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El Gobierno cifra en 44 millones de euros el coste para las gasolineras de la obligatoriedad de instalar puntos de recarga eléctricos

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El Gobierno estima que la obligatoriedad de instalar puntos de recarga eléctricos en los próximos años en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, que afecta a aproximadamente el 10% de la red del país, tendrá “un impacto mínimo” para el conjunto del sector, con un coste de unos 44 millones de euros.

Según consta en la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el coste promedio por punto de recarga, teniendo en cuenta todos los costes asociados, sería de unos 40.000 euros.

La obligación de instalar puntos de recarga afectaría a ese 10% de la actual red de estaciones de servicio, alcanzando así a unas 1.105 gasolineras.

La distribución geográfica de las instalaciones afectadas está directamente relacionada con las zonas de mayor demanda, concentrándose por tanto en grandes núcleos de población, zonas industriales y puntos neurálgicos de repostaje a lo largo de toda la red estatal de carreteras.

La medida incluida en la ley establece una potencia mínima para el poste de recarga de 50 kW (rápido) en corriente continua (DC). No obstante, diferentes implementaciones (varios puntos de 50 kW o de mayor potencia) podrían ser consideradas por los titulares de las estaciones de servicio.

En el caso, por ejemplo, de una recarga de 100 kW (superrápido) el coste de la inversión por poste se elevaría hasta los entre 100.000 y 200.000 euros, con un impacto que se iría hasta los 111 millones de euros si se adoptarán en la totalidad de las más de 1.100 estaciones de servicio.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico valora también que este despliegue “se traduciría en el incremento de la actividad para los sectores de actividad dedicados a la planificación y diseño de las instalaciones”.

Noticia original aquí.

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La desescalada permite un notable repunte en el consumo de combustibles

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Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) prosiguen con su recuperación a medida que se avanza en la desescalada, tras las medidas de confinamiento que se adoptaron hace más de dos meses para contener la pandemia del Covid-19 y que hundieron el consumo de carburantes.

Así, durante la semana del 18 al 24 de mayo, el consumo de carburantes repuntó ligeramente respecto a las semanas previas, aunque continúa en niveles por debajo de los de la misma semana de 2019.

De esta manera, en la semana pasada se apreció un ligero repunte de las salidas de gasolinas y gasóleos respecto a las anteriores, mientras que las salidas de carburante de aviación se mantuvieron estables desde el inicio de las medidas adoptadas en el país con motivo del coronavirus, según datos de CLH.

Así, las salidas de gasolinas se situaron un 50 por 100 por debajo de la misma semana del año anterior y las de gasóleo A un 34 por 100. Por su parte, las salidas de carburantes de aviación mostraron una bajada del 90 por 100.

Estos datos confirman así una ligera recuperación en el consumo de carburantes, que en lo más duro del confinamiento a principios de abril llegó a registrar caídas semanales de hasta más del 80 por 100.

En el total del mes de abril, las salidas de carburantes de automoción se derrumbaron un 61 por 100, con un descenso del 79 por 100 de las gasolinas y del 57 por 100 del gasóleo.

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Crisis COVID-19: Bosch defiende la diversidad tecnológica y los combustibles sintéticos como única forma de alcanzar la neutralidad climática en 2050

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Después de parar la producción en casi 100 localizaciones en todo el mundo durante el mes en curso, Bosch se está preparando para una reanudación gradual de la producción. “Queremos garantizar un suministro fiable para satisfacer la creciente demanda de nuestros clientes, con el fin de ayudar a la economía mundial a recuperarse lo más rápidamente posible”, dijo Volkmar Denner, presidente del Consejo de Administración de Robert Bosch GmbH, en la conferencia de prensa anual de la compañía

“Nuestro objetivo es sincronizar la reanudación de la producción y asegurar las cadenas de suministro, especialmente en la producción automotriz”. Según Denner, para tener éxito en el aumento de la producción, la compañía está implementando numerosas medidas para garantizar que los trabajadores estén adecuadamente protegidos contra el riesgo de infección por coronavirus.

“Siempre que sea posible, queremos contribuir con nuestros conocimientos a los esfuerzos para contener la pandemia, por ejemplo, a través de nuestra prueba rápida Covid-19, recientemente desarrollada, y a nuestro dispositivo de análisis Vivalytic”, dijo el CEO de Bosch, Denner. “La demanda es enorme. Estamos haciendo todo lo posible para incrementar significativamente la producción y, así, aumentaremos su capacidad cinco veces por encima de nuestros planes originales para fin de año”, continuó. Bosch tiene la intención de producir más de un millón de tests rápidos en 2020 y aumentar a tres millones el próximo año. El test rápido ya se está suministrando a clientes en Europa con una etiqueta de “uso exclusivo para investigación” y se puede utilizar después de su validación. Bosch espera obtener la marca CE para el producto a finales de mayo. Una prueba aún más rápida, que puede detectar de manera fiable los casos de Covid-19 en menos de 45 minutos, se encuentra en fase final de desarrollo.

