Las grandes empresas, con excepción de Iberdrola, amenazan con detener inversiones | Las petroleras independientes alertan del regreso de una tasa que castiga los márgenes más reducidos.
El gobierno español enfrenta uno de los grandes retos económicos de la legislatura el próximo miércoles sin ninguna seguridad de salir victorioso. El ministerio de Hacienda apura el 30 de octubre el plazo para sacar adelante el carácter definitivo del impuesto a las energéticas, una de las medidas estrella del presidente Pedro Sánchez durante la crisis inflacionista. Acelerado por la presión de Sumar -y los pactos de investidura-, el ejecutivo busca hacer, tal como alertaban las principales compañías alertadas, permanente un gravamen que se introdujo como temporal y excepcional. Según el portavoz económico de la formación de Yolanda Díaz, Carlos Martín, las grandes compañías españolas «no pagan prácticamente nada» en concepto de Sociedades, lo que hace adecuado el sostenimiento de un tipo que quería erosionar las ganancias «caídas del cielo» generadas por la espiral de precios en el bienio 2022-23. Después de semanas de trabajo, Moncloa no ha sido capaz -no todavía- de encontrar suficientes alianzas para sacar adelante la votación. A escasas horas de agotar todas las opciones, el proyecto tambalea ante las dificultades para alcanzar una mayoría favorable.
Los principales actores contra la medida han sido las grandes petroleras, con una marcando un perfil especialmente agresivo. Se trata de Repsol, por voz de su consejero delegado, el expresidente del Partido Nacionalista Vasco Josu Jon Imaz. En varias comparecencias y tribunas en las últimas semanas, Imaz ha tachado de «populista» el impuesto, advirtiendo de los efectos perniciosos que puede tener sobre las inversiones que el sector prepara en el Estado. «Miles de millones de euros se desviarán a otros países», afirmaba el directivo en una tribuna en El Diario Vasco.
Dos focos de actuación hacen temblar especialmente los potenciales apoyos parlamentarios de Sánchez: el complejo petroquímico de Tarragona, donde la multinacional lidera un consorcio preparado para dedicar 320 millones de euros en un electrolizador de 150 megavatios fundamental para la producción de hidrógeno verde y otros 800 para la ecoplanta de producción de metanol renovable; y Bilbao, con unos 200 millones de euros preparados para una nueva planta de producción de hidrógeno. En ambos casos, la hoja de ruta permanece parada a la espera de la estructura fiscal que los debe afectar a futuro. También Cepsa ha tirado de la palanca de unos 3.000 millones de euros en el valle del hidrógeno verde de Andalucía, con motivaciones similares; mientras que Naturgy, menos contundente, ha pedido al ejecutivo «estabilidad fiscal» para planificar la transición verde.
No se ha unido a las trincheras contra la tasa Iberdrola, la principal energética del Estado, que ha restado importancia después de disparar su beneficio en el primer trimestre. Las cuentas de la multinacional de Ignacio Sánchez Galán durante los tres primeros trimestres de 2024 registran un resultado neto de 5.471 millones de euros, un 50% menos. Durante 2024, la firma ha pagado solo 100 millones de euros en concepto del impuesto extraordinario, una cantidad «muy menor comparado con el negocio del grupo». Repsol, cabe decir, ha abonado más del triple, unos 335 millones correspondientes al beneficio del curso pasado. Cepsa, por su parte, aseguraba cerrar con pérdidas el año 2023 debido a un abono de 320 millones de euros, mientras que este año lo recortaría hasta los 240 millones.
Un golpe a las petroleras independientes
La escalada de costos para Repsol y Cepsa responde, en buena medida, a la elevada facturación que registran las compañías del mundo petrolero. Cabe recordar que el impuesto grava el 1,2% de la facturación total a aquellas compañías que ingresen más de 1.000 millones de euros. Las dos petroleras sostienen sus cuentas gracias a los elevados márgenes de refino, que amplifican sus beneficios y aguantan el balance ante esta ofensiva fiscal. No es el caso, sin embargo, de las petroleras independientes: aquellas compañías sin capacidad de refino, a pesar de mantener las grandes facturaciones, no gozan de esta capacidad de generar ganancias netas. Aun así, varias compañías de este perfil sufrieron los estragos de la tasa en el momento de su entrada en vigor como excepcional. Fue el caso de la catalana Nieves Energia, que, con 4.000 millones de euros de facturación, registraba en 2022 unos beneficios de unos 10 millones de euros, una cifra cinco veces inferior a los 52 millones que salían de la fórmula de Moncloa. A principios de 2023, Hacienda excluyó la compañía de las obligaciones atendiendo al redactado literal de la norma. No así sucedió con el grupo de la familia Carceller, DISA, que sufrió un golpe de 62 millones de euros sobre un beneficio ligeramente superior a los 173 millones en 2023, según informaba durante el verano el diario Expansión.
