Actualidad del Sector

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18 06 2020

Las grandes empresas piden incentivos y estabilidad para volver a crear empleo

Botín, Torres, Oliu, Galán, Bogas, Brufau y Reynés, en la primera jornada de la cumbre de CEOE

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y los presidentes de Inditex y Mercadona, Pablo Isla y Juan Roig, respectivamente, han abierto la gran cumbre empresarial convocada por la patronal para hacer oír la voz de los empresarios de cara a la reactivación económica tras la crisis del coronavirus. Bajo el eslogan Empresas españolas liderando el futuro, las jornadas de debate y análisis arrancarán este lunes y se extenderán hasta el día 25 de junio.

Tras el arranque han empezado las primeras comparecencias, en un primer bloque de banca al que siguen otro bloque de energía y un tercero de empresas operadoras de redes energéticas. Aunque el formato del foro no es el de un debate, sino el de una sucesión de comparecencias sin preguntas, sí ha existido un cierto consenso entre los empresarios en la necesidad de promover la inversión y no revertir reformas como vía para crear empleo.

El anfitrión, Antonio Garamendi, ha arrancado las sesiones defendiendo que serán las empresas españolas las que capitaneen la recuperación. “Es una cumbre sin precedentes porque nuestro objetivo es la reconstrucción. Venimos con ganas constructivas y de sumar porque son son las empresas españolas, la iniciativa privada, la que tiene que poner en marcha de nuevo a nuestro país”.

Pablo Isla y Francisco Roig

El consejero delegado de Inditex, Pablo Isla, y el presidente de Mercadona, Juan Roig, han pedido incentivos a la inversión. “Es fundamental generar certidumbre y seguridad jurídica a empresas e inversores nacionales e internacionales. La seguridad jurídica es clave para generar inversiones a largo plazo y generar empleo”, ha asegurado Isla.

Más en concreto, Isla ha pedido que no se revierta la reforma laboral ni se suban impuestos: “No hay que revertir reformas que se han mostrado eficaces ni introducir rigideces que sean negativas para la generación de empleos. Ha que perocuparse más de cómo generamos mayor recaudación que de subidas de tipos impositivos”.

Posteriormente ha sido el turno de Juan Roig, presidente de Mercadona. “Es necesario que se eliminen las trabas burocráticas y se impulsen los inicios de acrividad, que se facilite un empuje a las inversiones finalistas y que se proporcione seguridad jurídica”, ha indicado.

Banca

Ya en el panel de banca, Ana Botín ha descrito la crisis actual como “el shock más duro de los últimos 100 años”, y ha apuntado algunas líneas de actuación. Para la presidenta del Santander, la prioridad del Gobierno, de la iniciativa privada y de los agentes sociales debe ser mantener y generar empleo, evitando su destrucción permanente. También ha apuntado la necesidad de apoyar tanto el sector turístico como el inmobilario.

Ana Botín

“España debe profundizar en el saneamiento de las cuentas”, ha expresado, por su parte, el presidente de BBVA, Carlos Torres. Torres ha apuntado a la necesidad de aportar certidumbre sobre el compromiso con la estabilidad presupuestaria, pues “dar confianza es la mejor manera de aumentar la efectividad de estímulos fiscales, facilitar la financiación de la economía y fomentar y potenciar la inversión”.

Carlos Torres

Jordi Gual, presidente de CaixaBank, ha optado por enmarcar su intervención en el contexto europeo, al apuntar que “se echa en falta que la Unión Europea no disponga de un Tesoro único, no solo de un Banco Central Europeo (BCE)”. Ha alabado el plan de ayudas de la UE, “si a España le va bien, a Alemania le va bien”, y ha urgido al Gobierno a administrarlas bien, dirigiéndolas a los sectores afectados por la pandemia.

Jordi Gual

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha advertido de que imponer al sector bancario más impuestos o requerimientos que puedan afectar a su rentabilidad “es muy contraproducente” en las circunstancias actuales, pues el desarrollo de un país “requiere que sus bancos sean rentables”.

Energía

Posteriormente, en la sesión dedicada a la energía, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido “acelerar” a 2025 la ‘hoja de ruta’ para la próxima década que representa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno para el despliegue de capacidad de renovables, ya que supondría una inversión de más de 32.000 millones de euros y generaría 90.000 empleos, “especialmente en los ámbitos rurales”. Galán apuntó que esta medida tendría “un efecto inmediato en la economía”, ya que aumentaría la competitividad, reduciría la dependencia energética exterior, mejorando la balanza de pagos y reduciría las emisiones, todo ello, “sin suponer presión en las cuentas públicas”.

Ignacio Sánchez Galán

En similares términos se expresó el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, para quien cada euro de inversión sostenible genera casi el doble de actividad económica, aunque también pidió consenso y reducir cargas administrativas: “Hay que eliminar barreras regulatorias innecesarias, crear un entorno de estabilidad y confianza, relajar el clima de crispación política y social y enviar cuantos mensajes de unidad y consenso sea posibles”.

José Bogas

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha explicado que Endesa tiene un plan de inversiones en España, de unos 7.000 millones de euros hasta 2022, que presentó en noviembre pasado, que podría acelerarse en un 30% si se dan la condiciones regulatorias. Bogas aboga, así, por reducir el coste “artificial” de la electricidad, facilitar la normativa de acceso y conexión a la red, dar señales eficientes para la modernización de instalaciones renovables y lanzar planes de transición energética en las islas.

Antonio Brufau

Por su parte, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, ha apostado por la industria y ha pedido medidas que tengan un efecto inmediato en la recuperación económica y el empleo, “en las medidas que de verdad generan empleo rápido y de calidad, evitando aquellas especialmente onerosas que suponen una carga adicional sobre las debilitadas economías del país y sus ciudadanos”.

Operadores de red

Finalmente, han participado, en un bloque dedicado a las operadoras del sistema, los primeros ejecutivos de REE (Beatriz Corredor), Enagás (Antonio Llardén) o CLH (José Luis López de Silanes).

Beatriz Corredor

La presidenta del grupo Red Eléctrica (REE), Beatriz Corredor, ha asegurado que es “el momento de consolidar el paradigma por el que había apostado nuestro país antes de esta crisis, para que definitivamente se alinee con el desarrollo sostenible”. El presidente de Enagás, Antonio Llardén, también ha confiado en el impulso que supondrá la nueva legislación que está impulsando el Gobierno, y ha puesto el énfasis en el papel que han desempeñado los operadores del sistema durante el estado de alarma decretado para frenar el contagio del Covid-19.

El objetivo de esta megacumbre empresarial con los principales líderes empresariales del país de todos los sectores es analizar la situación creada por el Covid-19 y proponer medidas para reactivar la economía y asentar las bases de futuro, que elevará a la asamblea general de la patronal y compartirá con el Gobierno.