Asimismo, trece fábricas de Bosch en nueve países han tomado la iniciativa y están produciendo mascarillas para sus necesidades locales, y la compañía está configurando dos líneas de producción totalmente automatizadas en la localización de Stuttgart-Feuerbach, a la que seguirán otras líneas en Erbach (Alemania), así como en India y México. Además, Bosch también produce 5.000 litros de desinfectante por semana en Alemania y Estados Unidos.

A pesar de los desafíos de la situación actual, Bosch sigue su curso estratégico a largo plazo. El proveedor de tecnología y servicios continúa persiguiendo constantemente objetivos climáticos ambiciosos y está desarrollando las actividades necesarias para expandir una movilidad sostenible. Hace aproximadamente un año, Bosch anunció que sería la primera empresa industrial operando a nivel global en ser neutral en carbono, para finales de 2020, en sus 400 localizaciones en todo el mundo. “Alcanzaremos este objetivo”, dijo Denner. “A finales de 2019, logramos la neutralidad en carbono para todas nuestras localizaciones en Alemania. A día de hoy, estamos al 70 por ciento para conseguirlo en todo el mundo”. Para hacer realidad la neutralidad en carbono, Bosch está invirtiendo en eficiencia energética, está aumentando la proporción de energías renovables en su suministro de energía, está comprando más energía verde y está compensando las emisiones de carbono inevitables. “La proporción de compensaciones de carbono será significativamente menor de lo planificado para 2020, con solo un 25 por ciento en lugar de casi el 50 por ciento”, dijo Denner.

Cuando se trata de la acción climática, Bosch está adoptando dos nuevos enfoques para garantizar que sus propios esfuerzos tengan un efecto multiplicador en la economía. Un objetivo es hacer que las actividades previas y posteriores a lo largo de la cadena de valor, desde los bienes adquiridos hasta los productos vendidos, sean lo más neutrales posible con respecto al clima. Para 2030, el valor de las emisiones asociadas (Scope 3) deberían disminuir un 15 por ciento o en más de 50 millones de toneladas por año. Con este fin, Bosch ha acordado un objetivo con la iniciativa ‘Science-Based-Target’ (Objetivos Basados en la Ciencia) por la que se ha convertido en el primer proveedor automovilístico en comprometerse con un objetivo medible. Además, la compañía agrupará el conocimiento y la experiencia de sus casi mil expertos en todo el mundo, así como la experiencia de sus más de mil proyectos propios de eficiencia energética en una nueva compañía de consultoría, denominada Bosch Climate Solutions.

“La protección del clima sigue siendo vital para la supervivencia de la humanidad: cuesta dinero, pero no hacer nada costará aún más”, dijo Denner. Para él, lo importante es una amplia ofensiva tecnológica que no solo proporcione una única ruta hacia la movilidad sostenible basada únicamente en la batería eléctrica, sino que también tenga en cuenta los motores de combustión eficientes y, especialmente, los combustibles sintéticos renovables, eFuels, y las pilas de combustible. El CEO de Bosch pidió una entrada valiente en la economía del hidrógeno y la producción eFuels, una vez que la crisis del coronavirus haya pasado. En su opinión, esta es la única forma en la que Europa pueda ser neutral al clima para 2050.

La acción climática está acelerando el cambio estructural en muchos sectores. “El hidrógeno se está volviendo cada vez más importante, tanto para la industria automovilística como para la tecnología de construcción. Bosch está muy bien preparada para esto”, dijo Denner. Bosch y su socio Powercell ya están trabajando para comercializar módulos de pilas de combustible móviles para su utilización en vehículos. Su lanzamiento al mercado está previsto para 2022. Así es como Bosch pretende posicionarse con éxito en otro mercado en crecimiento: para 2030, uno de cada ocho camiones pesados nuevos matriculados podría funcionar con pila de combustible. Además, Bosch está trabajando con su socio Ceres Power en pilas de combustible estacionarias, que pueden suministrar electricidad a edificios, tales como centros informáticos. Bosch anticipa un volumen de mercado, para 2030, de más de 20.000 millones de euros para las plantas de energía basadas en pilas de combustible.

“A medida que se intensifique la acción climática, las soluciones eléctricas se limitarán, en el corto plazo, a complementar las soluciones de combustión dominantes hasta ahora”, enfatizó Denner. Es por eso, que Bosch está persiguiendo el desarrollo de una propulsión tecnológicamente neutral. Según la investigación de mercado de Bosch, dos de cada tres vehículos nuevos que se matriculen en 2030, seguirán funcionando con diésel o gasolina, con o sin hibridación. Por este motivo, la compañía continúa invirtiendo en motores de combustión altamente eficientes. Gracias a la nueva tecnología de gases de escape de Bosch, las emisiones de NOx de los motores diésel se han eliminado casi por completo, como ya han demostrado pruebas independientes. Bosch también continúa desarrollando sistemáticamente el motor de gasolina. Con medidas internas en el motor y un post tratamiento eficiente de los gases de escape, el límite de partículas del estándar Euro 6d puede reducirse en aproximadamente un 70 por ciento. Además, Bosch está comprometida con los combustibles renovables, ya que la flota de vehículos actual, también debe contribuir a reducir el CO2. Los denominados eFuels, es decir, los combustibles sintéticos que se producen exclusivamente a partir de energías renovables, pueden conseguir que el motor de combustión sea neutral en CO2. Según Denner, tendría más sentido que estos combustibles sintéticos renovables compensen el consumo de la flota, en lugar de endurecer la normativa de CO2 para la industria automotriz en un momento de crisis.

