el partido en el que se integra la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha reclamado este lunes que se reconsidere el veto a la venta de vehículos diésel y gasolina que comenzará a aplicarse en 2035 y que se adelante la cláusula de revisión que la propia legislación contempla en 2026 a 2025. La voz de los populares se suma a la de países como Italia o Polonia que ya han formulado peticiones en la misma dirección.
Pero la industria automovilística tiene otro gran reto sobre la mesa: las multas que la UE comenzará a aplicar en 2025 si no reducen los niveles de CO2 para cumplir los estándares regulatorios. Los populares han reclamado, en este contexto, a la Comisión Europea que ponga sobre la mesa una propuesta que confiera cierta flexibilidad y que tenga en cuenta no sólo el número de coches matriculados sino los producidos.
«Si las ventas de vehículos eléctricos se mantienen al nivel actual, la industria europea podría tener que pagar 15.000 millones de euros en multas o renunciar a la producción de más de 2,5 millones de vehículos», declaró el presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) y consejero delegado de Renault, Luca de Meo en septiembre. Los fabricantes de automóviles se enfrentan a unos objetivos de CO2 más estrictos en 2025 en un momento en el que la demanda de coches eléctricos cae. El límite de emisiones medias de los vehículos nuevos vendidos se reducirá de 116 g/km en 2024 a 94 gramos/km el próximo año.
La propuesta de los populares, según ha explicado el eurodiputado alemán Jens Gieseke al presentar las prioridades para este sector, busca que la industria «sobreviva» ya que «no es buena idea poner multas adicionales en una recesión y cuando la demanda cae». En un paso más, ha indicado que incluso los fabricantes que sólo producen vehículos eléctricos «sufrirán porque la demanda cae» y las «reglas son demasiado estrictas«. Además, los populares argumentan que queda mucho por hacer para crear la infraestructura de electrificación necesaria y que los precios son muy altos.
Ya el pasado noviembre, siete países de la UE entre los que se encuentran Italia, Polonia, Austria o República Checa defendieron que las sanciones a las que se tendría que enfrentar la industria del automóvil repercutirían de forma negativa en la capacidad de inversión del sector en I+D+i y, por tanto, lastraría la competitividad de la UE frente a una industria automotriz china o estadounidense dotada de subsidios.
Además, igual que los populares, los siete Estados miembro abogaron por mantener la neutralidad tecnológica, es decir, no favorecer como tal el desarrollo de vehículos eléctricos sino de cualquier tipo de biocombustible alternativo que pudiera reemplazar a los combustibles fósiles.