12 06 2020

El regreso de un Plan PIVE que conceda ayudas a coches diésel y gasolina

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Cada vez son más las voces en la industria del automóvil que consideran que un plan de ayudas para la compra de coches, también diésel y gasolina, el regreso del Plan PIVE de antaño, está cada vez más cerca. Pero la realidad en estos momentos es que esas ayudas aún no se han anunciado oficialmente, si bien es cierto fuentes del Gobierno han anticipado que habrá ayudas a la compra de coches nuevos, y para el sector del automóvil, en toda su extensión. Ahora bien, ¿qué es lo que sabemos de estas ayudas?

Mascarillas Coche Concesionario Mercedes

Habrá ayudas al automóvil, ¿pero qué ayudas?

La semana que viene puede ser clave para la industria del automóvil. El consejo de ministros del martes podría ser el momento escogido para que se anuncie el plan que elabora el Gobierno para la industria del automóvil. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguraba en la rueda de prensa tras el consejo de ministros del martes que “el plan para la automoción se presentará en las próximas semanas”. No obstante, y ante la pregunta del periodista de la Televisión de Castilla y León que intervino en la rueda de prensa, la ministra no respondió si “las ayudas tendrán carácter retroactivo”, es decir, si estas se aplicarán a las ventas de las últimas semanas, que se hayan cerrado antes de su aprobación.

El plan para la industria del automóvil y las ayudas a la compra de coche nuevo se presentarán en las próximas semanas, probablemente en el consejo de ministros del martes 16 de junio

En el día de ayer, y en su comparecencia en la sesión de control del Congreso, la ministra de Industria, Comercio y Turismo añadía que las ayudas no solo atenderán a “la urgente renovación del parque automovilístico”, con las ya mencionadas ayudas, y con estímulos a la compra de “vehículos más eficientes”, sino que también aportarán liquidez, y flexibilidad fiscal, a las empresas.

Pensemos que la situación de los concesionarios, cuya actividad ha estado paralizada durante más de dos meses, es delicada, y aún puede serlo más si no se produce la recuperación de las ventas de coches.

Mascarilla Coche Concesionario Mercedes Limpieza

Los concesionarios se han adaptado para extremar las precauciones y tomar medidas de higiene y limpieza de vehículos, que garanticen la seguridad de los establecimientos y aporten tranquilidad al cliente.

Ayudas que sí podrían llegar a diésel y gasolina

Hasta hace poco asumíamos que las ayudas a la compra de coches nuevos podrían restringirse a eléctricos, con una nueva dotación para el Plan MOVES. Pero son cada vez más las voces de la industria que apuntan a que un plan de ayudas, también para diésel y gasolina, podría estar cada vez más cerca.

La Tribuna de Automoción publicaba estos días que, según fuentes del Ejecutivo, las ayudas a la compra de coches nuevos podrían articularse alrededor de una dotación presupuestaria de 300 millones de euros y, por supuesto, beneficiar también a aquellos que compren coches nuevos, independientemente de su tecnología, también híbridos, diésel y gasolina.

Gana peso la idea de que las ayudas a la compra de coche nuevo podrían beneficiar a diésel y gasolina, pero el anuncio oficial de este hipotético nuevo Plan PIVE aún no se ha producido

A la espera de algún pronunciamiento oficial, tan solo nos queda esperar para saber si finalmente llegan esas ayudas, si benefician a la compra de coches nuevos independientemente de su tecnología, y en qué condiciones se llevan a cabo.

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Las ayudas podrían beneficiar también a diésel y gasolina y no solo eléctricos e híbridos enchufables. En las fotografías: Kia Xceed PHEV y Kia Ceed Sportswagon PHEV.

Del Plan PIVE, a un nuevo plan de ayudas de emergencia para la compra de coches nuevos

El Plan PIVE fue un proyecto que benefició a muchos compradores de coches nuevos y que implicaba una ayuda de 1.000 euros en la compra, a la que se sumaba un mínimo de 1.000 euros de descuento, ofrecido por el fabricante y el concesionario. Aquellas ayudas tenían diferentes condicionantes, limitando los beneficiarios. Entre las condiciones, un máximo de emisiones de CO₂, un precio máximo de compra del vehículo y un vehículo a achatarrar con una antigüedad mínima.

El antiguo Plan PIVE incluía condiciones, un máximo de emisiones de CO₂ homologadas y precio, y achatarrar un vehículo antiguo

Es de suponer que el nuevo plan de ayudas a la compra de coches nuevos también incluirá condicionantes. Incluso incorporando otras tecnologías más allá del coche eléctrico, a híbridos, diésel y gasolina, se espera que exista un límite máximo de emisiones de CO₂, lo cual encajaría con los pronunciamientos del Ejecutivo, que siempre habla de “coches eficientes”. El precio máximo del vehículo es otra de las condiciones que se esperan de un plan de ayudas de este tipo.

No obstante, serán clave dos condiciones fundamentales. La primera, si las ayudas implicarán el achatarramiento de un coche, o no, puesto que esto podría marcar el beneficio que puedan obtener de ellas aquellos ciudadanos que hasta ahora ni disponían de coche, ni pensaban comprarlo, y han decidido la compra de un coche nuevo tras la propagación de la COVID-19. La segunda, si las ayudas beneficiarán a todos independientemente de su renta. Pensemos que en Europa ya se están proponiendo ayudas para la compra de coches nuevos que sí tienen en cuenta este factor.

Ford Focus Oferta Coches Stock Abril 2020

¿Comprar un coche nuevo o esperar a las ayudas?

A pesar de que esta sea una de las preguntas que más nos habéis hecho en los últimos días, la respuesta no es sencilla. En estos momentos, en el mercado estamos encontrando ofertas importantes y descuentos que en muchos casos son claramente superiores a los que venían ofreciéndose en los últimos meses. Las mejores oportunidades, sin duda, en coches de stock. Sí estás pensando en comprar un coche nuevo, y tienes la suerte de que el estado de alarma y el confinamiento no ha perjudicado tu economía, no hay duda de que es un buen momento para hacerlo.

Pero, por otro lado, las probabilidades de que lleguen ayudas a la compra de coche nuevo parecen cada vez más altas. El Ejecutivo aún no ha anunciado dichas ayudas, ni tampoco si tendrán carácter retroactivo, aunque esta opción parezca razonable, y que pudieran beneficiar a aquellos que han comprado coche durante el estado de alarma.

Es un buen momento para comprar coche nuevo y también para madurar nuestra decisión de compra e investigar las ofertas que hay en el mercado y que listamos en el portal ¿Qué coche me compro?

En cualquier caso, si estás pensando en comprar un coche nuevo, es un buen momento para madurar la decisión de compra, ver las opciones existentes en el mercado, solicitar presupuestos y analizar ofertas de coches nuevos como las que os mostramos en nuestro portal ¿Qué coche me compro?