Fuente aquí.

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El Gobierno remite a las Cortes el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energetica

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El Gobierno envía a las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050

  • El texto articula la respuesta país al desafío del cambio climático, orienta la acción integrando objetivos y herramientas y minimiza impactos negativos para la economía, la sociedad y los ecosistemas
  • En un contexto de reactivación de la economía frente al COVID-19, el proyecto posiciona a España para que aproveche las oportunidades que abre la transición ecológica en términos de modernización de la economía, de una nueva reindustrialización, de generación de empleo y de atracción de inversiones
  • Es un proyecto necesario para articular el resto de políticas y medidas. Debe servir de marco institucional, de referente para dar certidumbre y estabilidad a todos los actores, públicos y privados, y a movilizar la acción climática.
  • Se trata de un texto ampliamente participado, que da respuesta, por un lado, a las demandas generales de la sociedad ante la respuesta a la emergencia climática, y por otro, a las sugerencias y alegaciones que se han ido recibiendo en su proceso de elaboración
A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes, hoy, martes 19 de mayo, el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE). Con ello, se inicia la tramitación parlamentaria del primer proyecto legislativo para que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050, en coherencia con el criterio científico y las demandas de la ciudadanía. 
Ante la emergencia climática, España fija por ley sus objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 en un 20% respecto a los niveles de 1990. Este objetivo supone un aumento de la ambición española en materia de clima, en un año clave para la agenda climática y el Acuerdo de París. Con ello, España se alinea con el aumento de ambición que se ha marcado la Unión Europea (UE) para ese año y responde al Acuerdo de París, que establece que los países deben aumentar su ambición en materia de reducción de emisiones en 2020. De esta manera, España favorecerá que Europa siga impulsando, como lo hace desde 1990, la necesaria acción conjunta de todos los países para avanzar lo antes posible, en la transición global hacia una economía neutra en carbono a través del marco multilateral que ofrece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El objetivo final de la ley es que España alcance, “a más tardar en el año 2050” la neutralidad de emisiones, es decir, antes de llegar a mitad de siglo el país solo emitirá la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber. Se fija así por ley que España se adelante al cumplimiento del Acuerdo de París en este punto, que obliga a los Estados a ser neutrales en emisiones en la segunda mitad de siglo, y refuerza su compromiso con la UE, que también se ha marcado alcanzar la neutralidad en 2050.  De igual modo, el Gobierno da respuesta a la petición del Congreso de los Diputados que, en una moción aprobada por mayoría absoluta el pasado año, instó al Ejecutivo a activar políticas transversales en todas sus acciones para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050. 
El proyecto de ley articula la respuesta transversal del país al desafío del cambio climático, al que España es especialmente vulnerable, basada en principios de desarrollo sostenible, justicia social, resiliencia, precaución y no regresión de los avances logrados, protección y promoción de la salud pública, mejora de la competitividad de los sectores productivos y cooperación entre Administraciones. 
En un contexto de reactivación de la economía frente al COVID-19, el proyecto facilita las señales adecuadas para aprovechar todas las oportunidades en términos de modernización de la economía, de la industria, de la generación de empleo y de la atracción de inversiones que abre el tránsito hacia una prosperidad inclusiva y respetuosa con los límites del planeta. Lo hace en línea con el Pacto Verde Europeo, que será uno de los ejes del marco de recuperación que ultima la Comisión Europea.
La ley tiene como objeto facilitar que la economía española sea neutra en emisiones antes de mitad de siglo y recoge en un texto legal, por primera vez, la necesidad de emprender políticas públicas de adaptación al cambio climático. Todo ello para promover la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente, articule instrumentos para atender a los colectivos vulnerables, favorezca ciudades y pueblos más habitables y saludables, fomente el desarrollo rural y proteja la biodiversidad.
El PLCCTE incorpora a todos los sectores económicos a la acción climática, desde la generación de energía y las finanzas a los sectores primarios, pasando por el transporte, la industria o las administraciones públicas. Su contribución conjunta y transversal, a lo largo de las próximas décadas, será decisiva para alcanzar el objetivo de neutralidad climática y les permitirá adaptarse a la nueva revolución industrial asociada a la economía baja en carbono, que ya está en marcha. 
“Este texto sitúa la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro de la acción de las Administraciones Públicas. Se trata de un proyecto de país, responsable con nuestro presente, nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro modelo de prosperidad y, sobre todo, nuestro futuro”, ha señalado la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
“En un momento en el que tenemos que abordar el proceso de recuperación frente al COVID-19, la transición energética se va a convertir en una fuerza motriz determinante para generar actividad económica y empleo a corto plazo, y hacerlo de forma coherente con lo que necesitaremos como país en el medio y en el largo plazo. Hemos identificado los objetivos y las herramientas, se ha diseñado una planificación robusta, contamos con la certeza de que la transición energética tendrá impactos positivos sobre nuestra economía y nuestro bienestar, y sabemos que pueden empezar a materializarse de forma inmediata. Este proyecto otorga, por fin, un marco institucional a la acción que nos pide la Ciencia y la gente, y llega en un momento en el que es más necesario que nunca”, ha añadido. 
El texto consta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos. Es fruto de un proceso de participación pública y revisión iniciado en febrero de 2019 y que ha contado con las aportaciones del Consejo Asesor del Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Estado, entre otras instituciones. 