En declaraciones a Món Economia, Nieves -dirigente también de la patronal sectorial UPI- asegura que «la situación les preocupa». Hacer definitivo el impuesto, lamenta, volvería a exponer a la empresa a los estragos causados por el impuestazo, a pesar de que el curso pasado las instituciones ya validaron sus preocupaciones. «Hacienda se dio cuenta de que no tenía sentido, y continuamos exponiendo la injusticia de esta medida», declara el directivo. De esta manera, la empresa espera que «finalmente prevalezca el sentido común y la tasa no se prorrogue». En caso de que lo haga, el empresario recuerda las reivindicaciones que ya puso sobre la mesa el sector en 2022: que la tasa grave los beneficios y no la facturación, para evitar disfunciones como la que genera en el caso de las petroleras independientes; o que se aplique solo a las refinerías, dado que son las que sí generan ganancias extraordinarias gracias a episodios de aumento de precios como los vividos durante 2022 y 2023. Pocas horas antes del final del plazo, el sector se encuentra «a expensas» de su resolución. «Esperamos que, si se alarga, haya una aplicación coherente y justa», continúa.
Desequilibrios políticos
La amenaza del sector energético ha servido para alejar aún más la ya complicada mayoría que necesitaría Sánchez para sacar adelante la prórroga sine die del impuesto a las energéticas. El peso de Bilbao y Tarragona en las inversiones de Repsol ha servido, de hecho, para alertar al PNB y Junts, ya reticentes a la tasa antes de que la multinacional pusiera sus proyectos en pausa. La portavoz en el Congreso de los Diputados del partido del presidente en el exilio Carles Puigdemont, Míriam Nogueras, ya ha alertado en declaraciones a los medios que no pondrán «en riesgo de ninguna manera» las inversiones en Tarragona -como ninguna que se pueda ejecutar en Cataluña-. Ahora bien, en sus atenciones públicas a medios, se mantiene a la espera de la «propuesta exacta» que lleve Moncloa al hemiciclo. La postura de los juntistas, pues, está a la espera de la versión definitiva del redactado.
Por su parte, tal como ha corroborado el ministro de Economía Carlos Cuerpo, los jeltzale reclaman que el tributo pase a estar recaudado y gestionado por las haciendas forales vasca y navarra, con el control normativo que eso supone. En su primera definición, el gravamen se tramitó como prestación patrimonial pública no tributaria, esquivando así el concierto económico. En caso de alargarse, los de Aitor Esteban reclaman la capacidad de controlarlo -y modificarlo, si procede, con exenciones o bonificaciones decididas desde Gasteiz-. A su vez, la derecha española aún no ha descartado apoyar la medida; si bien el Partido Popular -especialmente sus barones en Cataluña y Andalucía, dos territorios afectados por la parada inversora- ha asegurado que este «lastra» la transición energética española. Ninguna posible mayoría, pues, se vislumbra por ahora; solo unas horas antes de que finalice el proceso de enmiendas.
Un paquete regulador energético
Más allá de las trincheras por el impuesto extraordinario, el sector energético aspira a resolver en el Congreso una problemática que arrastra desde 2015, cuando la reforma de la ley de hidrocarburos autorizó a las empresas detallistas a vender carburante sin haber obtenido el título de operador del sector. Tal como recordaba el mismo Nieves, desde entonces, la industria petrolera tiene constancia de un «fraude» relacionado con el pago del IVA del producto que ascendería hasta el 20% de la facturación del conjunto de la cifra de negocio. Los vendedores fraudulentos, relataba el empresario, crean empresas para revender carburante como mayoristas; ingresan el impuesto de valor añadido de los compradores y, posteriormente, no lo abonan a las administraciones -a menudo porque disuelven la sociedad pantalla-.
Las patronales del mundo del petróleo, así, demandan que el IVA se pague en el momento de las transacciones, y no una vez se vende el producto al consumidor final, como ocurre ahora. Así, solo las compañías con suficiente músculo financiero -las mayoristas- podrían hacer frente a la operativa, evitando de hecho los comportamientos fraudulentos que denuncian. Según fuentes sectoriales, se ha generado cierto consenso entre los partidos vascos y catalanes a favor de esta reforma, si bien aún esperan «el posicionamiento del PP y el PSOE»; que, por ahora, no han dado una respuesta definitiva.