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08 06 2020

Las salidas de los carburantes de automoción desde CLH al mercado disminuyeron en mayo un 41,9%

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Durante el mes de mayo las salidas de carburantes de automoción desde las instalaciones de almacenamiento de CLH al mercado española disminuyeron un 41,9%, hasta situarse en 1,3 millones de metros cúbicos. Por productos, las salidas de gasolinas descendieron un 56,5% y las de gasóleo de automoción cayeron un 38,3%.

A lo largo del quinto mes del año las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones de CLH disminuyeron un 43,6% debido a la crisis del Covid-19, hasta situarse en cerca de 1,9 millones de metros cúbicos, un 43,6% menos que en el mismo periodo del pasado año, una vez corregido el efecto calendario, influidas por las medidas de restricción de movimientos decretadas por el Gobierno para afrontar la crisis del coronavirus.

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas se situaron en 1,6 millones de metros cúbicos, un 27,8% menos que en el mismo periodo de 2019. Por su parte, las salidas de querosenos ascendieron a más de 56.000 metros cúbicos, lo que representa una bajada del 91,5% respecto a mayo del año pasado.

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04 06 2020

Reyes Maroto: “El Gobierno tiene un plan de medidas urgentes para la automoción”

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La crisis económica provocada por el coronavirus ha golpeado a la casi totalidad del tejido productivo de nuestro país, y la automoción no es una excepción. En los últimos meses, las fábricas han estado paradas, los talleres han visto desplomar su actividad más de un 80%, la distribución de recambios se ha reducido a su mínima expresión y la venta de vehículos ha registrado los peores datos de los últimos 20 años. Y para colmo, la semana pasada presenciamos la confirmación del cierre de la fábrica de Nissan en Barcelona.

Con esta situación, que es particularmente delicada para el conjunto del país debido al papel clave que tiene el automóvil en el PIB nacional, asociaciones de todos los segmentos de mercado han solicitado al Gobierno un plan de estímulo con medidas para sostener a esta importante industria. En las últimas semanas, asociaciones como Ganvam, Sernauto, Faconauto, Anfac o Ancera han unido sus voces para solicitar al Gobierno un plan de choque con medidas urgentes en este contexto de excepcionalidad. Y parece que el Ejecutivo trabaja en ello.

Así lo transmite la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en una tribuna de opinión publicada hoy mismo en el diario El Mundo. En ella, la ministra señala que el sector del automóvil “no caminará solo” en su regreso a los niveles de producción y rentabilidad previos a la crisis, y añade que se “necesita un plan de choque con medidas urgentes, y el Gobierno lo tiene”.

“El automóvil necesita un plan de choque con medidas urgentes, y el Gobierno lo tiene”

A falta de conocer más detalles acerca de este hipotético paqueta de medidas, Maroto hace gala de su “compromiso personal” con el automóvil para abanderar la recuperación de una industria que está a la “vanguardia en innovación y compromiso con la descarbonización”. En los últimos dos años, recuerda, “he defendido en Bruselas los intereses de la automoción española”, al mismo tiempo que “he trasladado a potenciales inversores las fortalezas de nuestro ecosistema”.

En este sentido, la ministra llama a un gran acuerdo nacional para recuperar un sector que es estratétigo para nuestro país. “Es clave que las fuerzas políticas, las administraciones y los agentes sociales trabajemos juntos en torno a un gran acuerdo para avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible, conectada e inteligente”.

02 06 2020

Las ayudas del Renove vasco al diésel y gasolina se doblan hasta los 2.000 euros

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El Gobierno vasco refuerza su plan y lo abre a las furgonetas eléctricas de Mercedes y a los coches de km 0

El coronavirus ha puesto en jaque la automoción, un sector ya castigado por la transición energética y clave para la economía vasca. La semana pasada se anunció el cierre de Nissan en Barcelona y ayer se conocieron los datos de ventas de mayo, que arrojan un nuevo desplome pese a la reapertura de los concesionarios el día 11. En este contexto, el Gobierno vasco ha reforzado su plan Renove, lanzado a finales de enero, con el doble de presupuesto -de cinco a diez de millones- y condiciones más atractivas para los coches más demandados. Así, las ayudas para la compra de motores gasolina y diésel se doblan hasta los 2.000 euros; las destinadas a híbridos no enchufables suben a 2.250 y las de GLP y gas natural hasta los 2.000 euros.

El lehendakari y la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ya habían anticipado esta ampliación, pero ayer se conocieron los detalles. Los expuso el director general del Ente Vasco de la Energía (EVE), Iñigo Ansola, quien destacó cómo se habían mejorado las ayudas en los coches de combustión. En realidad lo que se ha hecho es rectificar los recortes que se habían aplicado en esta edición respecto a la de 2019, aunque sin dejar nunca de incluir a todas las tecnologías, que es el sello diferencial del programa del Gobierno vasco.

Pero hay más novedades. La revisión del Renove también incluye un importante guiño a la planta de Mercedes, como muestra de apoyo a la principal fábrica vasca en un momento de cierres y ajustes en Europa. Lo que se ha hecho es ampliar desde los 40.000 hasta los 80.000 euros el precio máximo de los vehículos subvencionables en los modelos de furgonetas eléctricas con siete u ocho plazas, que son las que se fabrican en Vitoria. Las ayudas para motores eléctricos puros se mantienen en 3.000 euros.

Efectos retroactivos

Otro de los cambios significativos introducidos es que, por primera vez, el plan se abre a los vehículos de ‘kilómetro 0’, siempre que sean de primera matriculación, propiedad de un concesionario, que no hayan recibido ninguna subvención y que tengan un número de kilómetros inferior a 100. Es una petición que habían hecho los concesionarios para dar salida al enorme stock acumulado como consecuencia del parón del coronavirus. «Nos hubiese gustado que dejaran algo más de kilometraje, pero valoramos muy positivamente las mejoras. Sobre todo se agradece la agilidad», explicó el presidente de la Asociación de Concesionarios de Bizkaia, Jon Lekue.

Todas estas modificaciones se aplicarán con efectos retroactivos a las operaciones realizadas desde que el 30 de enero se lanzó el plan Renove de 2020. Pero su escasa utilización, con solo el 16% del presupuesto inicial de cinco millones consumido y 670 expedientes, evidencia la falta de éxito. La acogida ya fue fría debido al recorte aplicado en los motores gasolina y diésel hasta los 1.000 euros, pero el estallido del coronavirus terminó por anularlo.

Con el refuerzo del plan Renove, el Gobierno vasco quiere mostrar su apoyo al sector, que siempre ha valorado muy positivamente que no excluyera al diésel y la gasolina de las ayudas. Ahora, con la crisis, se ha intensificado el clamor para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez siga el ejemplo. Estaba previsto que hoy el Consejo de Ministros aprobara una nueva edición del plan nacional Moves, restringido a motores alternativos. Pero parece que se aplaza y, como señaló el presidente, se ultima un programa más ambicioso.