OBJETIVOS PARA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

El texto fija los siguientes objetivos, que solo podrán ser revisados al alza:
  • Determina, por primera vez, que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.
  • Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable.
  • Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Se trata de un objetivo coherente con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión Europea: una reducción en 2030 de entre el 50% y el 55% de las emisiones respecto a los niveles de 1990.
  • Al finalizar la próxima década, como mínimo 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.
  • Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.

HERRAMIENTAS DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Los objetivos del PLCCTE se implementarán a través de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos, para el periodo 2021-2030, diseña una trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovales en el consumo final, hasta un 42%. La presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta 74%  y la eficiencia mejorará en un 39,5%.
Según los modelos del PNIEC 2021-2030, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. La movilización de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de renovables –la fuente más barata–, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros.
Además de con los sucesivos PNIEC, la senda de descarbonización del país se proyectará a través de la Estrategia a Largo Plazo 2050, cuya primera versión ultima el Gobierno. Y junto a estos instrumentos de planificación, el PLCCTE diseña un marco de gobernanza para reforzar la participación. De un lado, se crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, cuyas recomendaciones y evaluación se plasmarán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados. Y, de otro, el texto establece que los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra al cambio climático se llevarán a cabo bajo fórmulas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos, y del público.
Además, a partir del 31 de diciembre de 2021 las comunidades autónomas deberán informar en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de todos sus planes de energía y clima en vigor. 

RENOVABLES Y EFICIENCIA, PALANCAS DE REACTIVACIÓN

La eficiencia energética y la progresiva penetración de energías renovables en el mix energético español constituyen palancas de reactivación económica en el corto plazo y, al tiempo, posibilitan la consolidación de la cadena de valor asociada a su despliegue. Son, además, los pilares de la descarbonización, ejerciendo una acción tractora sobre el resto de sectores, al tiempo que mejoran la competitividad empresarial e industrial gracias a una senda de precios descendente. Permiten, a su vez, empoderar al ciudadano, situándolo en centro del sistema energético.
El proyecto incorpora medidas para facilitar su integración, ofreciendo señales claras que otorguen confianza a los inversores. Entre otras disposiciones, crea la figura del titular de almacenamiento como sujeto del sistema eléctrico. Con ello, se favorece la implantación y el desarrollo de estas tecnologías, claves en la gestión de la demanda eléctrica y la seguridad de suministro en un sistema eléctrico 100% renovable. Se trata, además, de un segmento industrial en el que Europa, y España, aspiran a adquirir posiciones de liderazgo. 
De igual modo, se instituye la figura del agregador independiente, que participará en el mercado comprando o vendiendo diferentes consumos agregados o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento. Se trata de un nuevo modelo de negocio que, además, posibilita al usuario una mayor optimización de su consumo o de la energía que produce en instalaciones de autoconsumo.
Para favorecer la flexibilidad del sistema, se impulsa la hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías de generación en una misma instalación, incorporando paneles solares en una planta eólica, por ejemplo. En estos casos, se podrá evacuar la energía utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida, siempre que se cumpla con los requisitos técnicos. 
También se contempla la repotenciación de las instalaciones, que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red. De esta manera, se optimiza el uso del recurso renovable de los mejores emplazamientos, minimizando costes e impacto ambiental. En esta misma línea, el proyecto prioriza las centrales hidroeléctricas reversibles en el caso de  nuevas concesiones para producir electricidad en dominio público hidráulico. 

NUEVO MARCO RETRIBUTIVO PARA RENOVABLES

Con el objeto de acompasar la introducción de renovables en el sistema, el texto prevé que el Gobierno desarrolle un nuevo marco retributivo para la generación renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. Con ello, se ofrece previsibilidad y estabilidad en los ingresos al sector y se traslada a los consumidores, de forma directa, los ahorros asociados al despliegue de estas energías, que son la fuente más barata.
El nuevo marco retributivo se otorgará mediante subastas en las que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía. Se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada, de acuerdo con la normativa comunitaria.
En la misma línea, el PLCCTE determina que los Presupuestos Generales del Estado destinen al fomento de energías renovables un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
Por otro lado, los agentes claves para el funcionamiento del sistema energético 
-operador del mercado, operador del sistema, transportista y distribuidoras- elaborarán estrategias de descarbonización en sus respectivos ámbitos para una mejor planificación y anticipación. Y, en este mismo sentido, el Operador del sistema eléctrico, el Gestor Técnico del sistema gasista y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) presentarán, cada dos años, un informe que evalúe los riesgos y oportunidades de la descarbonización.

LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CLAVE EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

En cuanto a la eficiencia energética, las principales medidas se concentran en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios, otro segmento clave en la reactivación económica que, además, es un pilar de la lucha contra la pobreza energética. De acuerdo con el proyecto, el Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía y el uso de fuentes renovables en la edificación, alineando la Estrategia a largo plazo para la renovación de edificios con los objetivos de los sucesivos PNIEC. 
Para atraer recursos hacia las acciones de eficiencia energética, el proyecto amplía hasta 2030, de acuerdo con lo previsto en la nueva Directiva de Eficiencia Energética, el Fondo de Eficiencia Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años. 

HACIA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

El sector de la movilidad y el transporte está en disposición de posicionar toda su cadena de valor en espacios de liderazgo de los nuevos modelos de movilidad, aprovechando las oportunidades que abre la realidad económica y social sin emisiones. Al respecto, el proyecto plantea un marco de descarbonización progresiva que favorece la adaptación industrial y tecnológica, y abre nuevas oportunidades de negocio.
 
En este sentido, el conjunto de las Administraciones Públicas –Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales– podrán en marcha medidas que posibiliten en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2.  Para ello, de acuerdo con la normativa europea, adoptarán medidas necesarias para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km. A tal efecto, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, incluyendo apoyo a la I+D+i.
Asimismo, el PLCCTE subraya el papel de las ciudades en la consecución de los objetivos de Clima, favoreciendo con ello la creación de espacios más habitables y saludables, con una calidad del aire mejorada. En este sentido, establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la planificación de ordenación urbana,  medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; acciones para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; y la mejora y fomento del uso de la red de transporte público. También se deberá impulsar la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos privados.
El proyecto concreta que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del MITECO y del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente. De igual modo, indica que las comunidades autónomas insulares, considerando su vulnerabilidad frente al cambio climático, podrán instar al Estado el establecimiento de medidas de promoción de movilidad limpia, consistentes en restricciones en su ámbito territorial de la circulación de turismos y furgonetas, de acuerdo con la normativa comunitaria. 

PROGRESIVA IMPLANTACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA

Para activar la descarbonización de la movilidad por carretera, que es el segmento que más energía consume de todo el sector de transporte, y facilitar que la cadena de valor aproveche las oportunidades que abre la movilidad sostenible, la ley potenciará el desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio nacional. 
En este sentido, el PLCCTE programa, con la suficiente antelación, la instalación progresiva de puntos en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, que representan en la actualidad el 10% de la red. Por otro lado, con el fin de conseguir un transporte más limpio en las ciudades, el Código Técnico de la Edificación (CTE), articulará la instalación de sistemas de recarga en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas. En este último caso, el proyecto dispone que deberán cumplir con lo que disponga el CTE antes del 1 de enero de 2025. 
Además, el Gobierno habilitará un Punto de Acceso Nacional de información sobre puntos de recarga en tiempo real. 
En cuanto al transporte aéreo, el proyecto habilita al Gobierno a establecer objetivos anuales de suministro de biocarburantes, con especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico. Y, en el caso del transporte marítimo, se adoptarán medidas de modo que se logren las cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para 
2050. Para ello, se promoverán medidas de impulso al transporte ferroviario con origen y destino en puertos, el  desarrollo de Autopistas del mar y el estímulo al uso de energías alternativas en el transporte marítimo, entre otras. 

DESINVERSIÓN EN PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE ORIGEN FÓSIL

El PLCCTE fomenta, a través de planes específicos, el uso de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno. En paralelo, y con el objeto de reorientar los recursos hacia una prosperidad respetuosa con los límites del planeta, la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.
El texto habilita al Consejo de Ministros a aprobar un calendario para la revisión de las ayudas existentes, consultando a los sectores implicados. También se elaborará un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad. 
Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la futura ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el ‘fracking’.
En cuanto a las instalaciones en activo, cinco años antes de que expire su concesión deberán presentar ante el MITECO un informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica, o la instalación de energías renovables.