Los datos de matriculaciones que se conocieron ayer dieron más argumentos para la presión. Pese a que se observa una cierta mejora respecto al desastre de abril por la reapertura de los concesionarios, el alivio es nimio. En Euskadi se vendieron 1.440 vehículos, un 63% menos que en el mismo mes del año anterior. Es la segunda peor cifra del registro, solo por detrás de abril, cuando salieron 60 coches al mercado. En el conjunto de España el descenso fue del 73% hasta los 34.337 vehículos. «La llegada de clientes es testimonial y los concesionarios operan al 30%. Se necesita un plan de estímulos ya, no puede esperar más», clamaron al unísono las patronales Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (vendedores)

En lo que va de año el balance de Euskadi es peor que la media de España, a pesar del Renove. De enero a mayo se han matriculado en la comunidad 7.830 vehículos, lo que supone un 55% menos que en mismo periodo del año anterior. La caída a nivel nacional es del 54%, arrastrada por el canal de alquiladoras.

29 05 2020

Damm recicla como energía renovable la cerveza sin usar de bares y restaurantes

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La compañía ha comenzado una campaña para apoyar a los bares en la desescalada reponiendo su cerveza a cambio de usar lo que ya tenían para producir energía renovable

Con la desescalada vuelven las terrazas, pero los bares no son los mismos. Tras dos meses de parón están debilitados económicamente y hasta rellenar el barril de cerveza es un gasto que ahora parece más complicado. Frente a esto Damm ha comenzado una curiosa campaña que consiste en retirar los que se han quedado a medias y cambiarlos por unos llenos. La pregunta es… ¿qué hacer con la cerveza que ha sobrado? La empresa lo ha tenido claro: convertirla en energía renovable.

La compañía ya lleva tres semanas con esta campaña y espera recuperar más de 3,5 millones de litros. Tras esto en su fábrica de El Prat Llobregat, en Barcelona, la transformarán en energía verde para suministrar sus instalaciones. De esta forma la compañía también puede sacar partido de apoyar a los bares. Todo el sector comienza a sacar la cabeza después de unas semanas complicadas en el que la propia Damm tuvo que recurrir a un ERTE para 443 empleados en esta misma planta.

El proceso por el cual se convertirá la cerveza en energía es a través de unos tanques que contienen unos microorganismos específicos que la digieren, produciendo un gas de origen biológico: biogás. Posteriormente, una vez separado, el biogás es lavado y purificado, y se utiliza como combustible en una instalación de cogeneración.

“Uno de los ejes fundamentales de nuestra política de sostenibilidad medioambiental es la apuesta por la economía circular. Por ello, en lugar de generar un residuo de la cerveza recuperada, le estamos dando una segunda vida transformándola en energía de origen renovable, una medida que nos va a permitir reducir nuestra huella de carbono en unos 250.000 kg”, afirma Karen Peiró, maestra cervecera de la fábrica de Damm en El Prat de Llobregat. “Mediante este proceso, estimamos generar casi 670.000 kWh de electricidad, el equivalente al consumo medio mensual de unos 2.500 hogares españoles”, añade.

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28 05 2020

El Gobierno cifra en 44 millones de euros el coste para las gasolineras de la obligatoriedad de instalar puntos de recarga eléctricos

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El Gobierno estima que la obligatoriedad de instalar puntos de recarga eléctricos en los próximos años en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, que afecta a aproximadamente el 10% de la red del país, tendrá “un impacto mínimo” para el conjunto del sector, con un coste de unos 44 millones de euros.

Según consta en la memoria del análisis de impacto normativo del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el coste promedio por punto de recarga, teniendo en cuenta todos los costes asociados, sería de unos 40.000 euros.

La obligación de instalar puntos de recarga afectaría a ese 10% de la actual red de estaciones de servicio, alcanzando así a unas 1.105 gasolineras.

La distribución geográfica de las instalaciones afectadas está directamente relacionada con las zonas de mayor demanda, concentrándose por tanto en grandes núcleos de población, zonas industriales y puntos neurálgicos de repostaje a lo largo de toda la red estatal de carreteras.

La medida incluida en la ley establece una potencia mínima para el poste de recarga de 50 kW (rápido) en corriente continua (DC). No obstante, diferentes implementaciones (varios puntos de 50 kW o de mayor potencia) podrían ser consideradas por los titulares de las estaciones de servicio.

En el caso, por ejemplo, de una recarga de 100 kW (superrápido) el coste de la inversión por poste se elevaría hasta los entre 100.000 y 200.000 euros, con un impacto que se iría hasta los 111 millones de euros si se adoptarán en la totalidad de las más de 1.100 estaciones de servicio.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico valora también que este despliegue “se traduciría en el incremento de la actividad para los sectores de actividad dedicados a la planificación y diseño de las instalaciones”.

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28 05 2020

La desescalada permite un notable repunte en el consumo de combustibles

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Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) prosiguen con su recuperación a medida que se avanza en la desescalada, tras las medidas de confinamiento que se adoptaron hace más de dos meses para contener la pandemia del Covid-19 y que hundieron el consumo de carburantes.

Así, durante la semana del 18 al 24 de mayo, el consumo de carburantes repuntó ligeramente respecto a las semanas previas, aunque continúa en niveles por debajo de los de la misma semana de 2019.

De esta manera, en la semana pasada se apreció un ligero repunte de las salidas de gasolinas y gasóleos respecto a las anteriores, mientras que las salidas de carburante de aviación se mantuvieron estables desde el inicio de las medidas adoptadas en el país con motivo del coronavirus, según datos de CLH.

Así, las salidas de gasolinas se situaron un 50 por 100 por debajo de la misma semana del año anterior y las de gasóleo A un 34 por 100. Por su parte, las salidas de carburantes de aviación mostraron una bajada del 90 por 100.

Estos datos confirman así una ligera recuperación en el consumo de carburantes, que en lo más duro del confinamiento a principios de abril llegó a registrar caídas semanales de hasta más del 80 por 100.

En el total del mes de abril, las salidas de carburantes de automoción se derrumbaron un 61 por 100, con un descenso del 79 por 100 de las gasolinas y del 57 por 100 del gasóleo.