RECURSOS PARA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El proyecto establece que un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y será revisada al alza por el Gobierno antes de 2025. 
Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero también serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático. En concreto, al menos 450 millones se destinarán cada año a financiar los costes del sistema eléctrico referidos al fomento de las energías renovables. Hasta el 30% se podrá destinar a medidas con incidencia social, para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.
De igual modo, y como parte de la movilización de recursos hacia la acción climática,  se incorporarán criterios ambientales en la contratación pública, y la Administración General del Estado no podrá prorrogar contratos de arrendamientos más allá de 2030 en inmuebles que no tengan consumo de energía casi nulo. 
Como herramienta de aprendizaje y transparencia que ayuden a mejorar las decisiones de inversión, el PLCCTE dispone que las empresas cotizadas, entidades de crédito, aseguradoras y reaseguradoras elaboren un informe anual sobre la exposición de su actividad a los riesgos del cambio climático y las medidas que se adopten. Además, las entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023. 
En este mismo sentido, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán conjuntamente, cada dos años, un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo. Será remitido al Congreso de los Diputados.

CONSTRUIR UN PAÍS MÁS SEGURO Y BIODIVERSO

La adaptación a los impactos del cambio climático pasa, por primera vez, a tener reconocimiento en una Ley. Se trata de un campo de actuación que abre oportunidades de activación económica y empleo, a corto, medio y largo plazo, especialmente en las zonas rurales. A través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), actualmente en información pública, se implementará  un sistema de indicadores para evaluar las políticas públicas y medidas que se adopten en los diferentes sectores. 
Además, el PLCCTE establece que se trabajará en la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión del agua y de la costa,  en las infraestructuras del transporte, en la ordenación del territorio y de los usos del suelo y en la seguridad alimentaria. En particular, se reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la política forestal tanto para la sostenibilidad y desarrollo del sector productivo primario como para alcanzar la neutralidad climática. Por ello, se incorporan medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.
Por otro lado, las Administraciones Públicas deberán incentivar la participación de los propietarios y gestores públicos y privados, especialmente los del sector agrario y forestal, en el aumento de su capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono, igualmente claves para la neutralidad. Con ello, se fomentan sus cobeneficios como motor de desarrollo y generación de empleo.
Por último, se prevén medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático y la elaboración de una estrategia específica que incluirá las directrices básicas para la adaptación de los ecosistemas naturales y de las especies silvestres españolas, así como las líneas básicas de restauración y conservación de los mismos, con especial referencia a los ecosistemas acuáticos o dependientes del agua y de alta montaña. La red de espacios protegidos Natura 2000, que en España ocupa cerca de un 30% de la superficie, también tendrá que evaluarse y responder a los nuevos escenarios climáticos.

NEUTRALIDAD CLIMÁTICA SIN DEJAR A NADIE ATRÁS

La transición a una economía descarbonizada ofrece un amplio espectro de oportunidades de inversión y de empleo pero, al mismo tiempo, requiere de medidas que faciliten una transición justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables. A tal efecto, y cada cinco años, el Gobierno ha de aprobar una Estrategia de Transición Justa con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales. En su marco, se desarrollarán los convenios de transición justa en cada zona, con el objeto fomentar la actividad económica y la empleabilidad en el territorio, especialmente, en casos de cierre o reconversión de instalaciones. Entre otras cuestiones, incluirán un calendario para la adopción de las medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

El sistema educativo español reforzará el conocimiento sobre este desafío global y las capacitaciones para actividades técnicas y profesionales de la economía baja en carbono y resiliente. Se revisará el tratamiento del cambio climático en el currículo básico de la educación formal y no formal, y se impulsará la formación del profesorado. 
Al tiempo, el Gobierno promoverá que las universidades revisen del tratamiento del cambio climático en los planes de estudios en los que proceda y mantendrá permanentemente actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, así como el catálogo de ofertas formativas en el ámbito de la Formación Profesional, para favorecer la capacitación de perfiles profesionales vinculados a la sostenibilidad medioambiental y del cambio climático. 
Por otro lado, se promoverá una financiación adecuada de las prioridades en materia de investigación, desarrollo e innovación de cambio climático y transición energética que se incluyan en las sucesivas Estrategias españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación.

REFORZAR LA GOBERNANZA CLIMÁTICA 

Finalmente, la Ley sigue con el ejemplo de los países de nuestro entorno en cuanto a la creación de un marco de gobernanza que refuerce nuestro sistema. Destaca la creación de un Comité de Expertos de cambio climático y transición energética, de carácter independiente, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Elaborará anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno. 
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Perspectivas del hidrógeno en los sectores del petróleo y el gas

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Un informe señala que un 21% de los altos profesionales de la industria del petróleo y el gas afirma que su empresa está ya entrando de manera activa en el mercado del hidrógeno

Según el último informe de DNV GL, Heading for Hydrogen, el hidrógeno comienza a ser un asunto prioritario para muchas entidades dedicadas al petróleo y al gas y se posiciona como la solución más eficaz para la descarbonización del sector.

El informe indica que un 21% de los altos profesionales de la industria del petróleo y el gas afirma que su empresa está ya entrando de manera activa en el mercado del hidrógeno. Otro indicador es que la cantidad prevista para inversiones para este mercado se duplicó pasando del 20% al 42% durante el año anterior a la crisis sanitaria del COVID-19.

Sin embargo, el informe, basado en una encuesta realizada a más de 1.000 profesionales senior de los sectores del petróleo y del gas, así como por entrevistas a ejecutivos de la industria, apunta que es poco probable que los cambios recientes en las prioridades de inversión de la industria afecten a los esfuerzos a largo plazo del sector para reducir las emisiones de carbono.

Como resultado de estos procesos de investigación, DNV GL ha detectado un aumento significativo en el porcentaje de altos ejecutivos que informaron de una mayor adaptación de las actividades a los objetivos de descarbonización, pasando de un 44% en 2018 a un 60% en 2020.

Liv Astri Hovem, CEO de DNV GL-Oil & Gas afirma: «El hidrógeno va estando en el centro de atención a medida que la transición energética avanza. Pero para hacer realidad su potencial, tanto los gobiernos como la industria tendrán que tomar decisiones audaces. El desafío ahora no está en la ambición, sino en cambiar la línea de tiempo: del hidrógeno en el horizonte, al hidrógeno en nuestros hogares, negocios y sistemas de transporte».

Si bien el hidrógeno producido a partir de energía renovable es el destino final de la industria, el análisis muestra que el sector sólo puede escalar de manera realista a grandes volúmenes e infraestructura con hidrógeno libre de carbono producido a partir de combustibles fósiles combinados con tecnología CCS (hidrógeno azul).

Sinergias entre gas natural e hidrógeno

Las Perspectivas de Transición Energética 2019 de DNV GL, una previsión de la demanda y el suministro de energía mundial, predicen que el gas natural se convertirá en la fuente de energía más grande del mundo a mediados de la década de 2020, representando casi el 30% del suministro mundial de energía en 2050. El gas natural y el hidrógeno pueden desempeñar un papel similar dentro del sistema energético mundial, y las sinergias entre ellos, en aplicación e infraestructura, impulsarán la economía del hidrógeno.

Sin embargo, Heading for Hydrogen apunta a la complejidad política, económica y técnica en la realización a escala de la economía de este gas.

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Teresa Ribera defiende el papel prioritario de la transición ecológica en el proceso de reconstrucción del país

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  • Las medidas adoptadas desde MITECO han garantizado en todo momento la seguridad de suministro del sistema energético español
  • El bono social eléctrico, extendido a profesionales autónomos que han cesado su actividad o han visto reducida su facturación en un 75% a consecuencia del COVID-19, ha ampliado su cobertura a más 25.900 nuevos hogares, y ya beneficia a más de 1,3 millones de familias
  • La prórroga, durante seis meses, del bono social a los usuarios que debían renovar su solicitud en estos momentos está protegiendo a unas 70.000 familias cada mes
  • La Vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se ha referido a la importancia de priorizar esfuerzos en aquellos sectores que puedan generar más empleo y crecimiento sostenible
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Los efectos del COVID-19 y la recuperación del sector. Entrevista a nuestro Presidente

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“La capacidad de almacenamiento de las terminales ya está totalmente ocupada”

El presidente de la Unión de Petroleros Independientes, de la que forman parte Axoil, Bonàrea, Esergui, Disa, Dyneff, GM Fuel, Kuwait Petroleum y Meroil, José María Gordo Serrano, asegura que La capacidad de almacenamiento de las terminales propiedad de las compañías integradas en UPI “ya está totalmente ocupada”, por lo que “las refinerías tendrán que ajustar su producción y/o prestar almacenamiento si aún les queda capacidad”.

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El desplome del petróleo deja el litro de diésel por debajo del euro en la mitad de gasolineras del país

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Un total de 4.986 estaciones de servicio de la Península venden ya el litro de gasóleo por debajo de un euro tras reducir el precio un 13% durante el estado de alarma. En el caso de la gasolina, solo una de cada diez gasolineras vende por debajo del euro.

El plan de desescalada va a obligar a muchos españoles a sacar el coche del garaje para reincorporarse a su puesto de trabajo. A la alegría por recuperar poco a poco la normalidad tras semanas de paralización económica, se sumará estos días ‘otra’ para quienes tengan que repostar carburante: los precios de un litro de gasolina y de gasóleo para motores diésel han bajado de media un 13% durante el estado de alarma como consecuencia del desplome del coste del petróleo, por lo que llenar el depósito es hoy más barato que en la primera quincena de marzo.

Eso sí, la rebaja de precios va por zonas y depende del nivel de competencia entre gasolineras en cada territorio, por lo que el conductor puede encontrar importantes diferencias si busca la mejor opción. En el caso del gasóleo, un total de 4.986 estaciones de servicio de la Península ofrecen ya costes del litro por debajo de la barrera psicológica del euro. Suponen alrededor de la mitad del parque de gasolineras del país, excluyendo aquellas situadas en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla al disfrutar de un régimen fiscal diferente y con precio muy inferiores.

La barrera del euro se rompe mucho menos en el caso de la gasolina, combustible sujeto a un mayor pago de impuestos en España. En este caso, son ya 1.246 las estaciones de servicio que venden la gasolina por 99 céntimos o menos, es decir una de cada 10 en España. Así se desprende del registro de hidrocarburos que gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica.