26 05 2020

Crisis COVID-19: Bosch defiende la diversidad tecnológica y los combustibles sintéticos como única forma de alcanzar la neutralidad climática en 2050

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Después de parar la producción en casi 100 localizaciones en todo el mundo durante el mes en curso, Bosch se está preparando para una reanudación gradual de la producción. “Queremos garantizar un suministro fiable para satisfacer la creciente demanda de nuestros clientes, con el fin de ayudar a la economía mundial a recuperarse lo más rápidamente posible”, dijo Volkmar Denner, presidente del Consejo de Administración de Robert Bosch GmbH, en la conferencia de prensa anual de la compañía

“Nuestro objetivo es sincronizar la reanudación de la producción y asegurar las cadenas de suministro, especialmente en la producción automotriz”. Según Denner, para tener éxito en el aumento de la producción, la compañía está implementando numerosas medidas para garantizar que los trabajadores estén adecuadamente protegidos contra el riesgo de infección por coronavirus.

“Siempre que sea posible, queremos contribuir con nuestros conocimientos a los esfuerzos para contener la pandemia, por ejemplo, a través de nuestra prueba rápida Covid-19, recientemente desarrollada, y a nuestro dispositivo de análisis Vivalytic”, dijo el CEO de Bosch, Denner. “La demanda es enorme. Estamos haciendo todo lo posible para incrementar significativamente la producción y, así, aumentaremos su capacidad cinco veces por encima de nuestros planes originales para fin de año”, continuó. Bosch tiene la intención de producir más de un millón de tests rápidos en 2020 y aumentar a tres millones el próximo año. El test rápido ya se está suministrando a clientes en Europa con una etiqueta de “uso exclusivo para investigación” y se puede utilizar después de su validación. Bosch espera obtener la marca CE para el producto a finales de mayo. Una prueba aún más rápida, que puede detectar de manera fiable los casos de Covid-19 en menos de 45 minutos, se encuentra en fase final de desarrollo.

Asimismo, trece fábricas de Bosch en nueve países han tomado la iniciativa y están produciendo mascarillas para sus necesidades locales, y la compañía está configurando dos líneas de producción totalmente automatizadas en la localización de Stuttgart-Feuerbach, a la que seguirán otras líneas en Erbach (Alemania), así como en India y México. Además, Bosch también produce 5.000 litros de desinfectante por semana en Alemania y Estados Unidos.

A pesar de los desafíos de la situación actual, Bosch sigue su curso estratégico a largo plazo. El proveedor de tecnología y servicios continúa persiguiendo constantemente objetivos climáticos ambiciosos y está desarrollando las actividades necesarias para expandir una movilidad sostenible. Hace aproximadamente un año, Bosch anunció que sería la primera empresa industrial operando a nivel global en ser neutral en carbono, para finales de 2020, en sus 400 localizaciones en todo el mundo. “Alcanzaremos este objetivo”, dijo Denner. “A finales de 2019, logramos la neutralidad en carbono para todas nuestras localizaciones en Alemania. A día de hoy, estamos al 70 por ciento para conseguirlo en todo el mundo”. Para hacer realidad la neutralidad en carbono, Bosch está invirtiendo en eficiencia energética, está aumentando la proporción de energías renovables en su suministro de energía, está comprando más energía verde y está compensando las emisiones de carbono inevitables. “La proporción de compensaciones de carbono será significativamente menor de lo planificado para 2020, con solo un 25 por ciento en lugar de casi el 50 por ciento”, dijo Denner.

Cuando se trata de la acción climática, Bosch está adoptando dos nuevos enfoques para garantizar que sus propios esfuerzos tengan un efecto multiplicador en la economía. Un objetivo es hacer que las actividades previas y posteriores a lo largo de la cadena de valor, desde los bienes adquiridos hasta los productos vendidos, sean lo más neutrales posible con respecto al clima. Para 2030, el valor de las emisiones asociadas (Scope 3) deberían disminuir un 15 por ciento o en más de 50 millones de toneladas por año. Con este fin, Bosch ha acordado un objetivo con la iniciativa ‘Science-Based-Target’ (Objetivos Basados en la Ciencia) por la que se ha convertido en el primer proveedor automovilístico en comprometerse con un objetivo medible. Además, la compañía agrupará el conocimiento y la experiencia de sus casi mil expertos en todo el mundo, así como la experiencia de sus más de mil proyectos propios de eficiencia energética en una nueva compañía de consultoría, denominada Bosch Climate Solutions.

“La protección del clima sigue siendo vital para la supervivencia de la humanidad: cuesta dinero, pero no hacer nada costará aún más”, dijo Denner. Para él, lo importante es una amplia ofensiva tecnológica que no solo proporcione una única ruta hacia la movilidad sostenible basada únicamente en la batería eléctrica, sino que también tenga en cuenta los motores de combustión eficientes y, especialmente, los combustibles sintéticos renovables, eFuels, y las pilas de combustible. El CEO de Bosch pidió una entrada valiente en la economía del hidrógeno y la producción eFuels, una vez que la crisis del coronavirus haya pasado. En su opinión, esta es la única forma en la que Europa pueda ser neutral al clima para 2050.

La acción climática está acelerando el cambio estructural en muchos sectores. “El hidrógeno se está volviendo cada vez más importante, tanto para la industria automovilística como para la tecnología de construcción. Bosch está muy bien preparada para esto”, dijo Denner. Bosch y su socio Powercell ya están trabajando para comercializar módulos de pilas de combustible móviles para su utilización en vehículos. Su lanzamiento al mercado está previsto para 2022. Así es como Bosch pretende posicionarse con éxito en otro mercado en crecimiento: para 2030, uno de cada ocho camiones pesados nuevos matriculados podría funcionar con pila de combustible. Además, Bosch está trabajando con su socio Ceres Power en pilas de combustible estacionarias, que pueden suministrar electricidad a edificios, tales como centros informáticos. Bosch anticipa un volumen de mercado, para 2030, de más de 20.000 millones de euros para las plantas de energía basadas en pilas de combustible.

“A medida que se intensifique la acción climática, las soluciones eléctricas se limitarán, en el corto plazo, a complementar las soluciones de combustión dominantes hasta ahora”, enfatizó Denner. Es por eso, que Bosch está persiguiendo el desarrollo de una propulsión tecnológicamente neutral. Según la investigación de mercado de Bosch, dos de cada tres vehículos nuevos que se matriculen en 2030, seguirán funcionando con diésel o gasolina, con o sin hibridación. Por este motivo, la compañía continúa invirtiendo en motores de combustión altamente eficientes. Gracias a la nueva tecnología de gases de escape de Bosch, las emisiones de NOx de los motores diésel se han eliminado casi por completo, como ya han demostrado pruebas independientes. Bosch también continúa desarrollando sistemáticamente el motor de gasolina. Con medidas internas en el motor y un post tratamiento eficiente de los gases de escape, el límite de partículas del estándar Euro 6d puede reducirse en aproximadamente un 70 por ciento. Además, Bosch está comprometida con los combustibles renovables, ya que la flota de vehículos actual, también debe contribuir a reducir el CO2. Los denominados eFuels, es decir, los combustibles sintéticos que se producen exclusivamente a partir de energías renovables, pueden conseguir que el motor de combustión sea neutral en CO2. Según Denner, tendría más sentido que estos combustibles sintéticos renovables compensen el consumo de la flota, en lugar de endurecer la normativa de CO2 para la industria automotriz en un momento de crisis.