Su titular, Teresa Ribera, es una firme defensora de elevar el impuesto al diésel hasta equipararlo con el que tiene la gasolina. La última propuesta del Ejecutivo, paralizada por su incapacidad para sacar adelante unos Presupuestos propios, establecía un incremento de 3,8 céntimos por litro sobre este carburante para recaudar 670 millones de euros. Esta primera subida iría acompañada de otras posteriores hasta dejar a cero la brecha fiscal de 10 céntimos que existe actualmente entre ambos carburantes.

El hundimiento del coste del barril de petróleo abre ahora una nueva oportunidad al Ejecutivo para llevar a cabo la subida con la excusa del descuadre presupuestario que va a sufrir el país por las medidas de respuesta a la crisis del coronavirus. Según sus propios cálculos, el déficit será este año equivalente al 10,3% del PIB. Autoridades como el Banco de España ya han solicitado a Pedro Sánchez un plan de ajuste mediante recorte de gasto público o subida de impuestos de cara a los próximos ejercicios.

Las grandes petroleras del país se han apresurado a advertir al Gobierno de que una subida de impuestos en estos momentos solo podría contribuir a profundizar aún más en el agujero económico en el que se encuentra España por el hundimiento del consumo. A través de la patronal AOP, estos grupos han rogado a Sánchez “no implantar nuevas figuras fiscales ni subidas de impuestos que reduzcan la competitividad estableciendo gravámenes sobre las actividades industriales o de la construcción o sobre el consumo”. Y más en concreto: “paralizar las iniciativas para incrementar el Impuesto sobre Sociedades o el Impuesto sobre Hidrocarburos al gasóleo”.

Los precios más bajos del país se registran en aquellas autonomías donde la competencia es mayor tras la irrupción de las estaciones automáticas o desatendidas. Por ejemplo, sólo en la provincia de Valencia hay 493 gasolineras con el coste del diésel por debajo del euro de un total de 604 estaciones de servicio.

El surtidor más barato de España se encuentra en el municipio de Jumilla, en la provincia de Murcia, que sirve el litro de gasóleo a 0,71 euros a sus cooperativistas, la mayoría dedicados al sector del transporte. En cambio, el diésel más caro del país se puede encontrar en Santo Tomé (Jaén) a 1,33 euros, siempre según la estadística del ministerio. Esta gasolinera también puede presumir de tener el precio de la gasolina más caro de España -1,43 euros-, mientras que el más barato con un coste de 0,71 euros se encuentra en el kilómetro 395 de la N-5, en el término municipal de Badajoz.

LOGISTICA

Grupo DISA: Medidas adoptadas en el periodo de vigencia del estado de alarma, decretado para afrontar la crisis sanitaria generada por la expansión del Coronavirus COVID-19

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Tu seguridad, la de tu familia y la de nuestro equipo DISA es prioridad para nosotros. Por eso, hemos establecido medidas de seguridad específicas para reducir el riesgo de contagio por COVID-19 en todas nuestras actividades de negocio. Continuamos garantizando para ti el suministro de combustibles, electricidad de origen 100% renovable, gas y productos de nuestras tiendas durante el periodo de confinamiento con la máxima seguridad, incorporando novedades en nuestros servicios para hacer más confortable tu hogar y tu actividad profesional estos días.

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Meroil colabora en el plan de choque frente al Covid-19 en residencias para la tercera edad

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La cadena solidaria y aportación desinteresada de Axa, Meroil, Social Car y Uber, cada uno en su ámbito respectivo, colaboran para la puesta en marcha de los equipos de voluntarios de Open Arms, que se sumarán a los equipos sanitarios de las residencias de la tercera edad en toda Cataluña para realizar tests y recogida de muestras que determinen los casos positivos de Covid-19 y se tomen las medidas de protección adecuadas para frenar el contagio.

En este sentido, SocialCar plataforma de car-sharing cederá de forma gratuita vehículos privados para los desplazamientos de los voluntarios que darán soporte sanitario en las residencias, mientras Uber llevará a cabo los procesos de desinfección y limpieza después de cada servicio sanitario y Axa dará cobertura a los riesgos inherentes al vehículo y a las personas durante su uso.

Por su parte, la red de estaciones de servicio Meroil y OilPrix suministrarán de forma totalmente desinteresada el combustible necesario para todos estos vehículos.

 

Asimismo, Open Arms desplegará 30 equipos formados por 70 personas para dar soporte al Departamento de Salud en su plan de choque para realizar los tests a más de 20.000 personas, en 290 residencias catalanas, en un plazo de 7 días.

Esta cooperación conjunta es una muestra más de unión colaborativa para dar respuesta a una situación extraordinaria y de emergencia resuelta con organizaciones dotadas de sensibilidad social que ponen a disposición del proyecto sus recursos, materiales y humanos.

Noticia original aquí.

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