Fuente aquí.

20 05 2020

El Gobierno remite a las Cortes el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energetica

nubemedia Actualidad del Sector 0

El Gobierno envía a las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para alcanzar la neutralidad de emisiones a más tardar en 2050

El texto articula la respuesta país al desafío del cambio climático, orienta la acción integrando objetivos y herramientas y minimiza impactos negativos para la economía, la sociedad y los ecosistemas
En un contexto de reactivación de la economía frente al COVID-19, el proyecto posiciona a España para que aproveche las oportunidades que abre la transición ecológica en términos de modernización de la economía, de una nueva reindustrialización, de generación de empleo y de atracción de inversiones
Es un proyecto necesario para articular el resto de políticas y medidas. Debe servir de marco institucional, de referente para dar certidumbre y estabilidad a todos los actores, públicos y privados, y a movilizar la acción climática.
Se trata de un texto ampliamente participado, que da respuesta, por un lado, a las demandas generales de la sociedad ante la respuesta a la emergencia climática, y por otro, a las sugerencias y alegaciones que se han ido recibiendo en su proceso de elaboración

A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes, hoy, martes 19 de mayo, el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE). Con ello, se inicia la tramitación parlamentaria del primer proyecto legislativo para que España alcance la neutralidad de emisiones no más tarde de 2050, en coherencia con el criterio científico y las demandas de la ciudadanía.

Ante la emergencia climática, España fija por ley sus objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 en un 20% respecto a los niveles de 1990. Este objetivo supone un aumento de la ambición española en materia de clima, en un año clave para la agenda climática y el Acuerdo de París. Con ello, España se alinea con el aumento de ambición que se ha marcado la Unión Europea (UE) para ese año y responde al Acuerdo de París, que establece que los países deben aumentar su ambición en materia de reducción de emisiones en 2020. De esta manera, España favorecerá que Europa siga impulsando, como lo hace desde 1990, la necesaria acción conjunta de todos los países para avanzar lo antes posible, en la transición global hacia una economía neutra en carbono a través del marco multilateral que ofrece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

El objetivo final de la ley es que España alcance, “a más tardar en el año 2050” la neutralidad de emisiones, es decir, antes de llegar a mitad de siglo el país solo emitirá la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) que sus sumideros puedan absorber. Se fija así por ley que España se adelante al cumplimiento del Acuerdo de París en este punto, que obliga a los Estados a ser neutrales en emisiones en la segunda mitad de siglo, y refuerza su compromiso con la UE, que también se ha marcado alcanzar la neutralidad en 2050. De igual modo, el Gobierno da respuesta a la petición del Congreso de los Diputados que, en una moción aprobada por mayoría absoluta el pasado año, instó al Ejecutivo a activar políticas transversales en todas sus acciones para alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.

El proyecto de ley articula la respuesta transversal del país al desafío del cambio climático, al que España es especialmente vulnerable, basada en principios de desarrollo sostenible, justicia social, resiliencia, precaución y no regresión de los avances logrados, protección y promoción de la salud pública, mejora de la competitividad de los sectores productivos y cooperación entre Administraciones.

En un contexto de reactivación de la economía frente al COVID-19, el proyecto facilita las señales adecuadas para aprovechar todas las oportunidades en términos de modernización de la economía, de la industria, de la generación de empleo y de la atracción de inversiones que abre el tránsito hacia una prosperidad inclusiva y respetuosa con los límites del planeta. Lo hace en línea con el Pacto Verde Europeo, que será uno de los ejes del marco de recuperación que ultima la Comisión Europea.

La ley tiene como objeto facilitar que la economía española sea neutra en emisiones antes de mitad de siglo y recoge en un texto legal, por primera vez, la necesidad de emprender políticas públicas de adaptación al cambio climático. Todo ello para promover la implantación de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo decente, articule instrumentos para atender a los colectivos vulnerables, favorezca ciudades y pueblos más habitables y saludables, fomente el desarrollo rural y proteja la biodiversidad.

El PLCCTE incorpora a todos los sectores económicos a la acción climática, desde la generación de energía y las finanzas a los sectores primarios, pasando por el transporte, la industria o las administraciones públicas. Su contribución conjunta y transversal, a lo largo de las próximas décadas, será decisiva para alcanzar el objetivo de neutralidad climática y les permitirá adaptarse a la nueva revolución industrial asociada a la economía baja en carbono, que ya está en marcha.

“Este texto sitúa la lucha contra el cambio climático y la transición energética en el centro de la acción de las Administraciones Públicas. Se trata de un proyecto de país, responsable con nuestro presente, nuestra salud, nuestra calidad de vida, nuestro modelo de prosperidad y, sobre todo, nuestro futuro”, ha señalado la vicepresidenta cuarta del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

“En un momento en el que tenemos que abordar el proceso de recuperación frente al COVID-19, la transición energética se va a convertir en una fuerza motriz determinante para generar actividad económica y empleo a corto plazo, y hacerlo de forma coherente con lo que necesitaremos como país en el medio y en el largo plazo. Hemos identificado los objetivos y las herramientas, se ha diseñado una planificación robusta, contamos con la certeza de que la transición energética tendrá impactos positivos sobre nuestra economía y nuestro bienestar, y sabemos que pueden empezar a materializarse de forma inmediata. Este proyecto otorga, por fin, un marco institucional a la acción que nos pide la Ciencia y la gente, y llega en un momento en el que es más necesario que nunca”, ha añadido.

El texto consta de 36 artículos distribuidos en nueve títulos. Es fruto de un proceso de participación pública y revisión iniciado en febrero de 2019 y que ha contado con las aportaciones del Consejo Asesor del Medio Ambiente, el Consejo Nacional del Clima, la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Consejo de Estado, entre otras instituciones.

OBJETIVOS PARA LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA

El texto fija los siguientes objetivos, que solo podrán ser revisados al alza:

Determina, por primera vez, que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.
Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable.
Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Se trata de un objetivo coherente con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión Europea: una reducción en 2030 de entre el 50% y el 55% de las emisiones respecto a los niveles de 1990.
Al finalizar la próxima década, como mínimo 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.
Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.

HERRAMIENTAS DE ACCIÓN CLIMÁTICA

Los objetivos del PLCCTE se implementarán a través de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos, para el periodo 2021-2030, diseña una trayectoria que permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovales en el consumo final, hasta un 42%. La presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta 74% y la eficiencia mejorará en un 39,5%.

Según los modelos del PNIEC 2021-2030, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. La movilización de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de renovables –la fuente más barata–, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros.

Además de con los sucesivos PNIEC, la senda de descarbonización del país se proyectará a través de la Estrategia a Largo Plazo 2050, cuya primera versión ultima el Gobierno. Y junto a estos instrumentos de planificación, el PLCCTE diseña un marco de gobernanza para reforzar la participación. De un lado, se crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, cuyas recomendaciones y evaluación se plasmarán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados. Y, de otro, el texto establece que los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra al cambio climático se llevarán a cabo bajo fórmulas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos, y del público.

Además, a partir del 31 de diciembre de 2021 las comunidades autónomas deberán informar en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de todos sus planes de energía y clima en vigor.

RENOVABLES Y EFICIENCIA, PALANCAS DE REACTIVACIÓN

La eficiencia energética y la progresiva penetración de energías renovables en el mix energético español constituyen palancas de reactivación económica en el corto plazo y, al tiempo, posibilitan la consolidación de la cadena de valor asociada a su despliegue. Son, además, los pilares de la descarbonización, ejerciendo una acción tractora sobre el resto de sectores, al tiempo que mejoran la competitividad empresarial e industrial gracias a una senda de precios descendente. Permiten, a su vez, empoderar al ciudadano, situándolo en centro del sistema energético.

El proyecto incorpora medidas para facilitar su integración, ofreciendo señales claras que otorguen confianza a los inversores. Entre otras disposiciones, crea la figura del titular de almacenamiento como sujeto del sistema eléctrico. Con ello, se favorece la implantación y el desarrollo de estas tecnologías, claves en la gestión de la demanda eléctrica y la seguridad de suministro en un sistema eléctrico 100% renovable. Se trata, además, de un segmento industrial en el que Europa, y España, aspiran a adquirir posiciones de liderazgo.

De igual modo, se instituye la figura del agregador independiente, que participará en el mercado comprando o vendiendo diferentes consumos agregados o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento. Se trata de un nuevo modelo de negocio que, además, posibilita al usuario una mayor optimización de su consumo o de la energía que produce en instalaciones de autoconsumo.

Para favorecer la flexibilidad del sistema, se impulsa la hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías de generación en una misma instalación, incorporando paneles solares en una planta eólica, por ejemplo. En estos casos, se podrá evacuar la energía utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida, siempre que se cumpla con los requisitos técnicos.

También se contempla la repotenciación de las instalaciones, que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red. De esta manera, se optimiza el uso del recurso renovable de los mejores emplazamientos, minimizando costes e impacto ambiental. En esta misma línea, el proyecto prioriza las centrales hidroeléctricas reversibles en el caso de nuevas concesiones para producir electricidad en dominio público hidráulico.

NUEVO MARCO RETRIBUTIVO PARA RENOVABLES

Con el objeto de acompasar la introducción de renovables en el sistema, el texto prevé que el Gobierno desarrolle un nuevo marco retributivo para la generación renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. Con ello, se ofrece previsibilidad y estabilidad en los ingresos al sector y se traslada a los consumidores, de forma directa, los ahorros asociados al despliegue de estas energías, que son la fuente más barata.

El nuevo marco retributivo se otorgará mediante subastas en las que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía. Se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada, de acuerdo con la normativa comunitaria.

En la misma línea, el PLCCTE determina que los Presupuestos Generales del Estado destinen al fomento de energías renovables un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

Por otro lado, los agentes claves para el funcionamiento del sistema energético

-operador del mercado, operador del sistema, transportista y distribuidoras- elaborarán estrategias de descarbonización en sus respectivos ámbitos para una mejor planificación y anticipación. Y, en este mismo sentido, el Operador del sistema eléctrico, el Gestor Técnico del sistema gasista y la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) presentarán, cada dos años, un informe que evalúe los riesgos y oportunidades de la descarbonización.

LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CLAVE EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

En cuanto a la eficiencia energética, las principales medidas se concentran en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios, otro segmento clave en la reactivación económica que, además, es un pilar de la lucha contra la pobreza energética. De acuerdo con el proyecto, el Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía y el uso de fuentes renovables en la edificación, alineando la Estrategia a largo plazo para la renovación de edificios con los objetivos de los sucesivos PNIEC.

Para atraer recursos hacia las acciones de eficiencia energética, el proyecto amplía hasta 2030, de acuerdo con lo previsto en la nueva Directiva de Eficiencia Energética, el Fondo de Eficiencia Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.

HACIA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

El sector de la movilidad y el transporte está en disposición de posicionar toda su cadena de valor en espacios de liderazgo de los nuevos modelos de movilidad, aprovechando las oportunidades que abre la realidad económica y social sin emisiones. Al respecto, el proyecto plantea un marco de descarbonización progresiva que favorece la adaptación industrial y tecnológica, y abre nuevas oportunidades de negocio.

En este sentido, el conjunto de las Administraciones Públicas –Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales– podrán en marcha medidas que posibiliten en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Para ello, de acuerdo con la normativa europea, adoptarán medidas necesarias para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km. A tal efecto, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, incluyendo apoyo a la I+D+i.

Asimismo, el PLCCTE subraya el papel de las ciudades en la consecución de los objetivos de Clima, favoreciendo con ello la creación de espacios más habitables y saludables, con una calidad del aire mejorada. En este sentido, establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la planificación de ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; acciones para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; y la mejora y fomento del uso de la red de transporte público. También se deberá impulsar la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos privados.

El proyecto concreta que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del MITECO y del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente. De igual modo, indica que las comunidades autónomas insulares, considerando su vulnerabilidad frente al cambio climático, podrán instar al Estado el establecimiento de medidas de promoción de movilidad limpia, consistentes en restricciones en su ámbito territorial de la circulación de turismos y furgonetas, de acuerdo con la normativa comunitaria.

PROGRESIVA IMPLANTACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA

Para activar la descarbonización de la movilidad por carretera, que es el segmento que más energía consume de todo el sector de transporte, y facilitar que la cadena de valor aproveche las oportunidades que abre la movilidad sostenible, la ley potenciará el desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio nacional.

En este sentido, el PLCCTE programa, con la suficiente antelación, la instalación progresiva de puntos en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, que representan en la actualidad el 10% de la red. Por otro lado, con el fin de conseguir un transporte más limpio en las ciudades, el Código Técnico de la Edificación (CTE), articulará la instalación de sistemas de recarga en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas. En este último caso, el proyecto dispone que deberán cumplir con lo que disponga el CTE antes del 1 de enero de 2025.

Además, el Gobierno habilitará un Punto de Acceso Nacional de información sobre puntos de recarga en tiempo real.

En cuanto al transporte aéreo, el proyecto habilita al Gobierno a establecer objetivos anuales de suministro de biocarburantes, con especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico. Y, en el caso del transporte marítimo, se adoptarán medidas de modo que se logren las cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para

2050. Para ello, se promoverán medidas de impulso al transporte ferroviario con origen y destino en puertos, el desarrollo de Autopistas del mar y el estímulo al uso de energías alternativas en el transporte marítimo, entre otras.

DESINVERSIÓN EN PRODUCTOS ENERGÉTICOS DE ORIGEN FÓSIL

El PLCCTE fomenta, a través de planes específicos, el uso de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno. En paralelo, y con el objeto de reorientar los recursos hacia una prosperidad respetuosa con los límites del planeta, la aplicación de nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil deberá estar debidamente justificada por motivos de interés social, económico o atendiendo a la inexistencia de alternativas tecnológicas.

El texto habilita al Consejo de Ministros a aprobar un calendario para la revisión de las ayudas existentes, consultando a los sectores implicados. También se elaborará un estudio del estado de situación y una propuesta de calendario para que la Administración se desprenda de activos en empresas o entidades que incluyan la extracción, refinado o procesado de productos energéticos de origen fósil en su actividad.

Por otro lado, a partir de la entrada en vigor de la futura ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el ‘fracking’.

En cuanto a las instalaciones en activo, cinco años antes de que expire su concesión deberán presentar ante el MITECO un informe que refleje el potencial de reconversión de las instalaciones o de la ubicación para otros usos, incluida la energía geotérmica, o la instalación de energías renovables.

RECURSOS PARA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El proyecto establece que un porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a contribuir a los objetivos en materia de cambio climático y transición energética. La cantidad será equivalente a la que se acuerde en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y será revisada al alza por el Gobierno antes de 2025.

Los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero también serán empleados para el cumplimiento de los objetivos en materia de cambio climático. En concreto, al menos 450 millones se destinarán cada año a financiar los costes del sistema eléctrico referidos al fomento de las energías renovables. Hasta el 30% se podrá destinar a medidas con incidencia social, para paliar situaciones provocadas por la transición hacia una economía descarbonizada, o relacionadas con la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático.

De igual modo, y como parte de la movilización de recursos hacia la acción climática, se incorporarán criterios ambientales en la contratación pública, y la Administración General del Estado no podrá prorrogar contratos de arrendamientos más allá de 2030 en inmuebles que no tengan consumo de energía casi nulo.

Como herramienta de aprendizaje y transparencia que ayuden a mejorar las decisiones de inversión, el PLCCTE dispone que las empresas cotizadas, entidades de crédito, aseguradoras y reaseguradoras elaboren un informe anual sobre la exposición de su actividad a los riesgos del cambio climático y las medidas que se adopten. Además, las entidades financieras publicarán objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París a partir de 2023.

En este mismo sentido, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones elaborarán conjuntamente, cada dos años, un informe sobre la evaluación del riesgo para el sistema financiero español derivado del cambio climático y de las políticas para combatirlo. Será remitido al Congreso de los Diputados.

CONSTRUIR UN PAÍS MÁS SEGURO Y BIODIVERSO

La adaptación a los impactos del cambio climático pasa, por primera vez, a tener reconocimiento en una Ley. Se trata de un campo de actuación que abre oportunidades de activación económica y empleo, a corto, medio y largo plazo, especialmente en las zonas rurales. A través del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), actualmente en información pública, se implementará un sistema de indicadores para evaluar las políticas públicas y medidas que se adopten en los diferentes sectores.

Además, el PLCCTE establece que se trabajará en la integración de los riesgos derivados del cambio climático en la planificación y gestión del agua y de la costa, en las infraestructuras del transporte, en la ordenación del territorio y de los usos del suelo y en la seguridad alimentaria. En particular, se reconoce la relevancia de la política agraria común, la de desarrollo rural y la política forestal tanto para la sostenibilidad y desarrollo del sector productivo primario como para alcanzar la neutralidad climática. Por ello, se incorporan medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad al cambio climático de los suelos agrícolas, de los montes y de los suelos forestales, entre ellas, la elaboración de un mapa de vulnerabilidad.

Por otro lado, las Administraciones Públicas deberán incentivar la participación de los propietarios y gestores públicos y privados, especialmente los del sector agrario y forestal, en el aumento de su capacidad de captación de CO2 de los sumideros de carbono, igualmente claves para la neutralidad. Con ello, se fomentan sus cobeneficios como motor de desarrollo y generación de empleo.

Por último, se prevén medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático y la elaboración de una estrategia específica que incluirá las directrices básicas para la adaptación de los ecosistemas naturales y de las especies silvestres españolas, así como las líneas básicas de restauración y conservación de los mismos, con especial referencia a los ecosistemas acuáticos o dependientes del agua y de alta montaña. La red de espacios protegidos Natura 2000, que en España ocupa cerca de un 30% de la superficie, también tendrá que evaluarse y responder a los nuevos escenarios climáticos.

NEUTRALIDAD CLIMÁTICA SIN DEJAR A NADIE ATRÁS

La transición a una economía descarbonizada ofrece un amplio espectro de oportunidades de inversión y de empleo pero, al mismo tiempo, requiere de medidas que faciliten una transición justa para los colectivos y áreas geográficas más vulnerables. A tal efecto, y cada cinco años, el Gobierno ha de aprobar una Estrategia de Transición Justa con la participación de las Comunidades Autónomas y los agentes sociales. En su marco, se desarrollarán los convenios de transición justa en cada zona, con el objeto fomentar la actividad económica y la empleabilidad en el territorio, especialmente, en casos de cierre o reconversión de instalaciones. Entre otras cuestiones, incluirán un calendario para la adopción de las medidas, con objetivos medibles y mecanismos de seguimiento.

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

El sistema educativo español reforzará el conocimiento sobre este desafío global y las capacitaciones para actividades técnicas y profesionales de la economía baja en carbono y resiliente. Se revisará el tratamiento del cambio climático en el currículo básico de la educación formal y no formal, y se impulsará la formación del profesorado.

Al tiempo, el Gobierno promoverá que las universidades revisen del tratamiento del cambio climático en los planes de estudios en los que proceda y mantendrá permanentemente actualizado el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, así como el catálogo de ofertas formativas en el ámbito de la Formación Profesional, para favorecer la capacitación de perfiles profesionales vinculados a la sostenibilidad medioambiental y del cambio climático.

Por otro lado, se promoverá una financiación adecuada de las prioridades en materia de investigación, desarrollo e innovación de cambio climático y transición energética que se incluyan en las sucesivas Estrategias españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación.

REFORZAR LA GOBERNANZA CLIMÁTICA

Finalmente, la Ley sigue con el ejemplo de los países de nuestro entorno en cuanto a la creación de un marco de gobernanza que refuerce nuestro sistema. Destaca la creación de un Comité de Expertos de cambio climático y transición energética, de carácter independiente, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Elaborará anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno.

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